Entre el 80 y el 85 por ciento de todos los contratos sindicales en México se firmaron sin la aprobación de los empleados que deben proteger, aseguró este martes la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.

“Vivimos en un contexto en el cual la enorme mayoría de los contratos colectivos son de protección patronal. Se calcula que dentro del 80, 85 por ciento de los contratos colectivos existentes se firmaron entre líderes sindicales y empleadores o empresarios a espaldas de los trabajadores; es decir, los trabajadores no elegían quiénes eran los sindicatos que firmaban los contratos colectivos a su nombre”, explicó la funcionaria en la conferencia de prensa matutina.

Los sindicatos corruptos en México han firmado desde hace mucho tiempo sus contratos con las compañías incluso antes de que se abran las fábricas, asegurando salarios bajos.

Conocidos como “contratos de protección patronal”, Alcalde apuntó que esos pactos representan “la enorme mayoría de los contratos colectivos” en el país.

Legisladores estadounidenses señalan que los bajos salarios de manufactura en México, que van de 1 a 1.50 dólares por hora han atraído a las compañías del otro lado de la frontera.

México ha aprobado reformas con el objetivo de garantizar un voto secreto en cuestiones contractuales y un control efectivo de los miembros sobre los líderes sindicales, pero esas medidas no se implementarán a nivel nacional sino hasta 2022.

La situación es tan grave que eventualmente perjudica hasta a los propietarios de las empresas, dijo Alcalde.

Debido a que no ha habido un proceso transparente para determinar qué gremio representa realmente a los trabajadores, los sindicatos falsos a menudo extorsionan a los empleadores con amenazas de huelga.

“Muchos conocemos aquí, por ejemplo, en la industria de la construcción, todavía no se pone una piedra y ya llega un emplazamiento de un sindicato que no necesariamente y, en la gran mayoría de los casos, no representa a los trabajadores de esa construcción”, afirmó la funcionaria.

Legisladores estadounidenses presionaron por mejorar las salvaguardas laborales en el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, conocido en México como T-MEC. Pero muchas de las reformas promulgadas para el nuevo pacto, que reemplaza al TLCAN, enfrentan una complicada batalla en contra de los arraigados pseudosindicatos proempresariales.

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