La justicia venezolana pidió el miércoles a España la extradición de un hombre acusado del homicidio de Orlando Figuera, un joven quemado vivo durante las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en 2017. Enzo Franchini Oliveros fue detenido el pasado lunes en la localidad de Getafe, 11 kilómetros al sur de Madrid, según confirman a EL PAÍS fuentes de la Policía Nacional. Franchini ha pasado este jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, para iniciar los trámites para su entrega, informa Óscar López-Fonseca. En su comparecencia ante el magistrado, el detenido ha rechazado su entrega a las autoridades de Caracas, según confirman fuentes judiciales. El juez Pedraz ha ordenado inmediatamente después el ingreso en prisión incondicional del ciudadano venezolano mientras la Audiencia Nacional resuelve sobre la petición de extradición. En España no existe ninguna acusación contra él, añaden las fuentes consultadas.
La fiscalía, encabezada por Tareck William Saab y controlada por el chavismo, detalló que el arresto se produjo en aplicación de la orden de busca captura cursada a través de Interpol después de que el ministerio público le imputara los cargos de “instigación pública, homicidio intencional calificado y terrorismo”. Los hechos, ocurridos el 20 de mayo de ese año, avivaron una disputa entre el régimen, que presentó el asesinato como un crimen político y de odio, y la entonces fiscal, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio, atribuyó la muerte a las consecuencias de una reyerta. Es decir, según las primeras investigaciones, Figuera fue agredido por un conocido tras una discusión por un puesto de trabajo. Este le hirió con arma blanca e instigó a un grupo de manifestantes, en la plaza de Altamira, acusando a su víctima de robo. La multitud se abalanzó contra él y alguien le acabó rociando con gasolina antes de prenderle fuego.
Saab, sin embargo, insiste hoy en la versión oficial. “Recordamos que en medio de protestas violentas, acaecidas durante abril-julio motivadas a derrocar el Gobierno legítimamente constituido, manifestantes armados quemaron vivo por razones discriminatorias y violatorias a los derechos humanos al joven Orlando Figuera”, escribió en las redes sociales.
Durante esas movilizaciones, la represión de las fuerzas de seguridad del régimen, duramente señaladas la semana pasada por un informe de Naciones Unidas, acabó con la vida de casi 130 personas. Los manifestantes rechazaban la convocatoria de unas elecciones constituyentes para laminar la Asamblea Nacional, el Parlamento de mayoría opositora y único contrapoder del país, elegido apenas un año y medio antes.
Cuando el pasado mes de mayo se cumplieron dos años de la muerte de Figuera, el presidente de la Constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, volvió a culpar a la oposición. “A Orlando lo matan por parecer chavista, a ese compañero la maldad de la derecha lo maltrató, lo torturó y cobró su vida”, afirmó.
El ministerio público, continuó el fiscal general, informa ahora “de que ha iniciado los trámites necesarios ante las autoridades competentes de España para la inmediata extradición del presunto homicida”. Saab agregó una advertencia. “De esta forma, los países democráticos ratifican su cooperación con nuestro sistema de justicia”.
SEPULTADO EL CAPITÁN ACOSTA TRAS 12 DÍAS DE SU MUERTE
MAOLIS CASTRO
El capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo fue sepultado 12 días después de su muerte. El miércoles, el Cementerio General del Este, en Caracas, fue cercado por los agentes de seguridad para enterrar al militar acusado de fraguar un derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro. Su esposa, Waleswka Pérez, denunció que el procedimiento fue ilegal. “Va a hacer (funcionarios de la morgue de Bello Monte) la entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como hicieron con Óscar Pérez. Yo no he solicitado ningún servicio fúnebre de esa empresa”, explicó en un vídeo.
Acosta, de 50 años, fue arrestado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el 21 de junio. Tras varios días arrestado por los servicios secretos del Estado venezolano, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, reveló que el capitán y otros militares estarían involucrados en un complot para asesinar a Maduro, su esposa Cilia Flores y al presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello. Todos los presuntos conspiradores quedaron en manos del DGCIM, sin ser asistidos por abogados o visitados por familiares hasta una semana después de su detención.
El prisionero, golpeado y postrado en silla de ruedas, fue presentado ante tribunales militares el 28 de junio, pero se desmayó antes de ser imputado. Acosta murió un día después en un hospital del complejo militar Fuerte Tiuna, testimonios y una autopsia filtrada confirmaron que fue salvajemente torturado. La muerte fue condenada por gobiernos e instancias internacionales, además de ser un preludio al lapidario informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Pero las críticas no inmutaron al ministerio público. La Fiscalía controló la inhumación de Acosta, un método ya aplicado en los entierros del piloto rebelde Óscar Pérez y sus compañeros, asesinados por agentes de seguridad del Estado en enero de 2018.
