Estados Unidos no juzgará al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa de México durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. La fiscalía de aquel país acusa a Cienfuegos de tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. El militar vive preso en Estados Unidos desde mediados de octubre. El Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República (FGR) han informado en un comunicado conjunto divulgado este martes de que Washington pedirá a la jueza “que se desestimen los cargos penales contra Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”. El texto afirma que EE UU ya ha proporcionado a las autoridades mexicanas las pruebas que han reunido en el caso y se compromete a cooperar en las pesquisas locales.
Jefe del Ejército mexicano en la última Administración del PRI (2012-2018), Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles. La oficina de la Fiscalía en el distrito este de Nueva York lo acusó de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas al norte del río Bravo, además de lavar el dinero derivado de estas operaciones ilícitas. El general se había declarado inocente hace unos días y aguardaba la siguiente audiencia, fijada para este miércoles a las 10 de la mañana, hora de Nueva York (seis horas más en la España peninsular). Se espera que esta audiencia sirva ahora para que Estados Unidos retire los cargos contra él.
En el comunicado divulgado la tarde del martes se explica que el Departamento de Justicia “ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas”. Según la justicia estadounidense, parte de las pruebas son miles de mensajes de Blackberry, intercambiados entre Cienfuegos e integrantes de la red de traficantes de droga del cartel H-2, que operaba en la costa norte del Pacífico en México. Según la acusación, Cienfuegos apoyó al H-2 al menos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha comparecido ante la prensa este mismo martes, para ampliar la información y valorar la noticia. “Esto significa que Cienfuegos seguirá su proceso en México, que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos de los que le acusa EE UU se cometieron presumiblemente en México. Significa que las acusaciones deberán sustanciarse y probarse. Es una decisión que vemos con simpatía y que pensamos que es positiva. No la vemos como camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México”.
La decisión ha sorprendido a ambos lados de la frontera, sobre todo por el sigilo con que las autoridades estadounidenses habían conducido la investigación contra el general. Las autoridades mexicanas se sorprendieron por la detención de Cienfuegos. Incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que pediría información al Gobierno del país vecino: “Vamos a ver qué es lo que hay sobre esto, y sí vamos a solicitar a Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas”. El mismo Ebrard ha explicado que habló con el fiscal general de EE UU, William Barr, para expresarle su “descontento” por cómo la justicia estadounidense había llevado el caso.
En el comunicado, las partes señalan que la FGR abrió “su propia investigación una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general”. En México no se sabe de momento qué alcance han tenido las investigaciones contra Cienfuegos. Ebrard ha dicho que Estados Unidos mandó la evidencia de que dispone y que la FGR la recibió el 11 de noviembre.
“Una de nuestras máximas prioridades tiene que ser destruir los cárteles mexicanos” decía el pasado abril en la Casa Blanca el fiscal William Barr. “Su actividad es en buena medida responsable de la muerte de 70.000 norteamericanos al año, como todos sabemos. Y este coste no incluye las familias y las vidas destruidas, el gasto para nuestra riqueza nacional por el peso aplastante que el narcotráfico supone para los presupuestos estatales”.
El propio Departamento de Justicia había dicho en un escrito al juez que Cienfuegos no podía ser ni siquiera puesto en libertad condicional por el altísimo riesgo de fuga que representa. El juez de Los Ángeles se convenció de estos argumentos cuando lo mantuvo en prisión incondicional. Según la fiscalía, sus extensos contactos con el crimen organizado en México hacían casi seguro que eludiría la justicia. Ahora será enviado a México por decisión de ese mismo Departamento de Justicia.
En un escrito remitido a la juez encargada del proceso contra Cienfuegos, Carol B. Annon, la fiscalía estadounidense ha justificado su petición. “El Gobierno solicita a la Corte que desestime los cargos porque hay sensibles e importantes consideraciones de política exterior que pesan más que el interés del Gobierno en perseguir el juicio contra el acusado. El Gobierno ha hablado con los abogados del acusado, que confirmaron que el acusado aprueba la moción”, lee el texto.
La Fiscalía ha insistido en la fortaleza de la investigación. “Como el Gobierno ha explicado previamente a la Corte, las pruebas en este caso son sólidas y el acusado fue investigado, acusado y ha sido procesado de acuerdo a los principios de procesamiento federal”, continúa el texto. “Sin embargo, al tratarse de un asunto de política exterior y en reconocimiento a la firme sociedad a la hora de hacer cumplir la ley entre México y Estados Unidos, y con la intención de demostrar nuestra firmeza contra toda forma de criminalidad, incluyendo el tráfico de drogas llevado a cabo por los cárteles mexicanos, el Gobierno solicita que se desestimen los cargos pendientes contra el acusado sin perjuicio, con el objetivo de permitir que México lo investigue y pueda procesarlo”.
La pregunta ahora es qué pasará con Cienfuegos. Ebrard ha asegurado que la FGR ya cuenta con las evidencias recopiladas a lo largo de los años por sus pares en Estados Unidos. A falta de saber qué tiempos manejan ambos Gobiernos para trasladar al general a México, el hecho es que la Fiscalía mexicana debería obtener órdenes de detención antes de que esto ocurra. En caso contrario, el general podría aguardar su proceso en libertad.
De momento, la Fiscalía no ha informado sobre la investigación contra Cienfuegos. En el comunicado conjunto, la FGR no dice exactamente cuándo abrió su investigación. Los investigadores no han dado más información que la que aparece en el comunicado.
