Durante el periodo de transición del poder en 2018, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, se reunió con quien iba a ser su relevo, Javier Jiménez Espriú, quien le mencionó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador quería retomar el proyecto del tren bala entre la Ciudad de México y Querétaro. Ruiz Esparza, que había tenido que asumir la decisión de cancelar la concesión por presiones de Estados Unidos al expresidente Enrique Peña Nieto –aunque públicamente se manejó como un tema de conflicto de interés–, le comentó que estaba listo, incluido con financiamiento chino. Pero, le advirtió, si quieren esos recursos, tendrían que considerar lo que pensaba el gobierno de Donald Trump.

El tren bala se va a retomar con inversiones mexicanas, sin dinero chino. Pero la sensibilidad sobre lo que piensan en Washington de la participación de esa nación en la economía nacional, no está en la sensibilidad de López Obrador ni en su entorno.

Como botón de muestra, este viernes se adjudicará un contrato de largo plazo (19 años de duración) para la modernización integral de trenes, el sistema de control y las vías de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, en donde una de las dos empresas que buscan el contrato es CRRC Zhuzhou Locomotive, que piensa, de acuerdo con un desplegado que publicaron el lunes pasado en El Sol de México, tienen amplias posibilidades de ganar.

CRRC Zhuzhou Locomotive es filial de CRRC Corporation Limited, y liderea un consorcio de compañías mexicanas, francesas y canadienses a través del Grupo Internacional Thales, que está compitiendo contra el consorcio español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), después de un proceso de selección donde se eliminó a 16 interesados.

La empresa china tiene amplia experiencia en el campo, y ha tenido contratos para renovación de líneas de metro en Nueva York, París, Londres y Santiago de Chile. Es una empresa fuerte y con alta capacidad tecnológica, pero tiene un problema serio que en México, quizá, se está soslayando: su empresa madre es enemiga declarada del gobierno de Estados Unidos porque está infiltrada por el Ejército rojo chino.

El 12 de noviembre pasado, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva prohibiendo las inversiones en una treintena de empresas vinculadas al Ejército de Liberación del Pueblo, por lo que a partir del próximo 11 de enero prohibió que cualquier ciudadano o fondos de inversión estadounidenses realizaran nuevas inversiones en ellas, y tenían hasta noviembre del próximo año para vender todas sus acciones en esas compañías, porque “está explotando de manera creciente el capital de Estados Unidos para facilitar el desarrollo y la modernización de su Ejército y de su aparato de inteligencia y de seguridad, amenazando directamente el territorio estadounidense y sus fuerzas en el extranjero”.

Aunque la orden ejecutiva no mencionaba directamente a ninguna compañía, involucra a 20 que fueron incluidas en una lista que dio a conocer el Pentágono el pasado 12 de junio, en donde figura la CRRC.

La empresa ha sido objeto de críticas y denuncias por parte de los grupos cabilderos en Washington desde ese entonces. La Alianza por la Seguridad Ferrocarrilera dio a conocer un video de 10 minutos, en donde asegura que CRRC ha utilizado tácticas anticompetitivas que le permiten participar en contratos con costos más bajos.

Entre las prácticas que les facilitan bajar sus costos, dijo en una audiencia en el Congreso, en septiembre pasado, el vicepresidente del grupo de cabildeo, Erik Olson, se encuentran violaciones laborales que han permitido la “explotación” de niños y minorías en China.

En el proceso de adjudicación, que se realizará mediante el método de subasta inversa, que comienza a partir del monto menor de lo que presentan los interesados, CRRC presentó una oferta de 32 mil 219 millones de pesos, por debajo del presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México, de 38 mil 734 millones, contra la propuesta del CAF de 46 mil 657 millones.

Bajo esa perspectiva, CRRC, que tiene el respaldo de China Railway Construccion Company, vetada por el gobierno de Estados Unidos, y que fue la empresa que participó en el fallido proyecto del tren bala durante el gobierno de Peña Nieto, está mejor posicionada.

La geopolítica juega un papel estratégico, y ante la agresividad china para conquistar mercados en América Latina, Estados Unidos los ha enfrentado.

El gobierno de Barack Obama le puso un freno, no sólo en el caso del tren bala, sino en la pretendida vía acuática en Nicaragua, para competir con el Canal de Panamá, que está parada desde 2016 por el financiamiento chino de la obra.

El gobierno estadounidense ha sido consistente en su guerra comercial con China, por lo que el presidente Donald Trump, en el contexto de la seguridad nacional firmó la orden ejecutiva. El nuevo gobierno de Joe Biden no será diferente.

Peña Nieto no prestó atención a la geopolítica y se topó con Washington. López Obrador está cayendo en el mismo error y podría tener el mismo destino, al haber profundizado la relación con China hoy, a través de su delfín para 2024, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.