Suu Kyi, a su llegada a la corte, este martes en La Haya. YVES HERMAN REUTERS

Gambia ha acusado este martes al Gobierno de Myanmar de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ). La delegación del país africano destacada en La Haya, sede de la corte, ha pedido luego a los jueces que no repitan los errores cometidos en Bosnia y Ruanda, “porque cuando la comunidad internacional se disculpa, ya es tarde”. El éxodo de unos 700.000 miembros de la comunidad rohinyá desde Myanmar (antigua Birmania) hacia Bangladés, huyendo de la violencia hace ahora dos años, ha irrumpido así en el máximo foro judicial de la ONU, en presencia de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991 y consejera de Estado de Myanmar. Ella ha visto como se ponía en duda su compromiso con los derechos humanos honrados por dicho galardón, y defenderá a partir de este miércoles la actuación de su país.

El momento más tenso para la política en una sesión cargada de acusaciones contra el Gobierno birmano, ha llegado en forma de imagen. Durante la presentación de sus argumentos, los abogados de Gambia han mostrado un cartel con la foto de Aung San Suu Kyi y los militares que ostentan las carteras de Defensa, Interior y Fronteras. Muy sonrientes los cuatro, de fondo aparecía el Palacio de la Paz, sede del TIJ, bajo el lema “Te apoyamos”. No ha variado su expresión, seria y concentrada, al verlo, pero la escena contrastaba con el arresto domiciliario intermitente que padeció entre 1989 y 2010 debido a sus esfuerzos en favor de la democracia en Myanmar, regida entonces por una junta militar. Su entereza le valió el premio Nobel de la Paz, pero tras su victoria en las elecciones de 2015 al frente de la Liga Nacional por la Democracia (NDL, en sus siglas en inglés) y su nombramiento como líder de facto de su país, su papel se ha visto empañado por lo ocurrido con los rohingyas. El póster ha servido para recordar que el Ejército ocupa una cuarta parte de los escaños del Parlamento de Myanmar y dirige la policía.

Entre 2016 y 2017, una cadena de ataques protagonizados por el Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA, en sus siglas inglesas) contra varios puestos de policía en el Estado de Rajine —que limita con Bangladés— derivó en el éxodo de la minoría musulmana para escapar de la violencia. Gambia acusa a Myanmar “de asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como de la quema de los poblados de la minoría, a menudo con la gente dentro de las casas en llamas, en una profunda campaña de deshumanización”.

Aunque el país africano no está involucrado en los hechos, sí puede solicitar medidas cautelares contra la antigua Birmania “por haber violado la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948)”, firmada por ambos. Entre los abogados nombrados por Gambia figura Philippe Sands, que ha calificado el genocidio “de un hecho continuado, que ya ha ocurrido en Myanmar y seguirá produciéndose si este tribunal no actúa”. Sands ha recordado que los rohinyás “son parte de la humanidad, y no debemos olvidar que aquí mismo, en esta corte, se dictaron medidas cautelares para evitar una tragedia en Bosnia, y dos años después ocurrió el genocidio de Srebrenica”, que consistió en la muerte, en 1995, de unos 8.000 varones musulmanes bosnios a manos de las tropas serbobosnias. De ahí que, esta vez, la solicitud de medidas cautelares se haya perfilado al máximo. Deben evitar cualquier “acto que pueda contribuir al genocidio, ya sean violaciones y otro tipo de violencia sexual, hambre, daños físicos o psíquicos, destrucción de sus bienes y viviendas, o expulsión de sus poblaciones; y es preciso revisar su cumplimiento”.

Las alegaciones de Gambia citan “las operaciones de limpieza ejecutadas en 2016 y 2017 contra los rohinyás”, y se han recordado casos anteriores para evitar la vulneración de derechos. “Así ocurrió con Nicaragua, Ucrania, Qatar o por culpa del embargo económico en Irán, y en Myanmar hay mucho más riesgo de que el genocidio se prolongue, porque el país ha hecho promesas vacías de que actuaría, y eso es una falta total de responsabilidad”, ha señalado Paul Reichler. Un informe de la ONU acumuló en 2018 “suficiente información para sustentar el cargo de genocidio atribuible a las Fuerzas Armadas birmanas”, y en noviembre pasado, António Guterres, secretario general de la organización, pidió a Myanmar que “repatríe de forma segura a los rohinyás a su territorio, porque no se han hecho los preparativos necesarios a pesar de contar con un acuerdo formal con Bangladés”.

Ninguno de los dos países reconoce como etnia ni ciudadanos propios a los miembros de esta comunidad musulmana, mal vista por los budistas, la religión mayoritaria en Myanmar. Por su parte, Aung San Suu Kyi aseguró en 2017 que “no negociaría con un grupo terrorista como ARSA”, pero su aparente falta de autoridad en esta crisis fue denunciada ya en 2018 por la organización Human Rights Watch. En un informe monográfico, indicaba que “ella y el partido NDL han sofocado a los disidentes con una batería de leyes represivas (…) y han hecho muy poco por evitar la impunidad de las Fuerzas Armadas”. Luego añadía que “más de 730.000 rohinyás han huido a Bangladés desde la campaña militar de limpieza étnica desatada en agosto de 2017, y Myanmar cometió abusos contra esta minoría a lo largo de 2018”.

En noviembre del año pasado, Amnistía Internacional le retiró a la política el premio de Embajadora de la Conciencia, el más importante otorgado por la organización. La decisión fue tomada “a la luz de su vergonzosa traición de los valores por los que una vez luchó, visto lo ocurrido con los rohinyás”.

El Tribunal de Justicia de la ONU solo dirime litigios entre Estados, y Gambia se ha personado apoyada por los 57 miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, un organismo internacional que agrupa a los Estados de confesión musulmana. Según Human Rights Watch, es la primera vez que un país sin relación directa con los hechos objeto de denuncia presenta un caso. De todos modos, a pesar de que el genocidio es el peor de los crímenes de la justicia internacional, este caso no es de índole penal. La que sí investiga desde el punto de vista criminal la persecución sufrida por los rohinyás, y la situación en Bangladés y Myanmar, es la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Las sesiones del Tribunal de la ONU se prolongarán hasta este jueves, y Holanda y Canadá han mostrado ya su apoyo oficial a Gambia, “porque este caso concierne a toda la humanidad”

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