Durango, Dgo.- La Unidad de Medición y Actualización (UMA) no debe ser aplicable para el cálculo o pago de pensiones, por lo que se debe establecer en base al Salario Mínimo, destacó la diputada Elia del Tovar Valero al presentar la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado y la Constitución Federal en materia de Desindexación del Salario Mínimo.
En este sentido, explicó que la UMA solo es un referente para establecer montos en dinero de las multas, prerrogativas o créditos, pero jamás a prestaciones de seguridad social.
“Nos preocupa a todos los diputados, no solo a los de Morena defender a los trabajadores pensionados del ISSSTE e IMSS”, destacó en la Sesión Ordinaria.
Al respecto, del Tovar Valero explicó que diferencia entre la UMA y el Salario Mínimo, estriba, en que atienden a dos principios económicos distintos, el primero a un factor de actualización inflacionario, y el segundo, a un factor de distribución social de la riqueza basado en equidad.
En este sentido, señaló que casi dos años de aplicación la reforma del artículo 123 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, el valor de la UMA es menor al del Salario Mínimo; lo cual es un beneficio para la clase trabajadora en tratándose del pago de multas y otros tipos de créditos, pero no así para el cálculo de la cuantía de pensiones y jubilaciones.
“De ahí que se justifique una reforma constitucional para que se utilice el Salario Mínimo y no la UMA, como índice, unidad, base, medida o referencia para establecer la cuantía en el pago de prestaciones de seguridad social, que incluya la previsión de resarcir el daño patrimonial a pensionados y jubilados”, subrayó.
Además, recordó que el pasado 30 de octubre al presentar en el Senado de la República una iniciativa en el mismo sentido que la presente, la senadora Gricelda Valencia de la Mora denunció cómo la reforma del artículo 123 constitucional en 2016 provocó que los distintos sistemas de Seguridad Social, IMSS e ISSSTE emitieran circulares internas para la adecuación de sus sistemas informáticos, para la determinación y cálculo de nuevas pensiones, afectando así a los nuevos beneficiarios y en algunos casos a pensionados anteriores.