De espaldas, Ricardo Ruiz, Morena, presidente de la Jucopo; a su izquierda, Martín Padilla, Morena; Víctor Hugo Lobo, PRD; Guillermo Lerdo de Tejada, PRI; Miguel Ángel Salazar, PRI; Tonatiúh González, PRI, Ernesto Alarcón, Morena y Diego Garrido, PAN. Imagen tomada de Twitter: @Diego_Garrido1

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una intensa negociación con Morena, diputados de oposición lograron que en la Ley de Participación Ciudadana el dinero destinado a proyectos de presupuesto participativo se incremente paulatinamente del tres a cuatro por ciento del recurso de alcaldías y que la elección de los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria, ya no sea mediante una tómbola, sino por votación directa.

Sin embargo, en la sesión del pleno, Jorge Gaviño, del PRD, advirtió que en la ley que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fast track –la ley se aprobó a las 17:26 horas y se publicó a las 19:20–, se le dio demasiado poder a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), que encabeza José Merino.

“La ADIP va a ser un instrumento de control político, quieran o no quieran, ustedes –en referencia a la bancada de Morena– lo están armando, a futuro esa información va a ser de control político y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo Gaviño en tribuna.

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México quedó aprobada y publicada en la Gaceta Oficial en sólo unas horas.
Y explicó que para todos los procesos de participación ciudadana, como la Consulta Ciudadana, la Consulta Popular y otros, se tendría que haber fortalecido la plataforma del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para colocar allí los datos de los ciudadanos que participen en esos procesos, en lugar de colocarlos en una plataforma del Gobierno de la Ciudad de México, como se estableció en la ley.

Aunque la oposición logró incluir un candado en la ley.

Guillermo Lerdo de Tejada, del PRI, propuso agregar el artículo 203, que se aprobó.

“La plataforma del Gobierno de la Ciudad de México podrá solicitar, recabar o almacenar datos personales, de conformidad a la legislación aplicable, mas no de carácter electoral”.

El mismo legislador denunció en tribuna que en la ley se estableció una figura que no existe en la Constitución local: la Consulta Pública, mediante la cual los alcaldes o la Jefa de Gobierno pueden consultar programas, planes de desarrollo o políticas públicas.

“Genera demasiados márgenes –de acción– y discrecionalidad: se puede prestar a que sin participación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se hagan consultas para validar decisiones de gobierno”, sentenció Lerdo de Tejada.

Y el perredista Jorge Gaviño consideró que es muy grave, que se dejara en manos del mismo gobierno realizar “un sondeo del desempeño de todas las autoridades, me parece que si es evaluación de funcionarios, no puede ser a través de plataforma de gobierno. No se pueden autocalificar”, recalcó.

En la ley quedó establecido que la Consulta para el Presupuesto Participativo del 2020 y 2021 y la elección de Comisiones de Participación Comunitaria, será el 15 de marzo del 2020.

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