Se ha publicado y documentado que desde una casona en Coyoacán, tres empresarios que pertenecen al Consejo Mexicano de Negocios financiaron la elaboración de materiales para desacreditar a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por la presidencia. Los empresarios contrataron a profesionales multidisciplinarios para ese trabajo, que comenzó con el respaldo de la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la gubernatura del Estado de México, y se prolongó con el apoyo del candidato frentista Ricardo Anaya. El grupo lo encabezó Fernando García Ramírez, compañero de páginas en El Financiero, y que durante largo tiempo fue editor de la revista Letras Libres, que fundó y dirige el historiador Enrique Krauze. La semana pasada Eje Central –de donde quien esto escribe es socio–, publicó un reportaje titulado “Operación Berlín: conjura Anti AMLO”, que daba cuenta del trabajo realizado, que provocó reacciones de la diputada Tatiana Clouthier, excoordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, que en un libro de próxima aparición, citado en el reportaje, aporta datos generales, algunos de los que coinciden con el trabajo periodístico. El reportaje no era una denuncia, ni reveló nada ilegal en esas acciones. Buscaba aportar elementos de información para entender cómo opera nuestro sistema político y sus fenómenos mediáticos.
El reportaje coincidió con una dinámica que traía su propia velocidad dentro de la Presidencia, y tomó rutas perniciosas. El día que apareció “Operación Berlín”, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló en la comparecencia mañanera en Palacio Nacional, que estaban investigando a varias empresas por presuntos delitos electorales, el financiamiento de ‘campañas negras’ contra el candidato López Obrador, y eventualmente lavado de dinero.
Nieto hizo pública una red de vínculos de empresas e individuos para anticipar que se procedería legalmente contra los responsables de esa campaña, citando a los empresarios que había identificado el reportaje como quienes financiaron el trabajo periodístico y de propaganda contra López Obrador. Nieto replicó lo que había hecho un mes antes contra el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, donde en respuesta a comentarios sobre las ternas presidenciales sobre nuevos consejeros en el órgano autónomo, lo acusó de conflictos de interés y, a sus familiares, de lavado de dinero.
En ambos casos se puede argumentar que Nieto violó el secreto bancario y la presunción de inocencia, al revelar detalles de transacciones bancarias que transgredieron la secrecía financiera que exigen las instituciones internacionales. Darlas a conocer, junto con la identificación de las personas a las cuales está investigando, rompe con el debido proceso y, en un país de leyes, tendría no sólo que anularse cualquier juicio que se emprenda contra individuos y empresas por esa causa, sino que debería fincársele un proceso legal en la Fiscalía por infringir la ley. Nieto se escudó en la eventual violación de las leyes electorales para defenderse de que lo que está buscando el gobierno que representa es una censura o, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, una previa censura de la libertad de expresión.
Esta línea de pensamiento se liga con lo que sucedió con la secuela de “Operación Berlín”. El énfasis en la crítica y denuncia –en algunos casos– no fue contra quienes pagaron las campañas o quienes la desarrollaron, sino contra Krauze. Su principal acusador es Ricardo Sevilla, uno de los principales manufactureros de la propaganda contra López Obrador, la fuente principal del reportaje que se mantuvo anónimo hasta que él reveló su identidad en un texto que entregó al portal Aristegui Noticias, donde colocó a Krauze en el centro de la conjura. El historiador, que ha sido el único objeto de crítica y denuesto, considera que es víctima de un linchamiento mediático, lo que, si se revisa el comportamiento de las consecuencias de las revelaciones, tienen sentido.
Nieto no lo consideró relevante en su investigación, donde Krauze no aparece por ningún lado, pero es la figura central de todo este episodio. Todo esto huele a podrido. El tema brincó a la mañanera en Palacio Nacional, donde al responder una pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo: “Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. No vamos a utilizar, mucho menos, al Estado para cuestionar a escritores, a críticos”. Sus palabras podrían ser tranquilizadoras, pero no lo son.
El patrón de insultos y calumnias contra Krauze es idéntico al que han estimulado cercanos al presidente, francotiradores digitales a sueldo y simpatizantes. Nadie que cuestione al presidente, aun cuando apoye a López Obrador, se ha escapado de los epítetos y las difamaciones, regadas en las mañaneras y las redes sociales. En un texto que publicó en el portal Sin Embargo, Sanjuana Martínez, cercana a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, y nueva directora de Notimex, se refirió al hostigamiento a los periodistas que acuden todos los días a Palacio Nacional por parte de los youtubers, “la guardia pretoriana” del presidente.
La presión, el acoso, la violencia verbal y el discurso de odio no es patrimonio de ellos, como se vio en el caso de Krauze. Se ha socializado contra quien disienta del Ejecutivo. El texto de Martínez refleja preocupación por el desbordamiento. Las libertades sí están en riesgo, la de pensamiento y la de expresión. López Obrador es producto puro de la lucha por ampliarlas. Muchos, a quienes ahora atacan sus fieles, contribuyeron, aun estando en desacuerdo con sus ideas, como Krauze, a que estas se ensancharan. No puede, ahora que está en el poder, traicionarlas.
