La Auditoria Superior de la Federación (ASF) sugiere que la reforma financiera al sistema de pensiones y jubilaciones no modifique la edad de retiro laboral y se enfoque en incrementar las aportaciones de los trabajadores y patrones al seguro de cesantía y vejez, sin comprometer las cargas fiscales.

En la tercera entrega de informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, la ASF afirmó que las crecientes presiones presupuestarias que representan las prestaciones asociadas con la jubilación de los trabajadores y el pago de la pensión respectiva, requieren de una reforma financiera a fin de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones del país en el mediano y largo plazos.

“La reforma financiera al sistema de pensiones y jubilaciones tendrá que considerar que en los últimos 19 años, la esperanza de vida en promedio al nacer se ha estancado en el país (75 años), por lo que cualquier modificación que pretenda incrementar el número de años no tendría ningún fundamento basado en la dinámica demográfica de México, aunque las proyecciones consideren que aumentará en los próximos años, eso dependerá de que mejore el nivel de vida de las personas, de los servicios de salud y de asistencia pública, así como de la disminución de las defunciones por enfermedades crónico degenerativas y las derivadas de factores externos”, explicó la Auditoría.

En tanto, las soluciones para disminuir las presiones presupuestarias de los sistemas de pensiones y jubilaciones podrían, sugirió la ASF, estar enfocadas en incrementar las aportaciones de los trabajadores y patrones al seguro de cesantía y vejez, sin comprometer las cargas fiscales que asuma el gobierno federal.

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF presentó el estudio: “Dinámica Demográfica y Mercado Laboral”, en el cual resaltó que el bono demográfico no ha sido aprovechado, debido al bajo crecimiento económico de los últimos años, 2.2 por ciento promedio anual en términos reales de 2000 a 2018, lo que no ha permitido generar los empleos formales suficientes para que el Estado pueda incrementar la recaudación tributaria y que un mayor número de personas contribuyan al pago de su pensión.

Adicionalmente, comentó la Auditoría, existe el riesgo del alto y creciente costo fiscal que asume el gobierno federal por el pago anual de pensiones y jubilaciones en curso de pago, y de un mayor costo por pensiones mínimas garantizadas, debido a que los bajos niveles salariales de la mayoría de los trabajadores dificultan que el asegurado acumule los recursos suficientes para contratar una pensión, por lo que el gobierno federal tendría que cubrir la diferencia por la obligación legal con la que cuenta.

De 2010 a 2018, el costo fiscal reportado en la cuenta pública como pago de pensiones y jubilaciones creció de 2.5 por ciento del PIB (339 mil 552.4 millones de pesos) a 3.4 por ciento (792 mil 600.6 millones).

La Secretaría de Hacienda (SHCP) estima que en el 2019 represente 3.6 por ciento del PIB; 3.7 por ciento en el 2020 y, para el 2025, alcance el 4.5 por ciento.

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