Seguridad
12/09/2017

Años de lavar, sin preocupación: ni la PGR, ni el SAT, ni las nuevas leyes frenaron el dinero sucio

Raúl Cervantes, titular de la PGR y José Antonio Meade, titular de la SHCP. El dinero sucio fluye.

El Gobierno de México calcula que al menos 10 mil millones de dólares se lavan cada año en el país, aunque podrían ser en realidad hasta 50 mil millones de dólares, de acuerdo con la firma TM Sourcing. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP registra que entre 2012 y 2016, los reportes de operaciones inusuales y preocupantes se triplicaron y duplicaron, respectivamente.

Ciudad de México.- Han pasado cuatro años desde que el Ejecutivo federal aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –la denominada “Ley Antilavado”-, sin embargo, en los hechos a quedado a deber ante la falta de capacidad de las autoridades para armar y sostener los casos, sostienen analistas consultados por SinEmbargo.

Los resultados oficiales lo corroboran. Al cierre del año pasado, sólo el 0.1 por ciento de las averiguaciones previas por delitos financieros terminaron en una sentencia penal por parte de un juez. Esto es, 0.8 puntos porcentuales menos que en 2013, refieren datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Atacar la estructura financiera de los grupos criminales, han alertado especialistas en seguridad, es la manera más efectiva de enfrentarlos. México lleva casi 11 años sumido en una guerra declarada en contra de la delincuencia organizada, con más de 180 mil muertos.

Los analistas consultados por este medio digital concuerdan en algo: la Ley Antilavado es un paso hacia delante, pero no está exenta de “lagunas y errores” que dificultan la entrega de resultados positivos, lo que provoca que la persecución de operaciones con recursos de procedencia Ilícita “se quede corta frente al gran fenómeno que esto implica”, como refirió Jorge García Villalobos, abogado y socio de Investigaciones Forenses de Deloitte.

Hay dos temas esenciales en materia de prevención e identificación del delito de blanqueo de dinero. Uno es la capacidad de inteligencia por parte del Gobierno federal para perseguir el ilícito; y otro es la suficiencia de los ministerios públicos federales para armar los casos, emitir averiguaciones y turnar el expediente a los tribunales que sentencian.

En nuestro país, el Gobierno federal estima que se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares anuales (176.8 mil millones de pesos al año), monto equivalente al 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) -en la década de los noventa, el blanqueo de dinero no superaba el 0.5 por ciento del PIB-.

Sin embargo, no se sabe la cantidad exacta de dinero que se blanquea en México. De acuerdo con la firma TM Sourcing, que se especializa en el combate al lavado de dinero, la cifra se dispara hasta los 50 mil millones de dólares (884.7 mil millones de pesos por año).

A pesar del nuevo marco legal, de la creación en 2004 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de que la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con tres unidades para investigar y analizar las operaciones financieras, de julio de 2013 a julio de 2017, las autoridades sólo han logrado encontrar 60 presuntos casos de lavado de dinero, de acuerdo con los reportes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Inclusive, Alberto Bazbaz Sacal, titular de la UIF, reconoció hace unos meses que en el último año no pudieron bloquear más que mil millones de pesos entre personas físicas y morales. Sólo para combatir al crimen organizado -refirió de manera pública- haría falta que los aseguramientos o bloqueos de recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero alcanzaran al menos los 5 mil millones de pesos al año.

La Unidad de Datos de SinEmbargo le solicitó una entrevista al funcionario público, pero al cierre de esta edición, no se le localizó.

LA LEY Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA

Cuando en 2013 se aprobó la Ley Antilavado, el Gobierno federal atendió las recomendaciones hechas (en 2008) por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional dedicado al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Entre otras cuestiones, el GAFI señaló que nuestro país carecía de un adecuado marco normativo antilavado y que la cantidad de acusaciones penales en la materia era baja.

Con la Ley Antilavado, la actual administración buscó establecer mecanismos para detectar los casos de blanqueo, obtener pruebas y bloquear o asegurar los recursos ilícitos. Y a partir de su entrada en vigor, las personas físicas y morales (empresas) que realizan alguna de las actividades consideradas como “vulnerables” -como los servicios crediticios, los juegos y los sorteos, la comercialización de monedas y metales, las operaciones en aduanas, entre otros-, tienen la obligación de reportarse ante el SAT, que se encarga de supervisar y ejecutar la Ley.

