El presidente ruso, Vladímir Putin, en rueda de prensa durante el G20, el 1 de diciembre en Buenos Aires. NATACHA PISARENKO AP

La Comisión Europea tiene previsto aprobar este miércoles un plan de acción para intentar blindar contra las fake news y las campañas de manipulación informativa más de 50 procesos electorales que se celebrarán en Europa en los próximos 24 meses, incluidos los comicios al Parlamento europeo en mayo de 2019.

Bruselas, según el borrador del plan al que ha tenido acceso EL PAÍS, propone reforzar las tres unidades de que dispone la Comisión Europea para combatir las campañas de desinformación procedentes de zonas como Rusia, Oriente Medio, el norte de África o los Balcanes occidentales.

La Comisión también plantea la creación de un “sistema de alerta rápida” para garantizar “la respuesta conjunta y coordinada” de todos los socios de la UE frente a unos ataques de propaganda que suelen concentrarse en los momentos más delicados de la política nacional de cada país o cuando se aproximan citas electorales.

La aprobación del plan llega rodeado de polémica, por la división en el seno de la Comisión sobre las posibles acusaciones directas a Rusia como presunta fuente de las campañas de desinformación que periódicamente golpean a los países europeos.

Fuentes comunitarias reconocen que Rusia representa la mayor amenaza para Europa como fuente de desinformación. El temor está avalado, según esas fuentes, por las evaluaciones realizadas por la llamada “célula de fusión de la UE contra las amenazas híbridas”, una unidad de vigilancia integrada en el Centro de Análisis de Inteligencia de la UE. Las acusaciones directas contra Moscú en un documento oficial de la Comisión, sin embargo, plantean un dilema que deberá resolver este jueves el equipo de comisarios presidido por Jean-Claude Juncker.

El organismo comunitario, en cambio, no tiene dudas sobre la imperiosa necesidad de actuar cuanto antes para garantizar que los procesos electorales se desarrollen de manera limpia y sin grandes distorsiones impulsadas desde fuera de la UE.

“Una intervención urgente es más necesaria que nunca dada la evolución de las técnicas y los instrumentos utilizados para crear y difundir la desinformación”, advierte el texto de la Comisión. El documento será trasladado a la cumbre europea que se celebra en Bruselas la semana que viene (13 y 14 de diciembre), en la que los 28 presidentes de Gobierno de la Unión esperan pactar el blindaje de las elecciones europeas.

El plan de acción incluye la vigilancia de las redes sociales. Bruselas verificará que las grandes plataformas, como Twitter o Facebook, aplican el código de conducta que han suscrito el pasado mes de septiembre. Las tecnológicas se han comprometido a obstaculizar los ingresos de publicidad que perciban las páginas web dedicadas a la desinformación y a atajar el uso de cuentas falsas y de bots para difundir noticias deliberadamente falseadas.

El nuevo plan de acción llega tras tres años de tímidas e infructuosas intervenciones de la Unión contra las llamadas fake news. Las primeras alarmas saltaron durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2014, que desembocó en la anexión por parte de Moscú de la península ucrania de Crimea.

El Servicio de política exterior de la Comisión creó entonces una unidad especializada en detectar las manipulaciones informativas propagadas para favorecer los intereses rusos. Pero esa unidad (poco más de una docena de personas) no contó con un presupuesto propio (1,1 millones de euros) hasta enero de 2018 y su capacidad de enfrentarse a los ejércitos cibernéticos que, al parecer, actúan al servicio del Kremlin ha sido limitada. En marzo de este año, el Parlamento de Holanda incluso pidió su desmantelamiento porque había colocado a algunos medios de comunicación de ese país entre los sospechosos de difundir información favorable a Moscú.

La lentitud de reacción de la UE ha contrastado con el tremendo impacto que se atribuye a las fake news. El 85% de los europeos, según una consulta pública de la Comisión Europea, creen que las fake news son un problema en sus respectivos países. Y el 68%, según la misma consulta, asegura que se topa con alguna noticia falseada al menos una vez a la semana.

La Comisión cree que el problema se ha agravado por la transformación de los canales de información, con un desplazamiento de los medios de comunicación tradicionales y la entrada de plataformas digitales que actúan como “agregadores y distribuidores de contenido sin adoptar necesariamente las estructuras y funciones editoriales de dichos medios”.

El trasvase de usuarios ha puesto en jaque el modelo de negocio de la prensa escrita en Europa, cuyos ingresos entre 2010 y 2014 sufrieron una caída de más de 13.000 millones de euros frente a un incremento en los formatos digitales de casi 4.000 millones de euros.

El plan de acción que se espera aprobar este miércoles sugiere la introducción de medidas de apoyo para facilitar la cooperación transfronteriza entre medios de comunicación y la creación de equipos independientes de verificadores de datos (fact-checkers), así como el futuro lanzamiento de campañas destinadas a inculcar el estado de alerta en la opinión pública frente a posibles tergiversaciones.