El presidente Andrés Manuel López Obrador debe apurarse a subirse en el tren de Joe Biden, por su bien, el de su gobierno y el de México. Ya pagará el costo por respaldar al presidente Donald Trump en su denuncias de fraude electoral y sus intentos por revertir una elección violando los principios de la democracia. Eso se puede mantener a nivel personal, pero su tozudez debe pasar al pragmatismo ante los anuncios que está haciendo el presidente electo en materia de política exterior y de seguridad, y que sus colaboradores establezcan contacto con quienes serán cabezas de esos sectores para empezar a trabajar.

No se necesita que López Obrador felicite a Biden, sino que actúe con inteligencia porque los primeros nombramientos tienen políticas antagónicas a las suyas.

El tema de mayor confrontación será el energético. Durante el gobierno de Trump las fricciones fueron continuas con el sector privado estadounidense por el cambio de reglas, pero la displicencia del jefe de la Casa Blanca y la falta de energía del embajador Christopher Landau para defender los intereses del sector energético de su país ante las violaciones, cambiará en la administración Biden. El próximo secretario de Estado será Antohny Blinken, muy cercano a él desde hace 30 años, y con una amplia experiencia en temas de política exterior.

Blinken tendrá entre sus misiones que Estados Unidos regrese al Acuerdo de Cambio Climático de París, que busca el impulso de las energías limpias. López Obrador es un enemigo de ellas, y ha optado por las energías sucias. Toda su política ha estado enfocada a la inyección de recursos para la generación de combustibles fósiles, buscando incluso renovar refinerías –como Cadereyta–, pese a los estudios de contaminación ambiental. Ignorar los estudios de evaluación de ella en proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, van contra las directrices perfiladas por Biden desde la campaña. “O ajustamos nuestras políticas, o las demandas al amparo del acuerdo comercial con Estados Unidos podrían ser continuas”, admitió una fuente diplomática mexicana.

El tema energético es transversal en el nuevo equipo de Biden. Avril Hines, quien ocupará el cargo de directora de inteligencia nacional, un puesto clave dentro de la Casa Blanca porque bajo su supervisión están todos los servicios de inteligencia, civil y militares, del gobierno de Estados Unidos, trabajó en los últimos años en responsabilidades energéticas, trabajó durante el gobierno de Barack Obama como subdirectora de la CIA y directora adjunta del Consejo Nacional de Seguridad.

La Casa Blanca de Obama fue particularmente dura con Peña Nieto por su acercamiento con China, e intervino para que el Tren Bala entre la Ciudad de México y Querétaro se frustrara por el financiamiento de Beijing. El gobierno abandonó otros planes de fuerte inversión china en Cabo Pulmo en el Mar de Cortés y en el Dragon Mart de Cancún.

Cuando Peña Nieto invitó a Trump durante la campaña presidencial de 2016, la entonces titular del Consejo Nacional de Seguridad, Susan Rice, le exigió a la excanciller Claudia Ruiz Massieu, durante una reunión del G-20 en Asia, que tenía que haber consecuencias por esa afrenta a los demócratas. Al regresar, Peña Nieto cesó a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda que promovió el encuentro. Actualmente, si bien el canciller Marcelo Ebrard trabajó la relación con Trump igual que Videgaray, fue López Obrador quien mostró su entrega al jefe de la Casa Blanca, aceptando sus imposiciones.

Una medida que López Obrador implementó para satisfacer a Trump será revertida en los primeros 100 días de gobierno de Biden: los Protocolos de Protección de Migrantes, cuando se cedió soberanía para aceptar que los centroamericanos que buscaran asilo en Estados Unidos, esperaran en territorio mexicano el proceso de su solicitud, mediante un memorando con el gobierno de Trump, firmado por Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería.

El responsable de desmantelar ese infame acuerdo será el nuevo secretario de Seguridad Territorial, Alejandro Mayorkas, un cubanoestadounidense que, como fiscal federal en California, llevó los casos contra la llamada ‘mafia mexicana’, que operaba desde las cárceles, y fue director de migración en el gobierno de Obama, cuyo trabajo a favor de los derechos humanos de los inmigrantes fue ampliamente reconocido. Mayorkas, por otro lado, tiene una madrina desde hace 20 años, la senadora de California, Dianne Feinstein, que desde el gobierno de Obama defendió arbitrariedades en México contra la empresa Sempra, cuya filial Ienova fue pintada por López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett, como el enemigo de la nación.

En el tema de la seguridad, lo que probablemente cambiará radicalmente es la arquitectura de la cooperación bilateral, que se manejaba a través del grupo de alto nivel entre los dos países, donde el embajador Landau se sentaba frente a seis secretarios, en una mesa presidida por el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval. Fue deficiente, y hoy se puede calificar de fracaso ante la pérdida mutua de credibilidad. La reconstrucción de confianza será muy cuesta arriba, porque la liberación del general Salvador Cienfuegos fue por razones políticas, ante las críticas recientes de la nueva directora de inteligencia, Haines, a la politización de la justicia por parte de Trump.

Las redes de vínculos de los próximos funcionarios no pintan bien para López Obrador, quien dice que conoce a Biden, cuando en realidad el entonces vicepresidente lo conoció en México cuando en la campaña presidencial de 2016 vino a palomear a la y los candidatos. No obstante, la relación bilateral es muy importante para Estados Unidos, que ayudará a López Obrador a matizar su desdén a Biden, si apura la reconstrucción de la relación con los demócratas, discretamente si quiere, pero en forma eficaz, y da luz verde para que oficialmente sus diplomáticos se acerquen y trabajen con el equipo del presidente electo.