La Guardia Suiza custodia la entrada del IOR, el Banco Vaticano. ALESSANDRA BENEDETTI / GETTY

Las turbulencias financieras y económicas vividas en los últimos tiempos en el Vaticano, sumadas a los escándalos de presunta corrupción de alguno de sus administradores, están provocando movimientos. Y hoy, por primera vez en cuatro años, la Santa Sede ha abierto las ventanas y ha publicado al detalle el estado de sus cuentas, que reflejan un déficit en 2019 de 11 millones de euros (inferior a los 78 de 2018). “Los fieles tienen derecho a saber cómo usamos los recursos”, ha señalado el prefecto de la Secretaría para la Economía, el español Juan Antonio Guerrero Alves. Un ejercicio de transparencia insólito que confirma los números rojos de la Santa Sede, pero supone un punto de inflexión en el ejercicio de transparencia que prometió el Papa a su llegada hace ya casi ocho años.

Las cuentas se clarifican en varias direcciones. En 2019, el Vaticano ingresó 307 millones y gastó 318. El déficit (11 millones) fue menor al del año anterior gracias a las inversiones, señaló Guerrero. La fuente principal de ingresos es su patrimonio inmobiliario, que aportó unos 99 millones de euros (un 32% del total). Una cifra notable, pero muy baja teniendo en cuenta la cantidad de edificios que posee la Santa Sede (ese es uno de los principales problemas de gestión que deberá afrontar). Los ingresos por operaciones financieras, justo el sector que le ha creado más problemas al Vaticano en los últimos tiempos, representan 65 millones de euros (un 21% del total); las donaciones son 56 millones de euros (18%) y las contribuciones de instituciones y de la propia Iglesia alcanzaron los 43 millones (14%). En síntesis, el Vaticano es capaz de generar por sí mismo el 68% de sus ingresos, pero el resto son donaciones externas.

Guerrero cree que, justamente, en el ámbito de las donaciones hay que clarificar todavía más las cosas. “Las donaciones, sumadas también las que van al Óbolo de San Pedro, contribuyen en un 35% a los gastos. Los fieles quieren contribuir, pero es imprescindible una política de transparencia externa y de comunicación capaz de transmitir con precisión cómo utilizamos el dinero que recibimos”. En la Comunicación, precisamente, no falta inversión. El ministerio del ramo, con 46 millones de euros año, es el que más gasta de todas las entidades de la Santa Sede (en total, tienen un presupuesto de 207 millones de euros). La cantidad es incluso superior a la que se destina a todas las nunciaturas (embajadas) que el Vaticano tiene en la mayoría de países del mundo (43 millones de euros). También es más baja la suma que se emplea para apoyar a iglesias locales en dificultad, como durante años ha sido la china (32 millones de euros).

El Vaticano se encuentra inmerso en un tremendo escándalo y ajuste de cuentas por presuntos delitos de corrupción y malversación. El cardenal Angelo Becciu, uno de los más poderosos prelados de la curia romana, acaba de ser destituido de su ministerio y desposeído de sus derechos. El Papa le ha retirado la confianza por haber contratado los servicios de familiares y por su presunta implicación en una estafa en la compraventa de un inmueble en Londres que le habría costado al Vaticano 350 millones de euros salidos de los fondos reservados de la Secretaría de Estado (la sala de máquinas de la Santa Sede). Sobre eso también ha dado explicaciones Guerrero. “Es posible que, en algunos casos, la Santa Sede no solo haya sido mal aconsejada, sino también estafada. Creo que estamos aprendiendo de los errores del pasado o de la imprudencia. Ahora se trata de acelerar el impulso decisivo e insistente del Papa en el proceso de transparencia interna y externa, de control y colaboración entre los distintos departamentos”.

El Vaticano muestra por primera vez en el pontificado de Francisco signos claros en su cambio de rumbo de la gestión de sus finanzas. El anterior ministro de Economía, el cardenal George Pell, fue acusado, detenido y encarcelado por delitos de abusos a menores y su cargo estuvo vacante durante dos años (fue absuelto hace algunos meses). El Papa aprobó hace algunas semanas un nuevo código para la contratación externa y ha exigido que se centralicen todas las operaciones para tener mayor control y transparencia de las mismas. “Nos estamos moviendo poco a poco en esta dirección”, ha asegurado Guerrero, quien ha señalado que están todavía “discutiendo modelos” y que es “probable” que a finales de año o inicios del año próximo se cumplan “pasos definitivos”. “La centralización permitirá sin duda una mayor transparencia y un control más preciso, además de dar la posibilidad de invertir de forma unitaria, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, con criterios éticos y sostenibles”.

Uno de los organismos gana peso. El APSA, la empresa que controla todas las propiedades del Vaticano (unos 4.400 inmuebles por un valor de unos 2.700 millones) y que se ha convertido en un banco paralelo, ha recibido transferencias de todos los departamentos y ha cambiado su dirección. Este órgano cerró 2018 con un resultado operativo del -27%: la primera vez en su historia que se situaba en números rojos. El argumento esgrimido entonces es que tuvo que rescatar con 25 millones de euros el hospital Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI) en quiebra (también por distintos fraudes) y se situaron todas las pérdidas del préstamo concedido por el APSA en un mismo año para no arrastrarlas al siguiente. Pero nadie en la Santa Sede discute la mala gestión hasta la fecha de un ente con un enorme patrimonio y que se cobró el arresto de su anterior director, monseñor Nunzio Scarano, por blanqueo de capitales. Hoy ese flanco ya parece también cubierto.