Emmanuel Macron quiere intensificar la lucha contra el islamismo radical después de la decapitación, el viernes, de un profesor que impartía clases sobre la libertad de expresión. Pero no está claro qué nuevas medidas podrían adoptarse más allá de las que el presidente francés anunció a principios de octubre en un discurso programático contra lo que llamó el “separatismo islamista” en Francia. Algunas de las asociaciones y personalidades que están ahora en el objetivo de las autoridades llevan tiempo difundiendo mensajes radicales sin que hayan podido ser ilegalizadas o condenadas.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció este lunes su intención de pedir el desmantelamiento de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF, en sus siglas en francés) y Baraka City. La policía ha puesto en marcha operaciones contra decenas de individuos que, aunque no tengan relación directa con el atentado, deben saber que “no habrá descanso ante los enemigos de la República”, declaró Darmanin en la cadena de radio Europe 1. Y se han abierto más de 80 investigaciones por odio en Internet contra “quienes, de forma apologética, explicaban de una manera u otra que el profesor se lo había buscado”.
Macron necesita mostrar que actúa después de un atentado que, por primera vez, ha golpeado la escuela, núcleo simbólico de la República, y que ha recordado a los franceses que, después de casi una década de atentados que han dejado 290 muertos, la amenaza terrorista sigue ahí. El objetivo del Gobierno son las asociaciones legales que promueven el islamismo radical. Algunas de estas organizaciones contribuyeron a difundir lo que el ministro llamó una fetua —es decir, una decisión jurídica de una autoridad religiosa— contra Samuel Paty, el profesor decapitado en la escuela secundaria de Conflans-Sainte-Honorine, cerca de París.
Darmanin se refería a la campaña que el padre de una estudiante de 13 años lanzó en las redes sociales contra el profesor de historia y geografía de la menor. Contribuyeron a amplificar esta campaña desde un predicador llamado Abdelhakim Sefrioui, conocido por los servicios de seguridad franceses, hasta organizaciones que denunciaban un supuesto caso de islamofobia y discriminación en la escuela. La campaña incitó al acoso al profesor y dio a conocer su caso en los círculos del islamismo radical.
El 5 de octubre, Paty había impartido una clase sobre la libertad de expresión en la que mostró dos caricaturas de Mahoma publicadas por la revista satírica Charlie Hebdo. Once días después, el 16 de octubre, Abdoulakh Anzorov, un refugiado de origen checheno de 18 años que no era alumno suyo y vivía a 80 kilómetros de ahí, se presentó ante la escuela, pidió información a los alumnos del centro sobre el profesor y, después de localizarlo, lo atacó con un cuchillo, le cortó la cabeza y difundió las imágenes en Twitter con un mensaje reivindicativo. Poco después, murió al recibir nueve disparos de la policía.
Once personas, entre ellas el padre de la alumna y el predicador, se encuentran detenidas para ser interrogados. No hay imputados por ahora. Después de una reunión de tres horas el domingo por la noche, Macron encargó a sus ministros preparar acciones concretas que podrían adoptarse en el Consejo de Ministros del miércoles.
El Gobierno dispone de una lista de 51 asociaciones que serán sometidas a examen en los próximos días. Algunas podrían ser disueltas, como el CCIF. “Lo deseo”, declaró Darmanin. “Porque he aquí una asociación manifiestamente implicada, porque el padre que lanzó una fetua contra el profesor se refería a esta asociación. Es una asociación que recibe ayudas del Estado y se beneficia de deducciones fiscales. Denuncia la islamofobia de Estado. Y tenemos elementos para pensar que son enemigos de la República”.
