La crisis del coronavirus es también un banco de pruebas de liderazgos políticos. Sucede a escala mundial y también en Colombia, donde el presidente, Iván Duque, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, han llevado, en lo esencial, la batuta frente a la pandemia. Precisamente los paquetes de medidas sociales aprobados para aliviar a las franjas más vulnerables de la población durante una estricta cuarentena y las denuncias de irregularidades han evidenciado la importancia de la lucha contra la corrupción en medio de la emergencia. La contratación pública, los casos de sobrecostos, los cobros indebidos y la distribución de las bolsas de comida son un terreno fértil para las malas prácticas, a las que las autoridades ya han declarado la guerra. Esa iniciativa, sin embargo, ha elevado la tensión entre el Gobierno y las organismos de control, esto es, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
La oficina de la Vicepresidencia anunció el lunes una “unión sin precedentes […] de todas las autoridades que tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción”. La número dos del Ejecutivo, Marta Lucía Ramírez, tomó la iniciativa con la creación de una suerte de equipo especial para fiscalizar, convocando a esas instituciones “para coordinar y concretar acciones contra los corruptos, castigar a quienes se están robando los recursos del Estado aprovechando la agilización de los trámites de contratación”. El propósito, una tarea que todas las voces del espectro político consideran necesaria, choca, no obstante, con la separación de poderes. La respuesta de los responsables de esos órganos fue dura y una clara reivindicación de independencia.
El procurador, Fernando Carrillo, el fiscal general, Francisco Barbosa, y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, emitieron un comunicado conjunto en el que destacan el trabajo realizado desde el comienzo de la emergencia sanitaria. “Los tres organismos acordaron, en el marco de sus competencias, crear desde el inicio de esta pandemia un equipo integrado por servidores de alto nivel para hacer frente a la corrupción en la que puedan incurrir funcionarios de todo orden”. La declaración se desvincula de la acción política en esa materia. “Indicar que, como entes autónomos e independientes, no somos parte de ningún equipo [de] élite liderado por la vicepresidenta de la República relativo a la persecución de corruptos. Este grupo ya existe, se enmarca en nuestras competencias y es integrado por funcionarios de las tres entidades”.
Carrillo incidió este martes en la importancia de la autonomía ante el Gobierno de Iván Duque, quien desde la campaña presidencial de 2018 ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera. “En Colombia hay colaboración armónica, pero existe separación de poderes, venimos trabajando articulados como entidades de control, pero con total autonomía del poder ejecutivo […] Se debe respetar la estructura de las ramas del poder, no se puede sacrificar la independencia de las entidades de control por gestar un grupo élite. Todos los esfuerzos contra la corrupción son bienvenidos, pero no existe ninguna subordinación con el poder ejecutivo”, recalcó en la emisora Rcn.
La actuación de estos organismos cobra especial relevancia durante la crisis, que en Colombia ha dejado 127 muertos y, por el momento, registra casi 3.000 contagios. La Procuraduría ya ha abierto 10 investigaciones en ocho departamentos por supuestos sobrecostos o irregularidades en contratación. Bajo la lupa, la compra de miles de bolsas de alimentos básicos para los más vulnerables. La Registraduría Nacional informó de que, tras conocer las denuncias, encontró que casi 17.000 documentos de identidad de casi 2,7 millones de colombianos que recibirán algún bono solidario “presentaban inconsistencias”. Es decir, errores en los números o entrega de ayudas a personas fallecidas. La cifra es proporcionalmente menor, pero hizo saltar todas las alarmas.
Casi la mitad de la población activa colombiana vive al día de la economía informal, según datos oficiales, y el confinamiento obligatorio que se inició a finales de marzo golpea especialmente a quienes no cuentan con un empleo fijo. El Gobierno y la alcaldía de la capital lanzaron una serie de medidas para contener la emergencia económica. El mandatario prometió un ingreso de 160.000 pesos, unos 40 dólares, a los trabajadores informales. La vulnerabilidad de esos millones de personas se suma a la de los casi dos millones de migrantes venezolanos radicados en el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también anunció hace dos semanas un bono de poco más de 100 dólares destinado a 350.000 familias sin recursos residentes en la capital.
