José Merino, autor de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, criticada por el tufo censor que tiene, tuvo que recular y tragarse los calificativos de autócrata para evitar que cayeran en la presidenta.
Candidatos potenciales a que Estados Unidos –si decide ser ortodoxo con sus nuevas políticas de cancelación de visas por afectar sus intereses– los declare algo así como non gratos, son dos altos funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: José Merino, uno de los más cercanos a ella, cuya “súper agencia” de Transformación Digital instaurará un estado policial, y Zoé Robledo, director del Seguro Social.
No sería por tener relaciones con el narcotráfico, que no es el caso, o cantar corridos de apología de los criminales, que tampoco lo es. Les podría llegar la sanción si el presidente Donald Trump le quiere subir el calor a la estufa en donde tiene parada a Sheinbaum.
Merino, autor de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, criticada por el tufo censor que tiene, tuvo que recular y tragarse los calificativos de autócrata para evitar que cayeran en la presidenta, que está tan convencida como él de construir los instrumentos para silenciar la disidencia.
Sheinbaum anticipó que se eliminaría el artículo más controvertido de la ley, el 109, que le daba a Merino la facultad para bloquear plataformas digitales, sin importar las restricciones a la libertad de expresión y la previa censura, cuyo camino pavimentaba.
Sin embargo, Sheinbaum y Merino han dejado vivo el artículo 201, que establece que los concesionarios necesitan autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, inclusive en vivo. El pretexto era evitar spots como los que se transmitieron en televisión abierta de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, sobre la migración indocumentada. Pero es tan discrecional su aplicación que YouTube, por donde sigue transmitiéndose el spot, podría ser sancionado por el gobierno mexicano.
La ley es tan estalinista como absurda. Asuntos de interés público como el atentado terrorista a Estados Unidos en 2001, habría necesitado autorización de la Secretaría de Gobernación para transmitirse, porque hubiera sido imposible que pasara por la oficina censora de Bucareli dos semanas antes de los ataques. La cobertura de la muerte del papa Francisco o la reina Isabel II tampoco podrían haberse transmitido en ninguna plataforma digital por las mismas razones.
Sheinbaum y Merino, que junto con los abogados del emporio del magnate Carlos Slim, revisaron los detalles y alcances de la ley, dejaron abierta la posibilidad de que discursos de jefes de Estado que fueran críticos del gobierno, o audiencias en el Capitolio sobre México, puedan ser interrumpidos por Gobernación.
El artículo 201 –suponiendo que el 109 efectivamente será excluido de la ley– entra en la nueva política sobre visas que estableció el 28 de mayo el secretario de Estado, Marco Rubio. En una declaración oficial, Rubio fijó restricciones para quienes busquen censurar a ciudadanos y empresas tecnológicas, bajo el criterio de que estarían atacando la libertad de expresión. La razón original de ese impedimento adicional está en una respuesta a Europa que ha estado limitando a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, pero se aplica también a cualquier otro país, bajo el precepto de que, desde la óptica en Washington, se está afectando la libertad de expresión.
“La libertad de expresión es uno de los derechos más preciados que disfrutamos como estadounidenses”, apuntó Rubio. “Este derecho nos ha distinguido como un ejemplo de libertad en todo el mundo. Incluso, mientras tomamos medidas para rechazar la censura en nuestro país, observamos casos preocupantes de gobiernos y funcionarios extranjeros que no lo están haciendo. En algunos casos han tomado medidas censoras flagrantes contra empresas tecnológicas, ciudadanos y residentes estadounidenses, sin tener la autoridad para hacerlo.
“Es inaceptable que funcionarios extranjeros demanden a las plataformas tecnológicas de Estados Unidos adoptar globalmente sus políticas de moderación de contenidos o embarcarse en actos de censura que van más allá de su autoridad y de Estados Unidos. No toleraremos invasiones de la soberanía estadounidense, especialmente cuando esas intervenciones dañan el ejercicio fundamental del derecho a la libertad de expresión”.
Si Merino está en riesgo, Robledo todavía más.
Hace una semana, Rubio anunció la restricción de visas a funcionarios de varios gobiernos de Centroamérica y a sus familiares, por su vinculación a un esquema de esclavitud laboral del régimen cubano, responsables de “programas de misiones médicas que incluye elementos de trabajos forzados y explotación de trabajadores cubanos”. Aunque el anuncio estaba dirigido a otra región, el gobierno mexicano se puso el saco, entendiendo que en cualquier momento este criterio podría extenderse al régimen obradorista.
Robledo fue el responsable de contratar médicos cubanos para que trabajaran en México durante la pandemia, aduciendo que no había suficientes doctores para atender las necesidades. El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los médicos mexicanos de no querer trabajar fuera de su zona de confort, y que por eso se necesitaban a cubanos, que los metió en esta nueva tesitura. López Obrador, y este año la presidenta Sheinbaum, contrataron doctores cubanos cuyos salarios no los reciben ellos, sino el gobierno de La Habana, que recibe el pago en dólares y remuneran en pesos cubanos a los doctores en la isla.
La revista especializada en temas de salud The Lancet estimó que, entre 2022 y 2023, el gobierno de López Obrador pagó al régimen cubano 24 millones de dólares por sus médicos. La prensa calculó que se pagaron alrededor de mil 300 dólares por cada médico cubano a una empresa estatal, que les entregó solamente una tercera parte de lo ingresado por su trabajo. La contratación de médicos cubanos fue renovada este año en los mismos términos, y por eso Sheinbaum, sintiéndose aludida, retó a Estados Unidos a demostrar que hay explotación laboral.
Rubio no hablaba de México, pero hizo un control de daños preventivo. El arreglo entre Palacio Nacional y La Habana ha sido criticado no sólo por ser un financiamiento disfrazado para el régimen cubano, sino violatorio de derechos laborales. Sheinbaum captó la amenaza velada a Robledo, pero aún no se percata de que, en otro campo, más peligroso para su proyecto autócrata, es la que se cierne sobre Merino.
