El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE

Estados Unidos dio un paso más en su estrategia para impedir que la familia del presidente Daniel Ortega disfrute de las riquezas acumuladas durante años de despótico gobierno en Nicaragua. El Departamento del Tesoro aprobó el jueves un paquete de medidas por corrupción y lavado de dinero contra varias empresas controladas por Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Entre ellas, están las compañías Distribuidor Nicaragüense de Petróleo (DNP), Zanzíbar y El Goliat, dedicadas a la distribución de gas o la seguridad privada.

Con las sanciones aprobadas, son ya 15 funcionarios y cuatro entidades vinculadas al régimen castigadas por EE UU por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Una medida destinada a presionar para lograr una salida a la crisis política que vive el país.

Al último embate de la Administración Trump, el sandinismo ha respondido nacionalizando DNP, vinculada a la familia Ortega. El sábado, la Asamblea Nacional aprobó la medida para sortear así el bloqueo a la principal cadena de estaciones de servicio, que controla un tercio del gas de las ventas de gas en el país. Según el departamento del Tesoro, DNP es propiedad o está bajo el control de los Ortega, y fue comprado con dinero público antes de ser transferido a la familia. El hijo de Daniel Ortega, “utiliza dos compañías para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros dijo que DNP ha sido utilizada por miembros de la familia Ortega para su enriquecimiento personal de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales de Nicaragua. Como resultado de ello, todos los bienes de estas empresas en EE UU quedaron bloqueados.

“Los hidrocarburos han sido uno de los negocios más lucrativos de la familia gobernante. Controlan el 45% de las ventas de diésel y el 34% de las ventas de gasolinas, además de más del 30% de las importaciones de hidrocarburos. Como este negocio es diario y en efectivo, representa un cuantioso flujo de caja. Las sanciones cancelan el negocio de las importaciones [el 65% proviene de Estados Unidos y el 17% de Ecuador], trastornan los flujos financieros y obligan a ‘poner la barba en remojo’ con los otros negocios, en particular con la energía eléctrica donde ejercen un poder dominante mayor”, señala desde Managua el economista Enrique Sáenz.

Sobre la empresa de seguridad El Goliat, EE UU señala que ha recibido millones en contratos gubernamentales y que brinda servicios de protección para las empresas familiares de Ortega. En septiembre, la Alcaldía de Managua decidió contratar la empresa para vigilar importantes instalaciones deportivas.

Con las sanciones por lavado de dinero, todos los bienes del hijo de la familia presidencial en EE UU quedan bloqueados y tampoco puede hacer negocios con ciudadanos estadounidenses, que también podrían ser sancionados de incumplir la prohibición. El mes pasado, el Gobierno de Trump sancionó a tres funcionarios nicaragüenses acusados de abusos contra los derechos humanos, fraude electoral y corrupción como medida de presión.

En los últimos 20 meses, 328 nicaragüenses han muerto, miles han sido encarcelados y otros 70.000 más han salido al exilio según Naciones Unidas, desde que estallaron las protestas contra el presidente Ortega en abril de 2018. Los funcionarios de Nicaragua han llamado a los manifestantes de la oposición “terroristas” y considerado que las manifestaciones equivalen a un intento de golpe de Estado.

Además de “un golpe a la cabeza del entramado económico” del régimen, las sanciones también representan un mensaje claro para las bases del Frente Sandinista, principalmente “a todos esos alcaldes, paramilitares y jueces que han hecho carrera criminalizando inocentes” a quienes “les están diciendo que Ortega no los va a defender, que Ortega no puede defender ni a su familia”, señaló al diario Confidencial de Nicaragua la comandante guerrillera e historiadora, Dora María Téllez.

El analista Enrique Sáenz coincide en que “la trascendencia política de las medidas de [EE UU] no es inmediata pero sí puede visualizarse en términos estratégicos: obliga a medidas económicas que socavan su clientela política, alejan a aliados empresariales, atemorizan a aliados políticos y a círculos de poder”, explica.

Paralelamente las medidas aumentan el cerco sobre el matrimonio Ortega. Rafael Ortega Murillo es el tercer miembro de la familia sancionado por Estados Unidos. Antes fue su hermano Laureano Ortega Murillo, quien era considerado el delfín de la familia. También ha sido sancionada Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega.

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