La jueza federal del Distrito Sur de Florida, quien lleva el caso del exgobernador César Duarte, fijó el 26 de enero como fecha para la audiencia final del juicio de extradición.

La audiencia de ese día, a la 1 de la tarde, tiempo de Miami, u 11 de la mañana tiempo de la ciudad de Chihuahua, se iba a realizar el pasado 14 de enero, pero fue reprogramada.

El consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, indicó que la jueza Lauren Fleischer Louis consideró darse un tiempo prudente para poder analizar todos esos argumentos expresados y contestados, por lo cual fija esta nueva fecha ya para que ella pueda tener un conocimiento pleno de las argumentaciones jurídicas que han expuesto las partes en este proceso.

Agregó que hay confianza de que se logre un fallo favorable, ya que realmente las argumentaciones finales del Fiscal de Distrito son muy contundentes.

“Nosotros siempre hemos confiado y seguiremos confiando en que se va a conceder la extradición del exgobernador y sea presentado ante los tribunales de Chihuahua”, mencionó.

Entregó red de corrupción de exgobernador 99 mdp a fondo perdido a empresa de Parral

Uno de los Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal que escapa a lo común, como parte de la red de corrupción del exgobernador, es el de los recursos por 99 millones de pesos (mdp) que fueron entregados como apoyo a fondo perdido a una empresa de autopartes con domicilio en Hidalgo del Parral.

Los recursos involucrados correspondían al Gobierno del Estado por la cantidad de 51 mdp, 48 mdp del Gobierno Federal y 40 mdp más de ingresos de otros clientes, según se desprende de las auditorías realizadas para combatir este caso, en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua.

La Secretaría de Hacienda estatal indicó que este modelo escapa de lo que comúnmente es el esquema de la corrupción, que casi siempre es por venta de bienes o servicios a los que se les da un valor más alto de lo que realmente cuestan para obtener margen y entregar recursos indebidos a funcionarios públicos, o bien, se simulan por completo las operaciones y entonces desvían la totalidad de los recursos.

Este caso llamó la atención inmediatamente porque no había venta de productos, bienes o servicios, sino que se trataba de un apoyo a una empresa de Parral, una industria maquiladora de autopartes con recursos del Gobierno Federal, recurso estatal e incluso de “clientes”, a fondo perdido, es decir, sin la obligación de reintegrarlos.

Se detectó que de los recursos que recibieron, hubo retiros en efectivo de fuertes cantidades y se tenía muy claro quién era el beneficiario real.

En este caso, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal, así como otros clientes, transfirieron 99 millones de pesos a la empresa de autopartes.

Luego, el mismo Gobierno Federal transfirió a otras dos empresas de Parral 4 mdp y 19 mdp, respectivamente, a fondo perdido. Las tres compañías presentan los mismos socios.

Estas tres empresas transfieren recursos a otra de las llamadas Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas o inexistentes (EFOS) con domicilio en Parral y ya boletinada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A su vez, esa EFO le transfirió recursos a un maestro de primaria que también ya fue boletinado a través del DOF.

Se documentó que dicho maestro recibió 193 mdp, así como depósitos de terceros por 51 mdp, para un total de 244 mdp.

El maestro transfirió 174 mdp a otra persona (ya publicada también en el DOF), que a su vez los vuelve a regresar a la cuenta del maestro, quien transfiere nuevamente 193 millones de pesos más otros ingresos, a un tercero y terminan retirando gran parte de los recursos.

La Secretaría de Hacienda explicó que en algunos de los esquemas detectados se presenta una defensa agresiva, sin embargo, en este caso ya se emitió un crédito fiscal que está en proceso de cobro, lo cual indudablemente dará resultados.

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