Hungría y Polonia han bloqueado este lunes los nuevos presupuestos de la UE, incluido el fondo de recuperación contra la pandemia, en protesta por la creciente vigilancia de Bruselas sobre la calidad del Estado de derecho en los socios comunitarios. La decisión del Gobierno de Viktor Orbán, a la que se ha sumado después Polonia, deja en el aire la puesta en marcha de las ayudas europeas para paliar la crisis económica provocada por la covid-19, una partida que asciende a 750.000 millones de euros entre subsidios y préstamos.
“Vamos hacia un choque inevitable”, indicaba una fuente diplomática unas horas antes de que este lunes por la tarde se reúna en Bruselas el llamado Coreper, o Comité de Representantes Permanentes de los 27 Estados miembros, para hacer balance e intentar dar un impulso a las negociaciones presupuestarias. Alemania, país que preside durante este semestre la UE, someterá a aprobación tanto el nuevo mecanismo sobre protección del Estado de derecho -que permite suspender los fondos-, como la Decisión sobre recursos propios, imprescindible para ampliar el presupuesto y permitir la puesta en marcha del fondo de recuperación.
El mecanismo sobre el Estado de derecho se puede aprobar por mayoría cualificada y Berlín no duda de que dispone de los votos necesarios para hacerlo porque solo Budapest y Varsovia se han mostrado claramente en contra. Pero la Decisión sobre Recursos propios requiere la unanimidad de los Veintisiete y basta con que un país se niegue a ratificarla o retrase su adopción para que todo el proceso presupuestario quede bloqueado.
El portavoz de la presidencia alemana ha indicado, apenas media hora después del inicio de la reunión del Coreper que “los embajadores han confirmado por mayoría cualificada el compromiso final [sobre el mecanismo del Estado de derecho]. Y añadía que en el caso de la decisión sobre recursos propios no se había alcanzado la unanimidad por la reserva de dos Estados miembros. Esos Estados también mostraron sus reservas en cuanto al Marco Financiero Plurianual para 2021-2027 aunque no cuestionaron el acuerdo de la cumbre de julio que fijó los presupuestos en 1,074 billones de euros más 750.000 millones del fondo de recuperación.
Fuentes diplomáticas en Bruselas daban por seguro que Hungría, como mínimo, no aceptaría este lunes la ratificación de la decisión. Los medios húngaros citaban también al portavoz del Gobierno de Orbán, Zoltan Kovacs, dando también por descontado que, de momento, Budapest bloqueará el presupuesto.
En Bruselas no se descarta que el asunto deba elevarse a la mesa de los Jefes de Estado y de Gobierno, que este jueves celebrarán una cumbre por videoconferencia para analizar la evolución de la pandemia. “La segunda ola [de la pandemia] está golpeando más de lo previsto y las consecuencias económicas se agravan por momentos así que el acuerdo presupuestario debería cerrarse cuanto antes”, urgen fuentes del Consejo de la UE. Pero reconocen que el retraso es inevitable y que la conclusión de todo el proceso se alargará hasta primeros de 2021, como mínimo.
Fuentes diplomáticas aseguran: “Ya hay contactos entre bambalinas para superar la crisis a la que nos lleva Hungría”. Y en la Comisión se baraja ya la posibilidad de apaciguar a Budapest con algún tipo de declaración suscrita al más alto nivel que garantice una utilización proporcionada, equilibrada y equitativa del mecanismo del Estado de derecho, que solo permitiría suspender los fondos en caso de que la deriva antidemocrática de un país pusiese en peligro flagrante los intereses financieros de la Unión. Fuentes cercanas a Orbán se defienden: la eurodiputada de Fidesz, Eniko Gyori, considera que la vinculación de los fondos con el Estado de derecho es un “instrumento de chantaje político”. Gyori advierte de que esta decisión comunitaria “pone en peligro el futuro de la Unión Europea, porque destruye el ambiente de buena y leal cooperación entre los Estados miembros”, informa María Hervás.
Hungría y, en menor medida, Polonia, temen que el mecanismo sobre el Estado de derecho se utilice para castigar sus políticas más polémicas, como las relacionadas con la independencia judicial, la igualdad de trato con independencia del género u orientación sexual, o la libertad de expresión. Budapest desconfía de la Comisión Europea, a la que considera sesgada en su contra, y exige desde hace semanas el cese de la vicepresidenta Vera Jourova, responsable de Valores y Transparencia, y una de las autoridades encargadas de velar por el respeto al Estado de derecho.
El mecanismo de protección se ha introducido por el deterioro de la calidad del Estado de derecho en varios socios europeos, donde los ataques a la independencia judicial han puesto en peligro la seguridad jurídica. Además, en algunos países, como Polonia, se han introducido a nivel local políticas discriminatorias contra la comunidad sexual.
En la actualidad, la Unión puede suspender el derecho de voto en el Consejo de la UE a los socios que violen los valores fundamentales, pero esa potestad (el artículo 7 del Tratado) nunca ha llegado a utilizarse por falta de mayoría suficiente para aplicarlo. El nuevo mecanismo introducirá una nueva red de seguridad, con la posibilidad de cortar la financiación a un Estado cuando sus políticas pongan en riesgo la adecuada utilización de los fondos estructurales.
Beneficiarios
Hungría y Polonia, que tienen abiertos sendos expedientes en base al artículo 7, temen que el nuevo instrumento se utilice para cortar el multimillonario flujo presupuestario que reciben de Bruselas. Entre 2014 y 2020, Polonia (con 38 millones de habitantes) tiene asignados 76.000 millones de euros en fondos estructurales, más que Italia y España juntas. Y Hungría, con 9,8 millones de habitantes, recibe 21.000 millones.
En el nuevo marco presupuestario (2021-2027), los dos países seguirán figurando entre los principales beneficiarios. Y las ayudas netas del fondo de recuperación equivaldrán al 2,5% del PIB en ambos casos, porcentaje superior al de Italia y muy próximo al de España. Fuentes diplomáticas creen que el impacto de la pandemia en Europa central, que está siendo mucho más fuerte en la segunda ola que en la primera, resta fuerza a las amenazas de veto de Budapest y Varsovia dado que también les urgen los subsidios europeos. Pero al menos Orbán, de momento, ha colocado un interrogante sobre el calendario del fondo.
