En los debates legislativos sobre la nueva paquetería de reformas al área de seguridad pública los legisladores no entendieron que las reglas que involucran a las Fuerzas Armadas en apoyo a labores de seguridad ciudadana fueron consecuencia de dos errores estratégicos:
1.- El presidente López Obrador definió su estrategia de “abrazos, no balazos” con la certeza de que el repunte de la violencia y criminal era secuela de que los narcos y otras bandas delictivas atentaban contra la seguridad personal de los ciudadanos motivados porque provenían de condiciones de pobreza. La idea presidencial era promover una especie de gobernanza criminal para que los delincuentes privilegiaran la estabilidad social en medio de sus actividades de robos y agresiones contra las personas. Pero no fue así: las bandas delictivas y los cárteles del narco se crearon por decisión criminal y no por el entorno social.
2.- Si los cárteles de la droga nacieron a mediados de los ochenta, a finales de los noventa ya no dependían de las fuerzas oficiales de seguridad sino que alquilaban a los policías para que los protegieran. Asimismo, los delitos contra los bienes particulares de las personas pasaron a la etapa en que los delincuentes ya no solo compraban a las autoridades sino que buscaban el poder político, territorial y saltaron a capturar territorios del Estado.
Los jaloneos la semana pasada en las dos cámaras –porque no hubo, realmente, discusión– aprobaron o se opusieron a una mayor participación regulada de las Fuerzas Armadas labores de seguridad pública, pero ya hace cinco años en esta columna se ha insistido en que el área de inseguridad se salió de los límites muy estrictos de la seguridad pública –repito: contra bienes de los particulares— y se convirtieron en acciones que caen dentro del rango de la seguridad interior, es decir, de acciones delictivas que ya no solo afectaban el patrimonio de los individuos, sino que ocupaban espacios de soberanía territorial del Estado y corrompían a los funcionarios de las instituciones públicas; es decir, dañaban al Estado mexicano y sus funciones de bienestar, Estado de derecho y democracia.
La definición oficial de seguridad interior que articula actividades generales de las Fuerzas Armadas como instrumento de regulación de la estabilidad del Estado es muy clara:
“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
Si la seguridad pública es policiaca por razones de delitos contra patrimonios individuales, la seguridad interior es una especie de seguridad nacional interna –es decir: defensa de la soberanía territorial y de la hegemonía del Estado dentro de la República– porque las bandas de narcos y los grupos criminales han establecido posesiones territoriales y de gobierno en su zona de influencia excluyendo al Estado y sometiendo a la sociedad a sus reglas delictivas.
Si se revisa con cuidado todo el proceso de incorporación de las Fuerzas Armadas a labores de apoyo la seguridad pública se tendrán los elementos para saber que militares y marinos no pidieron esas funciones, pero aceptaron participar en tanto que ya no estaba en riesgo el patrimonio personal de las personas sino la soberanía territorial y política del Estado.
Rebasada y corrompida la Policía Federal, se tomó la decisión de crear la Guardia Nacional y su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional responde a la lógica de la seguridad interior y no algún capricho de la alta burocracia: solo los principios de las Fuerzas Armadas acreditadas a su subordinación al Estado han podido resistir el acoso armado o la corrupción de bandas y cárteles.
La estrategia de “abrazos, no balazos” fortaleció el poder armado, político y de personal de las bandas criminales. Pero revertir seis años de empoderamiento de la delincuencia amparada en una doctrina que desde el principio se dijo que era un error demagógico y populista ha llevado a decisiones estratégicas radicales como las reformas en el área castrense en función de la seguridad interior.
Por lo demás, la seguridad interior es un principio constitucional. Viene desde la Constitución de Cádiz de 1812 —base del constitucionalismo mexicano y del sistema/régimen/Estado actual– que le otorgaba al Rey de España la facultad de movilizar tropas en función del “orden interior”, es decir de actividades ilegales de grupos delictivos que afectaban la soberanía interna del Estado. En las Constituciones de 1857 y 1917 se pasó de “orden interior” a seguridad interior.
Si se quiere poner realmente orden en estas actividades extraordinarias habrá que entrarle otra vez a la redacción consensuada de una ley de seguridad interior como estructura de soberanía del Estado por encima de los intereses de bandas delictivas.
Política para dummies: la política es, por definición, orden como seguridad interior del poder.
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