Se da respuesta a una de las demandas más sentidas de sociedad: Aguilar Palacio

Durango, Dgo.- A iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Constitución Política del Estado para que ningún servidor público tenga un sueldo mayor al del Presidente de la República y al Gobernador del Estado.
Lo anterior una vez que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales elaboraron el dictamen que se presentó al Pleno de la Legislatura para su discusión, donde se incluye la propuesta que realizó el Grupo Parlamentario del PAN posteriormente.
“Para el Grupo Parlamentario de Morena, este dictamen constituye un gran avance en la regulación de los salarios de los servidores públicos y es necesario hacer eco de las palabras de la sociedad de tener una sociedad más justa”, expresó el diputado Pablo Cesar Aguilar Palacio al hacer uso de a tribuna a nombre de su bancada.
En este sentido, destacó que uno de los asuntos que indigna a la población son los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que se asignan a ciertos servidores públicos en algunos ámbitos de gobierno.
Aguilar Palacio precisó que después esta reforma, viene el trabajo fino e importante, con la expedición de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado, que será de suma importancia para la entidad, ya que Durango no cuenta con un ordenamiento de este tipo.
“Durango debe contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos que desempeñen sus funciones con alto grado de responsabilidad y eficiencia, para ello, es indispensable que se prevean remuneraciones adecuadas y dignas, dentro de las posibilidades presupuestarias del gobierno y en orden a la realidad socioeconómica del Estado”, señaló el diputado José Luis Rocha Medina.

De esta forma, la reforma fijar un tope máximo a los salarios de todos los servidores públicos y ninguno de ellos pueda asignarse un salario como producto de su apreciación personal, lo cual redundará en una mejora sustancial de la percepción que la ciudadanía tiene de su desempeño, sus decisiones y la justa proporcionalidad de su salario respecto a su función, su jerarquía y su responsabilidad.

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