El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido la decisión de la Fiscalía de exonerar al general Salvador Cienfuegos y ha acusado a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, de fabricar los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputó la justicia estadounidense en octubre del año pasado. “La Fiscalía resolvió que no procede la acusación que la DEA le fabricó al general Cienfuegos”, ha rematado el presidente durante su conferencia matutina. La postura de López Obrador supone un desafío mayúsculo contra las autoridades estadounidenses e incrementa la desconfianza entre ambos países a menos de una semana de que el demócrata Joe Biden tome posesión como presidente. El mandatario mexicano ha pedido que se haga público el expediente del caso. No obstante, la exoneración exprés de Cienfuegos, en un país donde más del 90% de los crímenes quedan impunes, abre una serie de interrogantes que salpican a la independencia judicial que pretende el Gobierno, a la propia Administración y a la fortaleza de las fuerzas armadas en el país.
La Fiscalía General de la República exoneró este jueves de todos los cargos al que fuera secretario de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018). El militar regresó a México a mediados de noviembre después de ser acusado por Estados Unidos de cooperar con el clan de narcotraficantes de los Beltrán Leyva. Una petición por vía diplomática del Gobierno de López Obrador obligó a Washington a retirarle los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tan solo un mes después de haber sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, el 15 de octubre. “Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda, respalda”, ha sentenciado el mandatario mexicano este viernes.
En pleno conflicto diplomático en noviembre, Washington envió a las autoridades mexicanas 700 páginas de pruebas (recabadas desde 2013 a 2018) que cimentaban el caso contra el exjefe del Ejército. El Gobierno de México se comprometió ante la opinión pública a investigar el caso, pero a poco menos de dos meses de que el general pisara territorio mexicano, todos los datos presentados han sido rechazados. La Fiscalía ha desestimado el expediente estadounidense y ha concluido que ninguno de esos indicios son suficientes para vincular al general a los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Este viernes el presidente ha retado también a la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés): “Les pedimos todo lo que tenían. Si no fue así y tienen más, estamos abiertos a recibir todas las pruebas. Pero no queremos especulaciones, la fabricación de delitos, venganzas y no aceptamos intimidaciones. Somos un país libre, independiente y soberano”.
El presidente mexicano ha insinuado además que la detención del general respondía más a motivos electorales que a cuestiones de seguridad pública. “¿Cómo fue que pasaron estas cosas? Hay que ver tiempos. La política es tiempo. Esto se da en vísperas de las elecciones en Estados Unidos”, ha repetido López Obrador. Y ha insistido en que “se actuó violando un compromiso, incluso un acuerdo de compartir información, porque no hubo confianza entre las partes”.
López Obrador ha anunciado que el expediente completo del caso, las más de 700 páginas de investigación contra el general, se harán públicas este viernes: “Ofrecemos disculpa al Gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, porque pueden decir que cómo damos a conocer este documento, donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años, supuestamente. Lo hacemos porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación. Y no podemos nosotros ser rehenes de nadie”.
El Gobierno ha tratado de calmar las aguas anunciando esta medida de transparencia, para que cualquier ciudadano pueda consultar los indicios desestimados por la Fiscalía. Pero hace solo un mes, las autoridades blindaban el expediente de Cienfuegos durante cinco años para no poner en riesgo el caso ni las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad.
Esta mañana sonaban las palabras de noviembre del canciller Marcelo Ebrard en las que declaraba que sería un acto “casi suicida traerlo a México y luego no hacer nada, porque para eso mejor se hubiera quedado en Estados Unidos”. Ebrard, sometido a un aluvión de críticas, ha respondido este viernes: “Sé lo que dije, pero, ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a Cienfuegos y lo que nos informa es que de los elementos que proporcionó Estados Unidos, investigados por el Ministerio Público y confrontados con la defensa, no hay elementos para sustentar la acusación contra el general. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo”.
El canciller ha mencionado también que “hay otros elementos importantes que se deben investigar” dentro del expediente, aunque no ha proporcionado más detalles. Y ha remarcado que el material probatorio del que disponía la Fiscalía no solo no era suficiente para vincular al general, sino que además “en México ni siquiera lo habrían podido detener”.
La exoneración del general Cienfuegos ha comprometido la independencia del poder judicial mexicano y ha consolidado el enorme papel que ejerce el Ejército en el Gobierno de López Obrador. Ni en los años de la guerra contra el narcotráfico, los militares habían tenido un poder similar. Desde que tomó posesión el presidente en 2018, las Fuerzas Armadas se han convertido en el estandarte del Gobierno para las tareas de seguridad pública —con la creación del cuerpo de la Guardia Nacional—, se les ha asignado la construcción de aeropuertos, el combate a la migración ilegal, además de la distribución de las vacunas en plena crisis sanitaria. La detención de Cienfuegos supuso un golpe al hígado al prestigio de una institución clave en el Gobierno y muchas voces críticas ven en la exoneración del general un nuevo órdago a uno de los pilares de esta Administración.
