CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Cultura federal de 2019, así como sus contratos, subsidios, nómina, donativos y ejercicio del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) en una acción calificada como ‘auditoría forense’.

La muestra abarcó mil 766 mdp de los 12 mil 894 mdp del presupuesto de la SC en 2019, de los cuales mil 284 correspondieron al sector central y 482 al sector coordinado, donde la ASF presentó 22 observaciones.

El reporte reitera que la SC tuvo un deficiente control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos en cuanto al pago de servicios personales, adquisición, ejecución y comprobación de bienes y servicios, contratados con terceros; y en la ejecución de los recursos públicos federales transferidos a entidades de la administración pública estatal o municipal.

Dado que observó el uso de plazas y recursos no autorizados para el pago de personal, servicios de arrendamiento no acreditados, contrataciones y cursos de capacitación no comprobados, incapacidad adquisitiva de Educal, fallas en la logística de la 39 FILIJ, que careció de un plan de protección civil, pagos excesivos y dudas en trabajos de limpieza y renta de inmuebles.

Señala, por ejemplo, el pago de 675.1 mdp a 16 personas morales públicas y privadas por la prestación de distintos servicios y la adquisición de bienes (arrendamiento de autos, maquinaria y equipo de oficina, limpieza, vigilancia, jardinería, administración de personal, boletaje aéreo y terrestre, mudanzas, organización, mobiliaria y logística para eventos culturales y la evaluación de servidores públicos), sin contar con la documentación que así lo acreditara.

En el caso del Programa Cultura Comunitaria, “la SC no acreditó la documentación comprobatoria y justificativa la prestación de los servicios de las personas morales Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, S.A. de C.V., y Visión y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V.”

Y en la contratación de Creatividad y Espectáculos para la 39 Feria Internacional Infantil y Juvenil (FILIJ) –que proporcionó carpas, tarimas, templetes, mobiliario y sanitarios móviles y personal de apoyo para la exhibición editorial y sus actividades culturales–, se determinaron pagos excesivos y actividades no comprobadas, dado que no aportaron soportes textuales ni fotográficos.

En el caso de la cadena Educal, la ASF detectó la adquisición de 341 mil 500 ejemplares de 133 obras para ser distribuidas de forma gratuita por la Dirección General de Publicaciones como parte de su estrategia nacional de lectura, para lo cual la SC requirió a ocho empresas para obtener la totalidad de los bienes requeridos por la SC, pero no contaba con suficiencia presupuestal.

Ante esto, la ASF sugirió que cuando la SC requiera la contratación de terceros, ésta no rebase el 49% y que se abstenga de hacerlo si no cuenta con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con las obligaciones contraídas.

A esto se suman observaciones en el pago a Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., por el fotocopiado, digitalización, impresión en negro y a color, por 4.7 mdp; y la falta de justificación para los contratos con Muebles y Mudanzas Benítez, S.A. de C.V., o la justificación de cursos de capacitación brindó el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

La ASF también reportó el pago de 727.8 mdp a erogaciones de egresos de ejercicios anteriores sin contar con la autorización correspondiente; el pago de 84.1 mdp por plazas no autorizadas para el ramo administrativo número 48; y el pago de 1.3 mdp adicionales sobre el importe máximo en el arrendamiento de un inmueble.

Sin olvidar la transferencia de recursos federales del PNR 2019 a diversos Estados beneficiarios el 30 y 31 de diciembre de 2019 por 194.5 mdp ocasionando, que estos no tuvieran la posibilidad material de ejecutar los proyectos.

Imputan fallas de la ASF

Luego de que fuera publicado el Informe relativo a la tercera entrega de las auditorías realizadas a la cuenta pública 2019, Omar Monroy, titular de la dirección de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura federal (SC), confió en que solventarán todas las observaciones planteadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante los próximos 30 días.

Aseguró que el número de observaciones se debe a que “la ASF no pidió la totalidad de los instrumentos administrativos con los que la SC cuenta para la fiscalización, como anexos técnicos o investigaciones de mercado, ya que sólo se entregó lo que estaba solicitando, y no todo con lo que contamos para la formalización de estos contratos, lo que generó que tuviéramos que seguir aportando la información que no nos había sido solicitada”, explicó.

Por su parte Antonio Martínez, vocero de la SC, dijo que Alejandra Frausto “instruyó a todos los titulares de área a hacerse responsables directos (del reporte) y no delegarlo en sus enlaces administrativos”.