Un Juez concedió una suspensión provisional que obliga al gobierno federal a mantener el servicio de escolta y protección a Tomás Zeron de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la desaparecida PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR).
Es la segunda vez que Zeron se ampara por el retiro de las escoltas que le da la FGR, pero hoy lo hace desde Israel donde, según las autoridades federales, se encuentra prófugo de la justicia por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al dejar el cargo de titular de la AIC, el 19 de septiembre de 2016, a Zeron se le asignaron 24 escoltas y 8 vehículos, entre ellos cuatro camionetas blindadas y cuatro de seguimiento, por cinco años, plazo que vence en septiembre de 2021.
Según la notificación publicada hoy en los estrados electrónicos del Poder Judicial, la suspensión fue concedida por Juan Carlos Guzmán, juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Esto, como comparte del juicio de amparo 942/2020 promovido por Zeron el 8 de octubre pasado, en el que manifestó como acto de agravio “el retiro de seguridad personal” y puso como autoridad responsable a la Dirección General de Servicios Especiales y Protección de Personas de la FGR.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las responsables… le otorguen el servicio de seguridad y protección en los términos en que le fue concedido en el Acuerdo de 29 de septiembre de 2016 y que fue dado por concluido en el acto reclamado”, señaló el Juez.
El juzgador dijo que la medida deberá estar vigente hasta en tanto se resuelve la suspensión definitiva, para lo cual fijó las 09: 56 horas del 21 de octubre próximo para celebrar la audiencia en la que determinará al respecto.
En 2019 la FGR redujo la seguridad a Zeron y posteriormente se le retiró por completo alegando un tema de austeridad, por lo que el funcionario promovió un juicio de amparo con el que logró que se le reinstalara la protección.
Magistrados del Poder Judicial resolvieron en julio de 2019 que darle seguridad a alguien que laboró en temas sensibles de seguridad no priva a la sociedad de algún provecho, ventaja o utilidad que le corresponda.
“Si se brindan los recursos económicos, materiales o humanos del Servicio de Seguridad que, en un principio, se otorgó al exservidor público quejoso y sus familiares, no implicaría la insatisfacción de una necesidad colectiva o la generación de una perturbación pública”, agregó.
Destacaron, por el contrario, que los posibles daños que se generarían de negarse la medida cautelar y no se diera la protección necesaria al ex funcionario, se afectaría directamente bienes jurídicos tutelados como es la vida.
Y es que Zeron estimó en su demanda de amparo que desde su cargo en la AIC participó en investigaciones relevantes contra la delincuencia organizada, entre ellas en la captura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán.
