Durango, Dgo.- Luego de las presiones ejercidas contra el Congreso del Estado y el Gobernador José Rosas Aispuro Torres, la tarde noche de este jueves el pleno del Poder Legislativo aprobó por mayoría una sanción económica de Mil 326 Unidades de Medida de Actualización del 2017 (UMA), y una amonestación pública, al Presidente Municipal con licencia, José Ramón Enríquez, lo que le permitirá mantenerse en la competencia por la reelección.
En un documento de 100 fojas, la Comisión de Responsabilidades que encabeza el diputado Gerardo Villarreal Solís (PVEM), se ratifica la violación del artículo 134 Constitucional en su párrafo octavo, por las razones contenidas en sendas sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que indican que José Ramón Enríquez hizo promoción personalizada a través de propaganda gubernamental.
Con 18 votos a favor, cinco votos en contra (Cuatro del PT y uno de Morena), y dos abstenciones (de las priistas Gabriela Hernández López y Catalina Mercado-), se aprobó por mayoría la sanción económica que asciende a 99 mil 967 pesos con 14 centavos, ya que la UMA en 2017 se cotizó en 75 pesos 39 centavos diarios.
En los últimos días José Ramón Enríquez y su equipo arreció su estrategia de victimización mediática y de presión al Poder Legislativo y Ejecutivo, desde la sede del Senado de la República en la que se argumentó que la sanción que le pretendía imponer el Congreso tenía tintes de revanchismo político por estar a la cabeza de la preferencia electoral.
Desde este jueves se asentó con simpatizantes a las afueras del Congreso en donde pernoctaron bajo la exigencia de la no inhabilitación del candidato de Movimiento Ciudadano, y este día a través de las redes sociales senadores de la República se manifestaron exigiendo al Congreso y al gobernador Rosas Aispuro, sacar las manos del proceso electoral.
Presentaron además un punto de acuerdo para realizar un exhorto al Poder Legislativo y Ejecutivo y durante el día permanecieron a la espera de la resolución que finalmente les favoreció, sentando un precedente negativo para el Congreso Local a quien se calificó de tibio y permitir que mediante el pago de una sanción económica se siga violentando la ley por parte de este servidor público.
