Durango, Dgo.- Con el objetivo de proteger de manera efectiva a mujeres y personas adultas mayores víctimas de despojo de vivienda, la diputada Sandra Amaya Rosales, del Grupo Parlamentario de la Coalición Parlamentaria “Cuarta Transformación”, presentó una iniciativa de reforma legal que fortalece la respuesta del Estado ante estos delitos.
La propuesta establece mecanismos que permitan al Ministerio Público solicitar la restitución provisional del bien inmueble de forma inmediata, siempre que existan elementos suficientes, priorizando los casos donde las víctimas sean mujeres o adultos mayores.
“La defensa del patrimonio de nuestras familias duranguenses es un compromiso que asumimos desde este Congreso. Buscamos terminar con los abusos que por años han sido invisibilizados”, expresó Amaya durante su intervención.
Aumento de penas y reconocimiento del problema estructural
La iniciativa propone aumentar las penas por el delito de despojo:
Pena mínima: de 3 meses a 6 años de prisión.
Pena máxima: de 5 a 12 años de prisión.
Se agregan agravantes cuando la víctima sea mujer o persona mayor de 60 años.
Además, se reconoce el despojo como una forma de violencia estructural, especialmente cuando afecta a mujeres adultas mayores, madres solteras, mujeres indígenas o en situación de pobreza, lo que representa un avance en el enfoque de justicia con perspectiva de género y derechos humanos.
Una respuesta legal frente a la impunidad
La diputada denunció que la falta de herramientas legales para actuar de manera inmediata revictimiza a las personas afectadas y genera desconfianza en las instituciones. “Hay casos donde, ante la inacción de las autoridades, las víctimas se ven orilladas a tomar justicia por su mano, lo que las convierte en victimarias”, señaló.
En entidades del país se han documentado situaciones similares. Durango no es la excepción. Por ello, la propuesta busca garantizar que ninguna persona vulnerable quede en estado de desamparo legal.
Justicia social y defensa del derecho a la vivienda
La iniciativa se enmarca en los principios de la Cuarta Transformación, al priorizar el acceso a la justicia y la protección del derecho humano a la vivienda como base de la seguridad y bienestar de las familias. “No podemos seguir permitiendo que se vulneren los derechos de quienes más lo necesitan”, concluyó Amaya.
