No se sabe si los grandes líderes sindicales han leído el Acuerdo Laboral firmado como addendum del Tratado de Comercio Libre 2.0 o sí lo revisaron y le dieron un trato similar a otros anteriores: el basurero. Sin embargo, los EE. UU. van a usar inspectores para imponer que los sindicatos mexicanos representen los intereses laborales de los obreros y no los negocios del poder político de sus líderes.

El Acuerdo señala con claridad que los trabajadores deben tener organizaciones que representen sus intereses y derechos, no sindicatos cuyos líderes sigan beneficiándose del modelo priista de Fidel Velázquez de cuotas de poder con cargos de elección popular. Y para vigilar que se cumpla el acuerdo se crearon los inspectores o attaches en la embajada, a partir del criterio de que la baja productividad mexicana tiene una parte de culpa en el hecho de que los líderes negocian beneficios propios y cargos de poder y no capacitación de sus obreros y mejores salarios.

Se ha llegado al caso de que el Partido del Trabajo representa a los trabajadores, pero nada ha hecho a favor de los obreros. Y ahora mismo la maestra Elba Esther Gordillo está aprovechando su liderazgo magisterial con maestros para fundar un partido que luche por el poder y no por beneficios para los trabajadores de la educación. Y existe el caso extremo de Víctor Flores, líder del inexistente sector de ferrocarriles mexicanos, pero ostentando beneficios y cuotas a su favor e inclusive cargos en el Congreso del Trabajo.

Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, tiene la cuota permanente de poder de una senaduría para su organización; el líder de la FSTSE Joel Ayala no ha tenido un día sin un cargo público electoral y ahora utiliza su representación sindical para fundar un nuevo partido. El líder del sindicato de la Comisión Federal Electoral, Víctor Fuentes del Villar, basa la contratación de personal en función de quien más le aplauda y le salude al salir de las oficinas de la CFE rumbo al sindicato, en plena calle atestada de solicitantes de empleo. Napoleón Gómez Urrutia es líder minero por herencia y su principal labor es como senador y no como jefe de un poderoso sindicato que ha perdido batallas ante los patrones mineros.

El sector sindical ha fincado su poder en el papel de fuerza del Estado desde el Pacto del Obrero Mundial del 17 de febrero de 1915 entre la Casa del Obrero Mundial y el jefe Carranza. Luego vino el artículo 123 tutelar de los derechos de los trabajadores, pero no en función de su fuerza en el modo de producción sino de la fuerza del Estado. La tutela de los derechos de los trabajadores convirtió al Estado en una especie de jefe sindical ante los patrones. A cambio, el sistema priísta desde sus primeros pasos –antes de partido– usó a los obreros para fijar el modelo anterior a Fidel Velázquez: el de Luis N, Morones, todopoderoso jefe sindical que creó el Partido Laborista y secretario de Comercio del gobierno de Plutarco Elías Calles.

En el largo periodo de la Constitución de 1917 y el artículo 123 hasta finales del gobierno de Peña Nieto, los trabajadores y sus sindicatos no representaron el factor de productividad del obrero, sino que fueron bases militantes para encumbrar a sus líderes en cargos de poder en función de cuotas partidistas en las listas a candidatos a cargos públicos.

Todo ello debe terminar con el Acuerdo Laboral del TCL 2.0 firmado en diciembre pasado y es ahí, en el escenario de los intereses sindicales que nada tienen que ver con los trabajadores y sí con las posiciones de poder de sus líderes, donde los sindicatos están presionando al gobierno mexicano para impedir los inspectores o attaches en la embajada estadunidense investiguen y denuncien a sindicatos que no cumplan con su función principal: vigilar derechos de los obreros, luchar por la capacitación para la productividad y satisfacer sus liderazgos con beneficios proletarios y no cargos para sus eternos líderes. Y la intervención de organismos de la sociedad civil podrían ayudar a denunciar sindicatos controlados por lideres políticos y no proletarios.

Los sindicatos en México, todos, no representan los intereses de los obreros, sino que son instrumentos de poder para cargos públicos de sus líderes. El presidente Salinas de Gortari logró excluir la agenda laboral del TCL1.0, pero el gobierno lopezobradorista aceptó el Acuerdo Laboral que le dará a los EE. UU. facultades para intervenir en la observación de los sindicatos mexicanos, en la elección libre y secreta de sus líderes y en la obligación para México de tener sindicatos que sólo atiendan asuntos obrero-patronales y no poder político.

Política para dummies: La política consiste en atender las regulaciones, no en burlarse de ellas.

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