Seguridad
06/12/2017

ONU pide a Senado no aprobar proyecto de ley seguridad interior

Aunque reconoce el problema de violencia, señala que no es lo más adecuado

CIUDAD DE MÉXICO.- El lunes fue el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, pero esta vez fue el máximo representante de dicho organismo de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien pidió a México no aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior

Desde Ginebra, Suiza, Al Hussein manifestó su preocupación por la eventual aprobación de la ley, que dijo es compartida por una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, entre otros la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), UNICEF-México, ONU Mujeres-México, diversas entidades de la sociedad civil y medios universitarios.

“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”, señaló el Alto Comisionado.

“La legislación propuesta en México, que prevé la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de cumplimiento de la ley, es un proyecto muy preocupante”, declaró.

En un pronunciamiento sobre el tema, Al Hussein indicó que reconoce plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada.

“Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, destacó Al Hussein.

Sin embargo, planteó que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las Fuerzas Armadas.

“La autorización para asignar a las Fuerzas Armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además, la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza”, advirtió el titular de la ACNUDH.

En ese contexto, Al Hussein recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades gubernamentales le dijeron que el despliegue inicial de las Fuerzas Armadas había sido inevitable, debido a la debilidad que mostraban algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como  estatal.

En las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita, Al Hussein había hecho hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara porque las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.

No obstante, este martes expuso que el proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de policía.

“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria”, señaló Al Hussein.

Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana”, exhortó tras reiterar la asistencia técnica que desde la Oficina de ACNUDH en México se puede brindar para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles.

En el Senado revisan con lupa la normatividad

Los legisladores aún no definen la ruta de trabajo que seguirán  para discutir la ley.

A pesar de las protestas sociales que desde la mañana intentaron impedir la sesión del Senado, el pleno abrió el proceso legislativo para el análisis de la minuta de la Ley de Seguridad Interior con un trabajo de revisión exhaustivo, a fin de atender la petición de evitar riesgos que hicieron organismos como la CNDH, la ONU y organizaciones sociales.

De manera oficial, la Mesa Directiva dio turno a las comisiones unidas de Gobernación, que preside Cristina Díaz y quien será la coordinadora del proceso; de Defensa Nacional, que preside Fernando Torres Graciano; de Marina, que encabeza Ricardo Barroso y de Estudios Legislativos Segunda, de Benjamín Robles Montoya, quienes todavía no se han puesto de acuerdo para fijar la ruta de trabajo que tendrán.

Después de ofrecer una conferencia de prensa, en la que solicitaron que se frene el proceso de aprobación, diversas organizaciones sociales tuvieron una reunión privada con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera, quien estuvo acompañada por Cristina Díaz; Ernesto Gándara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública; Luis Sánchez, coordinador de los senadores del PRD, y Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y quien logró la concreción del encuentro.

“Hicieron propuestas muy concretas, claras. Los escuchamos. Es una inquietud que por supuesto se llevará a comisiones, que serán coordinadas por la senadora Cristina Díaz. Nos pidieron que puedan ser escuchados por el resto de los integrantes de las comisiones unidas y la senadora Cristina Díaz hará las consultas, porque al ser un colegiado no es una decisión que pueda tomar por sí misma. En eso estamos, en el interés de escuchar estas propuestas tan claras de la sociedad civil y de cualquier otra persona interesada, por supuesto”, informó Ana Lilia Herrera.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política relató que entre las inquietudes planteadas por los activistas “hablaron de la importancia de que en lo local, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales puedan atender las responsabilidades que a ellos les compete.”

Fuente: 
EXCELSIOR

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