Ricardo Pineda, el 5 de marzo en Madrid. DAVID GÓMEZ

El 13 de julio pasado, Ricardo Pineda Gadea, nacido en Jinotega (Nicaragua) hace 55 años, estaba en un puesto médico establecido frente a la cárcel de El Chipote en Managua para atender a los familiares “que iban buscando a sus desaparecidos y secuestrados”, según cuenta. Ahí se enteraron de que en las manifestaciones contra el régimen sandinista en la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN) había heridos entre los estudiantes. “Fuimos tres médicos a ayudar. Uno se fue con ocho heridos al hospital Vivian Pellas, que es privado. El resto fuimos a buscar más”, relata. Acabó refugiado “con 127 estudiantes” en la iglesia de la Divina Misericordia. Grabó un vídeo denunciando la situación, y lo subió a Internet. Pronto empezaron las reacciones de los partidarios del régimen. “Cuando vi las redes sociales supe que me iban a matar”, relataba el 5 de marzo en Madrid, donde ha llegado tras participar en unas jornadas sobre crisis sanitarias en Santiago de Compostela.

Gadea no sabe cómo salió con vida de aquella iglesia. “En el interior había unos 100 estudiantes tirados en el piso, llorando, muy asustados. Otro grupo, con piedras y palos, estaba en la entrada. Los paramilitares nos rodearon, y usaron armas de fuego. No me explico por qué no entraron”, cuenta tranquilo en la sede de la Organización Médica Colegial, que le ha apoyado en su estancia en España.

En el vídeo que difundió entonces denuncia “un genocidio”, y cuenta que, entre otros casos, habían tenido que atender a “una estudiante de medicina con el fémur fracturado de un balazo”. “Media hora después comenzó el ataque por las redes sociales. Decían que todo estaba armado, que era un francotirador, que disparaba a los manifestantes para echarle la culpa al Gobierno, que era peligroso, un loco. Que ofrecían 50.000 córdobas [unos 1.400 euros] por mi cabeza. Supe que se estaban preparando para que, si entraban los paramilitares, me mataran”.”Había francotiradores y mataron a dos”, añade.

A las ocho de la mañana del 14 de julio, “una delegación de sacerdotes y la Cruz Roja” los sacó de la iglesia, y los llevaron a la catedral. “De ahí salí y me fui a esconder. A los 12 días crucé a Costa Rica”, dice Pineda.

El médico no sabe qué va a hacer en un futuro. Sus colegas de España se han planteado facilitarle que se quede, pero él cree que tiene mucho que hacer en Costa Rica. Y, de momento, su objetivo es volver a su país, aunque sabe que para eso tiene que caer el régimen. “Hay dos formas de que eso suceda, la violenta, que va a ser muy dolorosa y difícil, o la negociada”, que es la que prefiere. Cree que si la UE y otras organizaciones se involucran, la salida pacífica es posible. “Los diputados de la UE son los únicos que han conseguido torcerle el brazo a [Daniel] Ortega [el presidente de Nicaragua]”. “Han podido entrar en la cárcel, y el 13 de marzo revisarán su posición y si deciden sanciones”, afirma. Otra institución que cree que debería desempeñar un papel es la Conferencia Episcopal, “pero como institución, no llamando a algunos sacerdotes”.

Mientras eso ocurre, “con 50.000 personas exiliadas en Costa Rica se está buscando soporte para brindar alimento y techo”, dice. Se queja de que el Gobierno del país que le acoge no haya facilitado ejercer a los médicos nicaragüenses. Y propone que se elabora un plan sanitario para atender las secuelas físicas y emocionales que va a dejar el conflicto en la población. “Sobre todo de salud mental. Hay mujeres a las que han violado grupos de policías. También muchachos. Ahorita [en Nicaragua] se les cambia a los estudiantes cárcel por casa, y eso ha permitido que la gente vea las graves carencias de salud, los golpes, las torturas”, asegura.

No sabe cuál será el camino, pero concluye convencido que “esto no puede ser eterno”. “En Nicaragua ha habido más heridos y muertos que en Venezuela”.