Decenas de policías del contingente de asalto rodean el Congreso de Perú. La Plaza Mayor, símbolo del poder político y religioso, sede del Palacio de Gobierno y de la catedral metropolitana de Lima, permanece cerrada. Un grupo de uniformados marcha junto a la fuente central. Una cuadrilla de agentes custodia el Tribunal Constitucional. Estos lugares, en el centro de la capital, son los tres engranajes de la crisis que se inició el pasado lunes tras el cierre del Parlamento ordenado por el presidente, Martín Vizcarra. Pero también son los únicos que ofrecen una imagen de excepcionalidad. El país sigue instalado en su rutina a pesar de la enorme tensión entre el Gobierno y Fuerza Popular, la formación fujimorista que junto con las bancadas de la derecha dominaba la Cámara.
“Los grandes culpables están allá, son los chupasangre del Congreso”, dice Alfonso Estévez señalando a lo lejos la sede del poder legislativo. Este jubilado de 69 años, exobrero del sector minero, opina que siempre fue así, pero la situación se precipitó hace tres años, cuando Pedro Pablo Kuczynski se impuso por la mínima ante Keiko Fujimori, que logró el control del Parlamento. El primero tuvo que renunciar a la presidencia por su vinculación con el caso Odebrecht y se encuentra en arresto domiciliario, mientras la líder de la oposición está hoy en prisión preventiva acusada de lavado de dinero. El intento de su partido y sus aliados de forzar el nombramiento de jueces afines y copar el Constitucional, que debe pronunciarse sobre varios escándalos de corrupción, hizo que Vizcarra tomara esa decisión invocando un artículo de la Ley Fundamental. Un paso drástico, calificado incluso de “golpe de Estado” por dirigentes de las fuerzas opositoras, pero que no ha tenido reflejo en el funcionamiento general del país. “La población está tranquila. Se ha venido en apoyo al presidente por la posición que tomó”, agrega Estévez.
La sociedad peruana, muy polarizada y harta de la corrupción política, recuerda también lo que sucedió el 5 de abril de 1992. Alberto Fujimori, padre de Keiko, disolvió el Parlamento y asumió el control del poder judicial. Ese autogolpe dio paso a un régimen corrupto que persiguió a opositores y se manchó de graves violaciones de los derechos humanos. Aquellos días quedaron grabados en la memoria de quienes fueron testigos directos y los más jóvenes son conscientes de que esa fue una de las etapas más oscuras de la historia reciente de Perú. Lo ocurrido esta semana, sin embargo, es muy distinto. Por las premisas y porque la decisión del presidente está ahora en manos del Constitucional, que determinará su legalidad.
“Esto es diferente a lo del año 92, lo de Fujimori. La gente está normal. Entonces había militares, en ese tiempo estaba todo restringido. Ha sido una decisión democrática”, señala Jean Kevin Herrera, estudiante de ingeniería de sistemas de 24 años en la Universidad Nacional del Callao. Tras el anuncio de Vizcarra, que recibió el apoyo de tres fuerzas armadas y de la Policía, hubo movilizaciones ciudadanas. Ante la situación, muchos peruanos piden “que se vayan todos”, es decir, convocar elecciones presidenciales y parlamentarias y empezar desde cero. De momento, habrá comicios legislativos el próximo 26 de enero para renovar la Cámara. Y la decisión de la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, de rechazar el encargo que le dio la mayoría opositora del Congreso para reemplazar al mandatario —que fue destituido simbólicamente— contribuyó a calmar un poco las aguas después de horas de máxima tensión. Según Herrera, fue un error del Parlamento. “Está alterando las funciones y eso es un delito”.
El centro de Lima está algo más desangelado que un día laboral corriente. Delante de una de las entradas del Congreso, Lucía, 45 años, ordena la prensa en un quiosco. “Estos días ha bajado el negocio porque estaba todo trancado, no hay clientela”, lamenta. Sin embargo, también en su opinión, el cierre de la Cámara fue acertado. “El pueblo también se cansa”, apunta. “Vamos a ver cuántos días dura esta incertidumbre”.
Mientras tanto, cumpliendo lo previsto en la Constitución, el nuevo Gabinete que encabeza el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, prestó este jueves juramento con los 10 nuevos integrantes de las 18 carteras del Ejecutivo. Fue la primera aparición en público de Vizcarra después de su anuncio de disolución del Parlamento. Sin embargo, no habló y se limitó a tomar juramento.
El presidente cuenta ahora en el Ejecutivo con dos políticos de su entera confianza, Zeballos y Edmer Trujillo, quien ha vuelto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En tres complicadas carteras de servicios públicos —Educación, Salud e Interior— ha mantenido a los mismos funcionarios; en Economía el jefe de Estado nombró a María Antonieta Alva, una joven tecnócrata con experiencia en dos ministerios. La nueva ministra de Justicia es María Teresa Revilla, una jurista que hasta la víspera desempeñaba un alto cargo en la Cancillería, y el nuevo ministro de Relaciones Exteriores es el embajador de carrera Gustavo Meza-Cuadra.
OPOSICIÓN ATRINCHERADA
Mientras el Ejecutivo da pasos hacia la normalidad, la oposición parlamentaria atrincherada en la Comisión Permanente del Congreso insiste en resistirse al cierre de ese poder del Estado. La tarde del miércoles acordó presentar al Tribunal Constitucional una demanda de competencia que evalúe si el decreto de disolución está de acuerdo a ley.
Sin embargo, los expertos y los parlamentarios de la Permanente de bancadas distintas a Fuerza Popular y el Partido Aprista destacan que este órgano legislativo no tiene entre sus atribuciones plantear ese tipo de pedidos ante la alta Corte. Además, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ha insistido ante el Tribunal Constitucional que incorpore al nuevo magistrado de esa instancia que el Congreso eligió el lunes, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, su primo. Congresistas y excongresistas oficialistas y de izquierda han destacado que tan pronto la oposición votó por el nuevo magistrado el lunes, interpusieron una impugnación y un pedido de reconsideración por un voto a favor atribuido a una parlamentaria que se abstuvo de votar para hacer una sentada en el hemiciclo en protesta. La resolución del Congreso del nombramiento de Ortiz de Zevallos no ha sido además publicada en el diario oficial para que pueda hacerse efectiva.
