Lo extraordinario se volvió ordinario, y lo oficioso se convirtió en oficial. La militarización del país llegó para quedarse. Con 14 meses de retraso, o de estar ponderando el gran paso que iba a dar hacia adelante, el pasado viernes 8 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para que las Fuerzas Armadas asuman tareas de policía y se sumen a combatir la delincuencia junto con la Guardia Nacional, cuando menos hasta el 27 de marzo de 2024. López Obrador continuó su entrega a los militares, a quienes detestaba y criticaba antes de llegar a la Presidencia, y que hoy son el pilar sólido sobre el cual descansa su gobierno.

Ningún presidente en tiempos de paz había hecho lo que ahora concretó López Obrador al publicar el acuerdo este lunes en el Diario Oficial de la Federación, dejando abiertas las preguntas de porqué tardó tanto en publicarlo, para que entre en vigor a partir de hoy martes, y si haberlo hecho significa que el periodo de gracia que le dio a la Guardia Nacional, que nació en marzo de 2019, se agotó sin que ese nuevo cuerpo policial paramilitar mostrara evolución. O también, si esto es resultado de una inconformidad dentro de las Fuerzas Armadas que había pasado desapercibido en la opinión pública.

Esto ha sido posible porque Miguel Ángel Godínez García, hijo del fallecido general Miguel Ángel Godínez Bravo, jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno del presidente José López Portillo, entreabrió una puerta usualmente hermética que impide ver las diferencias o inconformidades del poder militar con el poder civil. En su artículo semanal en Excélsior, a finales de abril, escribió: “Decepciona el mensaje del Presidente al crimen organizado. Es evidente que la pandemia está sacando a la luz lo que hemos dicho y escrito en todas las formas posibles, no existe estrategia alguna en materia de seguridad nacional.

“Las estrategia del Estado han sido ocurrencias”, agregó el autor, que por sangre y relaciones conoce el sentir militar. “Acusarlos con sus ‘mamacitas’, ‘abrazos y no balazos’, ‘amor y paz’, y ahora este último que sólo muestra un grito desesperado del jefe de Estado: ‘bájenle, sí; bájenle’. El nivel de la 4T en este rubro es insultante, desafiante y peligroso… Ningún mexicano desea tener un mandatario que ni siquiera es tibio, es sumiso o sometido.

“En otros tiempos estaríamos viendo al Ejército en operativos disuasivos en las calles, primero para garantizar el aislamiento y de paso persuadir al crimen organizado. En su lugar sólo vemos a un exvocero de escritorio que sigue ostentando con vergüenza el puesto de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a una Olguita Cordero que ya nadie sabe qué ostenta, y la Fuerzas Armadas, siendo su única institución con líderes capaces de actuar frente a cualquier dadivoso cártel, en espera de recibir órdenes para contener y persuadir con toda su infraestructura la paz anhelada que prometió hasta el cansancio la 4T”.

La crítica de Godínez García refleja un largo malestar con López Obrador, por su maltrato inicial a las Fuerzas Armadas, atenuado por la forma como les fue cediendo poder en actividades fuera de su competencia. Recursos presupuestales y obras a militares sirvieron como bálsamo, pero no suficiente para desterrar la sensación de entrega, miedo o por la sospecha de compromisos inconfesables con el Cártel de Sinaloa. Puede ser todo coincidencia o no ese artículo con un mensaje que podría no tener relación directa con la decisión presidencial, pero tres semanas después de publicado, apareció el acuerdo que se había enlatado en Palacio Nacional. El acuerdo, aunque tiene fecha de vencimiento pocos meses antes de las próximas elecciones presidenciales, podría renovarse, lo que parecería lógico pues introduce de manera natural el concepto de seguridad interior en México.

Javier Oliva, un experto en temas de seguridad y militares, expuso casualmente el tema ayer en su colaboración habitual en El Sol de México. La seguridad interior, explicó, tutela la estabilidad social y política, y cuando por diversas razones, internas o externas, se afecta, deben aplicarse los recursos más efectivos para contener, procesar y neutralizar los fenómenos desestabilizadores. Los cárteles de la droga estaban logrando esto con un desafío sin respuesta al Estado.

Primero hincó el Cártel de Sinaloa al Presidente y a su gobierno en octubre del año pasado en Culiacán, al liberar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Después puso a disposición de su familia los buenos oficios de cuatro secretarios de Estado para que busquen su repatriación de Estados Unidos. Cuando llegó el coronavirus, sin poner un freno salvo gritillos de “bájenle, bájenle”, López Obrador contempló a la hija de El Chapo y a los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación apoyar socialmente y repartir despensas en las comunidades más necesitadas, tarea que correspondía al gobierno.

El acuerdo le da un poder extraordinario a las Fuerzas Armadas, que se rigen normativamente por la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Seguridad Interior, y que ahora tendrán el blindaje político para operar casi plenamente dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con funciones equiparables a las que tenía la prácticamente extinta Policía Federal, cumplirán de manera “subordinada y complementaria” a la Guardia Nacional, aunque esto es sólo un decir.

El comisionado de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, no recibe órdenes de su jefe nominal, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, sino de su jefe real, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. No será el Ejército el subordinado, sino la Guardia Nacional, de la cabeza a la cola, que será sometida a las Fuerzas Armadas, en este proceso abierto y claro de la militarización del país, que no beneficia a nadie, incluidos los militares.

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