La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, este lunes en Bruselas. OLIVIER HOSLET EFE

Las negociaciones en ciernes entre la UE y EE UU para evitar una guerra comercial transatlántica podrían frustrarse aún antes de comenzar como consecuencia del impacto en empresas españolas de las sanciones aprobadas este miércoles por Trump contra Cuba. España exigió este lunes por escrito, en una declaración a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que la UE tome en cuenta la imposición por parte de Washington de medidas extraterritoriales como las que desde hoy amenazan a los intereses españoles en la isla caribeña. España cree que son incompatibles con el espíritu de las negociaciones comerciales y que Bruselas está obligada a reaccionar en consecuencia.

España respaldó el lunes la apertura de negociaciones para un nuevo acuerdo comercial con EE UU, aprobada por el consejo de ministros de la UE en Luxemburgo. Pero en un gesto de dureza poco frecuente, la delegación española incorporó a su voto una declaración en la que matiza su apoyo con varias condiciones y en la que exige que Bruselas tome en cuenta la posible activación de sanciones estadounidenses contra intereses españoles en Cuba.

El golpe en la mesa europea del Gobierno de Pedro Sánchez, medido pero significativo, llegaba solo 48 horas antes de que el gobierno de Donald Trump haya confirmado este miércoles la reactivación de las sanciones contra Cuba, que suponen una seria amenaza para las inversiones españoles en la isla.

El texto de la declaración española, al que ha tenido acceso EL PAÍS, advierte de que “cualquier medida de ámbito extraterritorial que tenga un impacto negativo en los intereses económicos y comerciales de la UE va contra el espíritu de las negociaciones”. Y en consecuencia, España afirma que “la UE deberá tomar en cuenta ese factor en su posición durante el proceso de negociación”.

Nada más hacerse oficiales las sanciones de Trump, el Gobierno español ha reaccionado con un comunicado en el que manifiesta “su tajante rechazo” a la decisión estadounidense. El Ejecutivo de Sánchez señala que el castigo estadounidense “atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados”. Una dureza que reafirma las exigencias planteadas en la declaración del pasado lunes ante el Consejo de la UE.

Fuentes comunitarias señalan que el valor de la declaración española es, sobre todo, político. Pero las mismas fuentes reconocen que el posible rechazo de un país como España a las negociaciones con EE UU supone un grave obstáculo para que concluyan con éxito. Sobre todo, añaden, porque podría arrastrar a otros socios que ya son reticentes a las negociaciones con Washington por otros motivos.

La norma reactivada por Trump permite la reclamación de compensaciones en los tribunales estadounidenses contra empresas de países terceros que hayan invertido en bienes cubanos que fueron expropiados por la revolución castrista.

Las reclamaciones estadounidenses eran una espada de Damocles sobre las importantes inversiones españoles en el sector hotelero de la isla desde hace 22 años. Pero los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca habían congelado su aplicación, en gran parte para no generar un enfrentamiento con Bruselas. Trump ha puesto el fin a la tregua. La Comisión Europea ya ha advertido a Washington por escrito de que responderá con todos los instrumentos a su alcance para evitar el daño a empresas europeas por una medida que Bruselas considera contraria al derecho internacional.

La ofensiva de Trump contra Cuba llega en un momento muy delicado, porque Bruselas y Washington están a punto de comenzar las negociaciones para evitar una guerra de aranceles que podría dañar gravemente el comercio transatlántico, la mayor área comercial del mundo. Alemania, en particular, teme un terrible golpe a las exportaciones del sector del automóvil, amenazadas desde hace meses por Trump.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, logró en julio pasado calmar a Trump con la promesa de un incremento de las importaciones hacia Europa de productos estadounidenses como la soja o el gas, y con el compromiso de iniciar los contactos para una rebaja bilateral de los aranceles industriales.

El mandato europeo para iniciar los contactos se inició con el voto en contra de Francia, que se niega a negociar con un país que se ha salido del acuerdo de París sobre el clima, y con la abstención de Bélgica, que teme el veto de alguno de sus parlamentos al posible pacto final con Washington.

Otros socios, aunque aceptan la apertura de negociaciones con EE UU, dudan de que sea posible, o siquiera conveniente, llegar a acuerdos con un país que se permite imponer medidas unilaterales como los aranceles al acero y al aluminio o los temidos aranceles al automóvil. “Trump siempre te coloca una pistola sobre la sien antes de negociar”, lamenta, sin disimular la frustración, una fuente de la Comisión Europea. En el caso de Europa, el presidente ha golpeado con todo un arsenal.

La declaración española presentada al hilo del mandato europeo se hace eco de todas esas inquietudes, en un claro guiño a posibles aliados para frenar o abortar, llegado el caso, la negociación con Washington.

El texto pide que se suspendan las negociaciones de manera inmediata si Trump adopta nuevos castigos arancelarios al margen de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). España también pide que se solucione de manera inmediata el conflicto de los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio. Y añade que las medidas extraterritoriales, como las de Cuba, son contrarias al espíritu del proceso de negociación.

Por último, España aboga por supeditar la firma de cualquier acuerdo comercial con EE UU a la verificación del cumplimiento de los compromisos que había adquirido en el protocolo de París contra el cambio climático. Un serial de condiciones que pueden acabar con el acuerdo de la UE y EE UU antes de que las dos partes se sienten por primera vez a la mesa de negociación.

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