La amenaza de Donald Trump de “suspender la inmigración a Estados Unidos” pasó este miércoles de su cuenta de Twitter a un documento oficial de la Casa Blanca para que cientos de miles de solicitantes de visados sepan a qué atenerse. La proclamación, que entra en vigor a medianoche, tiene como objetivo “suspender la entrada de inmigrantes que suponen un riesgo para el mercado de trabajo de Estados Unidos durante la recuperación económica tras el brote de covid-19”. Como había anunciado el día anterior, solo afecta a solicitantes de permisos de residencia permanentes (green card), durante 60 días y con muchas excepciones.
El primer punto de la orden de Trump proclama que “la entrada de extranjeros como inmigrantes en Estados Unidos queda suspendida y limitada de acuerdo con el punto 2”. Ese punto dos detalla una serie de excepciones que en la práctica limitan mucho el alcance inicial de la medida. Afirma que la suspensión de trámites durante 60 días afecta a los solicitantes que se encuentran fuera del país y que no tienen un visado válido en el momento de la entrada en vigor.
De manera expresa, aclara que la orden no se aplica a: los que ya son residentes legales permanentes de Estados Unidos, es decir, los que ya tienen green card; los que quieren entrar como médicos, enfermeros o cualquier otra profesión sanitaria, investigadores de campos relacionados con el coronavirus y cualquier trabajador “esencial”, de acuerdo con la lista oficial del Departamento de Estado; tampoco afecta a las familias de todas estas personas. También quedan exentos los inmigrantes inversores; esposas e hijos de ciudadanos norteamericanos; más cualquiera que el Departamento de Estado o Seguridad Nacional decidan discrecionalmente que su entrada es en interés del país.
Así, las categorías que se ven más afectadas por esta suspensión temporal son los familiares de residentes permanentes que ya están en el país. En 2018 obtuvieron la residencia por esta vía 110.000 personas. También aquellos que están tramitando su green card por el procedimiento de la lotería de diversidad (unas 45.000 al año). Este programa es una de las obsesiones de la política anti inmigrantes de Trump.
La emisión de visados para Estados Unidos ya estaba de facto paralizada por las restricciones de vuelos desde Asia y Europa y por el cierre de servicios consulares en todo el mundo. La orden publicada afirma que solo afecta a aquellos que están fuera del país, que no tienen visado y que estaban buscando un visado de trabajo nuevo.
Estados Unidos concedió 1,18 millones de green cards en 2018, el último año del que hay datos completos. La cifra se ha mantenido alrededor del millón durante la última década. Aproximadamente la mitad son para personas que ya están en el país, por tanto, no les afecta esta orden. La mayoría (alrededor de 900.000) fueron concedidas por razones familiares, por lo que tampoco les afecta. Solo 138.000 eran permisos justificados por empleo. De ellos, 9.000 eran visados de inversor, y también quedan exentos.
Por países, el mayor número de solicitantes son de México, Cuba, China e India. Más de la mitad de los receptores de green cards viven en solo cuatro Estados, las cuatro economías más grandes de Estados Unidos: California, Nueva York, Florida y Texas.
Con esos números, lo más interesante es la argumentación de la orden. “El exceso de mano de obra afecta a todos los trabajadores y potenciales trabajadores”, dice la orden, “pero es particularmente dañino para los trabajadores que se mueven en los márgenes del desempleo”. Trump afirma que esos trabajadores son sobre todo afroamericanos y que “tienen más probabilidades de sufrir el exceso de mano de obra”.
A continuación, el texto descubre que los residentes permanentes legales en Estados Unidos pueden acceder a todo el mercado de trabajo del país sin justificar su idoneidad para un puesto o la necesidad de contratar a un extranjero, como ocurre con los visados específicos. “No hay forma de proteger a desempleados americanos, que ya están en desventaja, de la amenaza de la competencia por parte de nuevos residentes legales permanentes dirigiendo a esos nuevos residentes a sectores económicos particulares con unas necesidades demostrables no cubiertas por la mano de obra existente”. Es decir, que un inmigrante con green card no está limitado a un empleo concreto como, por ejemplo, un temporero del campo.
Trump no solo afirma que los inmigrantes van a competir con los norteamericanos por los empleos en una eventual recuperación económica, sino que van a quitarles “recursos sanitarios vitales” en plena pandemia de covid-19. “Introducir residentes permanentes adicionales cuando nuestros recursos sanitarios son limitados pone presión en los límites de nuestro sistema de salud en un momento en el que necesitamos priorizar a los americanos y la población inmigrante existente”, afirma.
Durante la rueda de prensa de este miércoles, al ser preguntado por el alcance de esta orden anti inmigración, Trump empezó a hablar de la frontera sur, de la caída histórica en el número de llegadas y de cómo va a construir la totalidad del muro fronterizo a principios del año que viene. Los inmigrantes de la frontera sur no son solicitantes de residencia permanente, sino de asilo. La orden ejecutiva firmada este miércoles dice expresamente que no limita en absoluto el derecho de asilo.
