El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se somete a una prueba de temperatura, el 1 de abril. En video, chilenos forman parte de protesta violenta. (FOTO: EUROPA PRESS | VIDEO: EFE)

Tres senadores chilenos han dado desde el pasado viernes positivo en el examen PCR de la covid-19, lo que ha obligado al Senado a cerrar su edificio indefinidamente a la espera de los exámenes que determinarán el nivel de contagios entre parlamentarios y funcionarios. El brote que se ha dado en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso —funciona en esa ciudad portuaria desde 1990—, ha obligado a cuatro ministros del Gobierno de Sebastián Piñera, que estuvieron en contacto con los parlamentarios, a iniciar cuarentenas preventivas. Las primeras pruebas a los ministros dieron negativo de coronavirus.

Todos pertenecen al comité político del mandatario: el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward (47 años), que tiene la responsabilidad del contacto con el Congreso, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones (47 años), que la semana pasada se encontraba en intensas jornadas de negociaciones en el Parlamento para sacar adelante proyectos para controlar el batacazo económico de la pandemia. Esta tarde, La Moneda ha informado que se suman al confinamiento preventivo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel (42 años), y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel (42 años).

En cualquier caso, en la sede de Gobierno ya se habían detectado casos positivos de covid-19 en las semanas anteriores: primero de carabineros, luego funcionarios y, recientemente, un camarógrafo de un canal de televisión, lo que obligó a toda la prensa acreditada a iniciar cuarentena y a los medios de comunicación a reemplazar a sus equipos.

El primer caso en el Senado, que nunca suspendió sus actividades presenciales durante la cuarentena, fue el del parlamentario del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros (76 años), vicepresidente de la corporación. La semana pasada, Quinteros no esperó los resultados de su examen para viajar en avión a su domicilio en Puerto Montt, a más de mil kilómetros al sur de Santiago. Luego se disculpó señalando que fue la enfermera que le practicó el examen el que lo autorizó a trasladarse. Pese a sus explicaciones, la Fiscalía abrió una investigación penal de oficio en su contra por haber puesto en riesgo la salud pública en época de catástrofe sanitaria. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, del partido opositor PPD, indicó que Quinteros podría pasar por la comisión de Ética por el “error” que cometió al viajar sin esperar su examen, desatendiendo los protocolos del ministerio de Salud. Los otros dos senadores que dieron positivo son el democristiano Jorge Pizarro (68 años) ­—de oposición, como Quinteros— y Manuel José Ossandón (57 años), del partido oficialista Renovación Nacional.

“Por razones de precaución hemos dispuesto cerrar el edificio de la corporación [el Senado] y que todo el personal se desempeñe con teletrabajo hasta nuevo aviso, más allá de los que tuvieron contacto estrecho con los contagiados confirmados”, explica la senadora Muñoz. “Respecto de esos contactos directos, que deben realizar aislamiento obligatorio, aún se está entrevistando gente con el objeto de tener el catastro completo. Pero ya califican en la categoría de contactos estrechos e indirectos unas 135 personas”, agrega la parlamentaria con respecto a la situación en el Senado.

Son días de intensa relación entre el Congreso y el Gobierno, dada la discusión a contrarreloj de medidas sociales a propósito de la crisis sanitaria, por lo que los tres senadores que han dado positivo tuvieron diversos encuentros con los cuatro ministros del Gobierno que pertenecen al comité político del presidente Piñera —su núcleo más cercano— y que se encuentran actualmente en cuarentena. El pasado miércoles, por ejemplo, la comisión de Hacienda del Senado —presidida por el senador Pizarro— tuvo como invitado al presidente del Banco Central, Mario Marcel (60 años), que dio negativo en el examen pero que, de igual forma, comenzó su confinamiento preventivo. Lo mismo que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli ­(42 años) —que estuvo en la misma reunión con Pizarro—, y el senador del partido opositor PPD, Ricardo Lagos Weber (58 años).

Con 46.059 casos detectados a nivel nacional y 478 muertos, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha sido claro en especificar que un test PCR que haya sido aplicado poco después de un eventual contagio y haya salido negativo, no es concluyente: “Un examen tomado inmediatamente después de un contacto no es demasiado útil para predecir si una persona se va a enfermar”, señaló Mañalich. En la rueda de prensa de hoy, el ministro volvió a referirse a la situación de los ministros y senadores: “Para ninguna autoridad cabe alguna excepción. Una persona que cumple con el criterio de haber sido contacto estrecho —estar más de dos horas en una reunión en un espacio cerrado, estar más de 15 minutos conversando con alguien sin mascarillas, personas que pernoctan en el mismo lugar— deben hacer cuarentena mientras esperan la confirmación de PCR”.

Los brotes en la sede de la Cámara Alta han obligado al Congreso a repensar la conveniencia de realizar presencialmente la tradicional cuenta pública anual del presidente ante el Parlamento, programada para el próximo 1º de junio. “Probablemente, esto deba desarrollarse en forma telemática para que sea seguro, pero no me parece adecuado suspenderlo. Desde el Senado haremos todos los esfuerzos para que se lleve a cabo”, señala la presidente de la corporación, la senadora Muñoz.

Protestas callejeras
La situación que enfrentan diversas autoridades del Estado chileno se produce, justamente, en una jornada donde explotaron las primeras protestas ciudadanas por falta de alimentos en la capital, que el viernes inició una cuarentena total para 7,4 millones de personas. En El Bosque, un municipio humilde del sur de Santiago, grupos de vecinos salieron a las calles a protestar por la mañana y las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con carabineros. De acuerdo a la policía uniformada, hubo ocho detenidos.

El Gobierno anunció el domingo que repartirá 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias vulnerables y de clase media necesitada, pero la gente comienza a desesperarse ante una situación límite que en Chile no se veía desde comienzos de los años ochenta.