DURANGO, DGO.- Es necesario que el Estado y los municipios implementen de forma progresiva el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de información y comunicación a efecto de realizar los juicios con este mecanismo, dentro del Poder Judicial del Estado, para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, consideró el diputado Pablo César Aguilar Palacios.

“El uso de la TIC, en la impartición de justicia y trámites administrativos puede mejorar la gestión y desempeño del sistema judicial, desde el vínculo con la sociedad hasta la organización materia y tramites, garantizando el acceso a la justicia de manera pronta y expedita”, destacó al presentar la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado.

Al realizar la ampliación de motivos, explicó que la globalización ha generado una serie de transformaciones, donde los estados reclaman una nueva forma de acceder a la justicia, por lo que las instituciones que las imparten tiene el compromiso de modernizar el sistema jurídico, implementando mecanismos que permitan enfrentar las nuevas demandas.

Lo anterior, con la finalidad de hacer más eficiente la impartición de justicia, ampliando su acceso, simplificando los procedimientos, reduciendo los costos y mejorando si calidad, sin dejar por ello, de respetar los derechos de los gobernados y de hacer cumplir la ley.

“Es momento de consolidar una nueva etapa, ante la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo generada por el Covid-19, es de suma importancia de reconocer los grandes beneficios que nos brindara la tecnología en materia de justicia, durante estos tiempos de crisis, con esto estamos viendo que para afrontar este escenario es necesario juntar las actitudes de los seres humanos y el alcance tecnológico para generar el bien común”, señaló.

A nombre de la coalición “Cuarta Transformación”, afirmó que resulta necesario crear nuevas políticas públicas en materia de impartición de justicia en línea, lo que sin duda aportará elementos importantes para el desarrollo jurídico no nada más en el país, sino del Estado.