Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia. VICTORIA VALTIERRA CUARTOSCURO

Ha transcurrido una larga semana desde la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de México. La salida por la puerta trasera de uno de los once ministros del Constitucional ha desatado una tormenta política. Sobre el togado recae la sospecha de un conflicto de interés y lavado de dinero tras haber recibido transferencias inusuales en sus cuentas por un monto que supera los 100 millones de pesos (cinco millones de dólares). Medina Mora ha rechazado estas acusaciones mediante comprobantes bancarios, asegurando que el monto real no llega a cinco millones de pesos, una cifra similar al salario neto anual de un magistrado constitucional. De cualquier manera, el juez ha sido protagonista de un silencioso escándalo que ha marcado al tribunal más importante del país. El exministro no especificó los motivos por los que abandonó un cargo para el que fue electo hasta 2030 a pesar de que la Constitución indica que las renuncias de los ministros solo proceden por causas graves.

Este jueves, el presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar, ofreció una conferencia de prensa con la intención de despejar el enrarecido ambiente que ha dejado la vacante en el Supremo. La salida de Medina Mora fue seguida por interpretaciones que culparon al Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador de presionar a un juez cercano a gobiernos del PRI y el PAN. Zaldívar ha defendido la integridad e independencia de la corte que preside desde enero. El ministro, sorprendentemente, dedicó pocas palabras a los hechos que han desatado las turbulencias institucionales más graves en décadas. “La renuncia del ministro Medina Mora fue una decisión personal que yo respeto. Y por respeto a su decisión y a su persona no haré comentario alguno sobre ese tema”, ha señalado Zaldívar en una comparecencia en la que prefirió destacar las transformaciones que ha emprendido en la judicatura.

SUSPENDIDO POR CORRUPCIÓN UN MAGISTRADO QUE SE OPUSO AL AEROPUERTO DE LÓPEZ OBRADOR
Arturo Zaldívar ha revelado que el Consejo de la Judicatura Federal suspendió este miércoles a un magistrado del primer circuito por “inconsistencias graves en su situación financiera”. Este es el resultado de la depuración que el magistrado lleva a cabo desde que encabeza el poder judicial y de la aprobación de nuevas reglas para la carrera judicial, que condicionan las adscripciones y ratificaciones al desempeño.

Horas después del anuncio, los medios identificaron al juzgador suspendido como Jorge Arturo Camero Ocampo, quien falla asuntos de materia administrativa. Camero había votado recientemente a favor de mantener la suspensión de las obras del aeropuerto de Santa Lucía, una de las obras de infraestructura prioritarias para el Gobierno de López Obrador, por posibles afectaciones al medio ambiente.

Camero ha sido señalado por tener una casa de 17.8 millones de pesos (873.000 dólares) en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. El juez compró la propiedad en un solo pago a pesar de que el costo le representaba ingresos por seis años.

La Constitución ha sido maltratada en ocho días de intriga institucional. Medina Mora abandonó la Corte debiendo once años de su encargo en medio de acusaciones por lavado de dinero. El presidente aceptó la dimisión a pocas horas de conocerse la bomba informativa y rechazó, en los días posteriores, haber ejercido presión alguna sobre él. El Legislativo allanó un camino repleto de silencios y dudas. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo uso de su mayoría en el Senado para convertir la huida en un trámite avalado por 111 legisladores y rechazado por solo ocho senadores. La cámara alta evitó arrojar luz sobre la renuncia. Una crisis institucional grave se ha hecho pasar por una anécdota.

El paso de los días solo ha añadido confusión al caso. Un periodista de El Universal aseguró este jueves que el Ejecutivo sí orilló a Medina Mora a la renuncia. El brazo que habría encaminado al exfiscal general de Felipe Calderón a la salida de la Corte habría sido la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda (UIF). De acuerdo con el diario, esta área habría solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores congelar las cuentas bancarias de once personas relacionadas con Medina Mora. La petición se hizo el 3 de octubre, el mismo día que se hizo pública la renuncia del magistrado.

Santiago Nieto, quien encabeza la UIF, desmintió esta información con un matiz. “Es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del exministro se realizó DESPUÉS de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera”, escribió Nieto en Twitter. El descongelamiento de las cuentas vinculadas a cuatro empresas, sin embargo, llegó 48 horas después, el 5 de octubre. Cuando la renuncia se había convertido en la principal noticia política.

Nieto, un exfiscal electoral fulminado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en la anterior Administración cuando le resultó incómodo, ha sido una pieza central en las tensiones entre los poderes judicial y ejecutivo. La oficina que encabeza produjo la información bancaria que se ha convertido en la pesada losa que ha sepultado momentáneamente la carrera de Medina Mora, quien desempeñó importantes papeles en las áreas de seguridad y diplomacia con Calderón y Peña Nieto. Ninguna autoridad ha certificado o comprobado de momento la ilegalidad de los recursos depositados en las cuentas del exministro.

El titular de la UIF hizo público que desde agosto fueron presentadas las denuncias por lavado de dinero en contra de Medina Mora. La Fiscalía no ha confirmado las pesquisas, pero algunas fuentes judiciales han confirmado que la separación del cargo agilizará la investigación. El ministerio público ha solicitado formalmente a Medina Mora sus declaraciones patrimoniales para cotejarlas con los ingresos sospechosos recibidos entre 2016 y 2018, cuando ya era miembro de la Corte.

Presiones a los jueces
El ministro Zaldívar explicó en la conferencia de prensa que sí recibió presiones de otros presidentes, algo que no ha sucedido con López Obrador. El juez, como había hecho desde 2011, señaló nuevamente a Felipe Calderón, el mandatario que lo propuso para sumarse al máximo tribunal en 2009. El conservador presidente del PAN buscó descarrilar los proyectos de sentencia que Zaldívar preparó para dos temas polémicos: el del incendio en una guardería infantil en el que murieron 49 menores y su propuesta de liberación de Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de secuestro cuyo caso se convirtió en una pesadilla diplomática con el Gobierno de Nicolas Sarkozy.

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