ALIANZA POR EL BIENESTAR DE LOS OAXAQUEÑOS. Arropado por los diputados federales, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, ponderó la alianza que a favor del bienestar del pueblo de su estado ha establecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador.Foto La Jornada

Magistrado propone rechazo
Facciones en la sala superior
Conflictos de interés

Sólo es eso: un proyecto de resolución. Presentado por José Luis Vargas Valdez, uno de los siete magistrados integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que a partir de esa propuesta se vote si se concede el registro como partido político a México Libre o se sostiene la negativa emitida el pasado 4 de septiembre por el Instituto Nacional Electoral.

Nada más, pero nada menos: es el primer compromiso de voto en contra de rehabilitar la tentativa partidista acaudillada por la familia Calderón-Zavala. Es indicativo y sugerente, pero no obligatorio. Por ejemplo: el pasado 3 de septiembre, Margarita Zavala Gómez del Campo ya celebraba públicamente la presunta aprobación de México Libre porque la comisión de prerrogativas y partidos políticos del INE había emitido una propuesta favorable a Libertad y Responsabilidad Democrática, asociación civil promotora de México Libre, y al Partido Encuentro Solidario, sucedáneo del antes llamado Social (PES). Sin embargo, el anticipado gozo de Felipe y Margarita se fue al pozo en 24 horas, pues el pleno de los consejeros electorales terminó negando, por siete votos contra cuatro, el multimencionado registro, ante lo cual los promoventes solicitaron al tribunal electoral que revisara el caso.

La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación es “la última instancia jurisdiccional en materia electoral que conoce y resuelve en forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanas y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos y demás actores políticos (https://bit.ly/34Y6MxA)”. Su presidente es Felipe Fuentes Barrera, quien desplazó a base de ruda grilla a Janine Otálora, llegada al cargo el 4 de noviembre de 2016 y virtualmente obligada a renunciar el 23 de enero de 2019, en una suerte de motín de un grupo de magistrados que la acusaban de haber actuado de manera reprobable en el caso que derivó en la aprobación de los comicios poblanos con la panista Martha Érika Alonso como ganadora oficial, pero sumamente impugnada.

Vargas Valdez, del grupo que encabeza el actual magistrado presidente Fuentes Barrera, aseguró que para aprobar el expediente poblano hubo presiones, tácticas dilatorias y otras irregularidades. En otra ocasión aseguró que un grupo de ultraderecha le atacaba con señalamientos de mal uso de fondos públicos.

Además de la proclividad al interés panista poblano que a Otálora (quien continúa como magistrada) le fue imputada por sus pares, hay dos magistrados bajo señalamiento de conflicto de interés respecto al caso de México Libre: Reyes Rodríguez Mondragón ha tenido relación laboral de dependencia con Roberto Gil Zuarth, quien fue secretario particular de Calderón Hinojosa en Los Pinos y ahora es, junto con Salvador O. Nava, abogado de la causa de la tentativa de partido felimargarito.

Rodríguez Mondragón tiene una relación directa con la familia Zavala Gómez del Campo y por ello se le ha exigido en las redes sociodigitales que se excuse a la hora de la votación de México Libre. También se ha impugnado a Indalfer Infante Gonzales (sic), por la misma tendencia hacia el calderonismo.

Así como Margarita Zavala saltó antes de tiempo para celebrar la presunta aprobación del partido que horas después el INE rechazó, ahora ha salido a medios y ha tuiteado para pedir que se tomen en cuenta los argumentos de nuestros agravios, tenemos la razón y el derecho. En justicia, México Libre merece el registro. La fecha de la sesión, definitoria, de la sala superior del TEPJF no había sido anunciada a la hora de cerrar esta columna. Los argumentos que llevaron al INE a negar el registro, en especial la falta de claridad en cuanto a aportaciones por más de un millón de pesos, subsisten y han sido aumentados en el proyecto de resolución de Vargas Valdez. ¡Hasta mañana!

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