El registro más actual del SAT, mayo de este año, da cuenta de 72 mil 647 actividades vulnerables y 64 mil 468 personas físicas y morales obligadas a cumplir con la Ley Antilavado. Sin embargo, el 28.2 por ciento de las personas no cumplieron con las obligaciones de Ley y fueron multadas; y un 23 por ciento fueron omisos parciales. Esto implica que sólo el 49 por ciento de los sujetos obligados cumple con la norma. ¿Por qué?

“Más allá de generar un escenario en donde los sujetos obligados puedan coadyuvar en la prevención de lavado de dinero, [la Ley] realmente puso a mucha gente en una situación complicada, porque no sabían cómo atender las obligaciones. A esto súmale otro factor: muchos abogados y fiscalizas decidieron hacer negocio aún sin conocer los aspectos más elementales de la adecuada gestión de riesgos en materia antilavado, y decidieron comenzar a dar consultoría que está totalmente errada”, explicó Salvador Mejía, director de Asimetrics, firma de consultoría especializada en prevención de lavado de dinero.

Además, como consecuencia de la nueva Ley, las instituciones bancarias, de seguros y fianzas y de fondos del retiro, deben de reportar al Gobierno federal -supervisadas por la CNBV, CNSF y CONSAR, respectivamente- cualquier actividad irregular o sospechosa.

Según Mejía, al obligar al sector económico a detectar operaciones cuestionables, que nunca “había tenido una obligación como esta, no saben qué hacer”. Ante ello, dice, el sector contrata consultorías inadecuadas, “o simple y sencillamente les importa muy poco y cumplen por cumplir”.

En el caso del sector financiero, el especialista señaló que aunque “está mucho más fortalecido, es más sencillo mandar reportes que analizar las operaciones”.

Lo anterior implica que la UIF tenga datos, pero no los datos adecuados para poder avanzar en el análisis de las redes financieras o de las redes de vínculos.

“Lo que realmente está haciendo [la autoridad] no es otra cosa sino es estar dando golpes de suerte. Y obviamente ya están echando a andar una herramienta muy poderosa que es el bloqueo de cuentas, aunque también, en un debate más profundo, esto inclusive puede llegar a considerarse que raya en lo inconstitucional”, explicó el directivo de Asimetrics.

Que la Unidad de Inteligencia de Hacienda no reciba la información adecuada para poder realizar una investigación robusta, explicó, limita su capacidad para presentar casos y sustentarlos de modo adecuado. Y sin pruebas contundentes, el Ministerio Público Federal no puede fundamentar los casos, de modo que éstos terminen con una sentencia penal en los tribunales.

“La UIF se queda corta porque carece de posibilidad de mediar, de negociar, consignar o de presentar los casos y de litigar los casos. Ellos se vuelven de una forma coadyuvantes del Ministerio Público en la carpeta de investigación, si es que encuentran elementos de pruebas suficientes con que iniciar la carpeta […]. Sí necesitan más atribuciones y recursos financieros pero también es cierto que su función es únicamente de inteligencia”, señaló Jorge García Villalobos de Deloitte.

De 2013 a 2016, el número de averiguaciones de la PGR que terminaron en manos de algún juez y que fueron devueltas por fallas en su integración, aumentó. En 2013, el 17 por ciento eran regresadas. Tres años después, más de la mitad de las averiguaciones (57 por ciento) fueron devueltas.

Lo mismo sucede con las carpetas de investigación que la PGR consigna –o que forman parte de un proceso penal y que llegan a un juez-: mientras que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la Procuraduría consignó el 39.2 por ciento de las carpetas iniciadas por lavado de dinero (mil 520), durante la actual administración sólo ha logrado consignar el 18 por ciento de ellas (mil 955).

LA PGR Y LAS SENTENCIAS

Los datos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera refieren que de 2012 a la fecha, el número de investigaciones aumentó.

