El Gobierno polaco ha cedido en su polémica ley del Tribunal Supremo, cumpliendo así la orden del Tribunal de Justicia Europeo, que le obligaba a restituir a los 27 magistrados jubilados forzosamente. Este miércoles, el partido del Ejecutivo, Ley y Justicia, ha presentado en el Sejm (Parlamento del país) un borrador que incorpora una séptima enmienda a la ley que incluye la reincorporación de todos estos jueces.
Con 215 votos a favor y 161 en contra, la enmienda se ha aprobado de forma exprés esta misma mañana gracias a la mayoría parlamentaria del PiS (siglas en inglés del partido Ley y Justicia. De hecho, el Gobierno solo ha necesitado cuatro horas para dar marcha atrás a una de sus medidas más controvertidas.
“El proyecto de ley está en línea con la Constitución polaca, con las normas europeas y se encuentra dentro de todos los supuestos que apuntan a reformar el poder judicial polaco”, ha declarado el ministro de Justicia Zbigniew Ziobro. “Nuestro Gobierno ha enfatizado que estamos en la UE, respetamos sus reglas y respetamos sus principios”, ha añadido.
El borrador parlamentario reconoce también como legítima presidenta del Supremo a Malgorzata Gersdorf y declara que el mandato de la magistrada nunca ha sido interrumpido. Hasta ahora, ni el presidente de la República, Andrezj Duda, ni el Consejo General del Poder Judicial (NCJP, por sus siglas en polaco) consideraban a Gersdorf, de 65 años, como presidenta del máximo órgano jurisdiccional porque ella estaba dentro del grupo de jueces que habían alcanzado la edad máxima para seguir trabajando, según dictaminaba la nueva ley.
Al jubilar a casi un tercio de los magistrados del Supremo, el presidente de la República tenía vía libre para hacer nuevos nombramientos. En el caso de Gersdorf, ella desafió al Gobierno y fue todos los días a trabajar desde que recibió la carta de despido el pasado julio. Ahora la nueva enmienda vuelve a subir a 70 los años de jubilación para estos magistrados del Supremo.
El Gobierno, liderado en la sombra por el ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, ha acabado acatando la decisión del Tribunal de Luxemburgo que, por primera vez en su historia, bloqueó de manera provisional en un país de la UE una reforma de tanto calado constitucional. La Comisión Europea denunció a sus colegas polacos al considerar que esta ley vulnera los principios del Estado de derecho de la sexta economía de la UE. El Tribunal de Justicia europeo dio el pasado 19 de octubre un plazo de un mes al Ejecutivo del PiS para que cumpliera las medidas cautelares y presentara justo el 19 de noviembre un primer informe. Pero el PiS ha ido mucho más allá y ha decidido cambiar los aspectos más sustanciales de la reforma.
“Este cambio exprés es una capitulación del Gobierno del PiS. Han tenido miedo de las posibles sanciones económicas que le podría aplicar el Tribunal de Luxemburgo”, sostiene Jakub Urbanik, jurista y profesor de Derecho Romano de la Universidad de Varsovia. Si el Ejecutivo polaco hubiera seguido desafiando a Bruselas, el desacato hubiera derivado en una posible multa, cruzando una línea roja que hubiera resquebrajado aún más las ya deterioradas relaciones entre la UE y Polonia que empezaron a complicarse desde la llegada al poder del PiS en 2015.
Este martes, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, apremió de nuevo a Varsovia a cambiar cuanto antes de rumbo. Algunas voces de la oposición creen que el PiS ha entendido que la postura anti europea puede pasarse factura en las elecciones legislativas del año que viene. “Ahora hacen todo lo posible para fingir que se alejan de los euroescépticos”, dice un analista polaco próximo al principal partido de la oposición, Plataforma Cívica, pero que prefiere mantener su anonimato.
La juez Monicka Frackowiak, que pertenece a la organización de magistrados polacos Iustitia, respira aliviada por el cambio de actitud del Gobierno. “Aunque no podemos olvidar que la situación ha cambiado gracias a la justicia europea. Lo que demuestra la fortaleza de las instituciones comunitarias en un momento como este”, dice por teléfono. Eso sí, la magistrada sigue sin fiarse del Ejecutivo: “Ahora la enmienda tiene que aprobarse en el Senado y luego la tiene que ratificar el presidente de la República. Con el PiS nunca se sabe”.
La presidenta del Supremo, Malgorzata Gersdorf también prefiere mantener la cautela. “No se sabe qué puede pasar”, ha declarado esta mañana.