De 2012 a 2016, el número de reportes de operaciones inusuales (actividades con irregularidades) que recibió la SHCP a través de la UIF se triplicó (pasó de 57 mil 263 a 167 mil 860 reportes). Hasta junio de este año, la Secretaría recibió 85 mil 739 reportes. En el caso de las operaciones preocupantes (actividades que pueden violar la Ley), de 2012 a junio de este año el incremento fue de casi el doble (de 157 a 286).

Por su parte, el número de denuncias registradas por la Secretaría de Hacienda tuvo un incremento del 220 por ciento (de 35 a 112) entre 2012 y 2016. Hasta junio de 2017, la UIF registró 61 denuncias.

Sólo los reportes de operaciones relevantes (transacciones que implican riesgo de lavado) y de operaciones con dólares en efectivo fueron a la baja en ese periodo de tiempo: 10.2 y 25 por ciento, respectivamente.

A pesar de que hay más investigación, lo cierto es que hay menos resultados.

“No necesariamente los ministerios públicos están capacitados para poder demostrar ante un juez la probable responsabilidad de una persona en el delito contenido” en la Ley. “Y bajo el nuevo sistema penal acusatorio, van a tener que explicar de viva voz una red de vínculos”, comentó el directivo de Asimetrics.

En esto concordó Villalobos de Deloitte, quien aseveró que “a la PGR le falta recurso tecnológico de punta con la cual puedan hacer sus investigaciones y analizar el cúmulo de información que se presenta en sistemas financieros y actividades vulnerables que requieren investigación. Le falta capacitación a su recurso humano en temas de investigación en este flagelo que es tan complejo; y un sistema de peritos especializados en todos los temas financieros. Es decir, el tema financiero enfocado principalmente a la investigación y prevención de lavado de dinero”.

Al cierre del año pasado, la PGR recibió 116 mil 589 averiguaciones previas. De esas, el 1.7 por ciento (2 mil 026) estuvieron relacionadas con delitos en materia financiera. Sólo el 22 por ciento (444) de los presuntos casos de delitos financieros fue “despachado”, o bien, terminó en manos de algún juez.

De las 444 averiguaciones previas despachadas en materia de delitos financieros, únicamente 98 -el 4.8 por ciento de las 2 mil 026 registradas hasta finales de 2016- fueron consignadas o formaron parte de un proceso penal, refiere la ASF.

Sin embargo, sólo tres de las 98 averiguaciones previas consignadas fueron sentenciadas por un juez, lo que representa el 0.1 por ciento de las 2 mil 026 averiguaciones previas por delitos financieros, recibidas por la PGR en 2016.

Aunado a ello, entre 2013 y 2016, el despacho de averiguaciones previas se redujo en un 37 por ciento (pasó de 706 a 444); las consignaciones aumentaron en un 10.1 por ciento (de 89 a 98); las sentencias se redujeron en un 85 por ciento (de 20 a 3 en tres años); y las averiguaciones devueltas por los jueces -por falta de pruebas suficientes- se incrementaron de 17 a 57 por cada 100 casos.

En consecuencia, la ASF determinó en su revisión de la Cuenta Pública 2016 que la investigación y persecución de los delitos en materia financiera “fueron insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos”. Situación que vulnera al sistema financiero mexicano.

LA INVERSIÓN EN INTELIGENCIA A LA BAJA

Para este año, la Secretaría de Hacienda destinó 196 millones 129 mil 497 pesos para la “detección y prevención de ilícitos financieros” a través de la UIF, refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación -el año pasado fue de 202 millones, es decir, un 3 por ciento más que ahora-.

De 2015 al presente, la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR, que investiga la información necesaria para dar solución a los presuntos casos de lavado de dinero, tuvo una reducción en su presupuesto del 42 por ciento (pasó de 65.2 a 37.9 millones de pesos anuales).

Lo mismo le sucedió a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), misma que se encarga de investigar los casos de lavado de dinero relacionados con el crimen organizado. La reducción de su presupuesto fue del 5 por ciento (pasó de 69.3 a 65.8 millones de pesos anuales entre 2015 y 2017).

Fuente: 
SINEMBARGOMX

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