Mercado en la comunidad de Páracho, en el Estado de Michoacán.HECTOR GUERRERO / EL PAIS

Los vecinos de Apatzingán andan estos días preocupados por el cierre de pizzerías en Manhattan y de fábricas de zapatos en Chicago. Esta ciudad del Estado de Michoacán, en el centro de México, vive abrazada a los vaivenes económicos de Estados Unidos. No solo por sus exportaciones de limón y papaya, sino también por las cuantiosas remesas que recibe de las familias que emigraron al vecino del norte para probar suerte. Con la crisis económica desatada por el coronavirus y la caída de los envíos de dinero, ese abrazo se ha vuelto un ancla. En México está en juego la solvencia de los más de dos millones de hogares que las reciben.

Las remesas son un lubricante importante para una economía estancada como la mexicana. Son la segunda mayor fuente de divisas extranjeras y representan alrededor del 3% del PIB del país, tercer receptor a escala mundial, solo por detrás de India y China. En Estados como Michoacán o Oaxaca, con un 46% y un 66% de la población en pobreza respectivamente, los envíos de dinero suponen más del 10% de la economía local. Desde la crisis de 2008, estos no han parado de crecer y en 2019 alcanzaron la cifra récord de 36.048 millones de dólares, un 40% más que diez años antes. La predicción era que este año superaran los 38.000 millones. Pero llegó el virus.

Más de 16 millones de personas han solicitado ayudas de desempleo en EE UU desde el inicio de la crisis. La comunidad migrante, que habitualmente se emplea en el sector servicios o en la construcción, es una de las más afectadas y las remesas son un termómetro de ese malestar. El BBVA, el mayor banco en México, ya ha registrado en sus cuentas de la segunda mitad de marzo un descenso del 10% en la recepción de remesas. A escala nacional, el departamento de investigación del banco espera una caída del 17% este año.

Antes de la pandemia, Daniel Bautista, de 24 años, trabajaba hasta 80 horas semanales. Combinaba un trabajo de camarero en un restaurante griego con otro de cocinero en una pizzería en Brooklyn. Entre uno y otro, ganaba alrededor de 3.000 dólares mensuales. Esa cantidad le daba para comer, pagar la renta en una casita de ladrillo marrón en el distrito de Queens, y enviar entre 100 y 300 dólares cada mes y medio a su madre.

Con la irrupción de la epidemia en la mayor metrópolis de EE UU, Bautista perdió su empleo en el restaurante griego y en la pizzería le redujeron las horas a la mitad. Ahora saca unos 1.200 dólares al mes. Las remesas están descartadas por el momento. “Estoy ganando suficiente para subsistir, para cubrir las necesidades básicas”, explica por teléfono. “Es desesperante no poder ayudar a mi familia. Solo decirles que todo va a ir a mejor no sirve de mucho”.

En el municipio de Atlixco, al pie del volcán Popocatépetl en el Estado de Puebla, Judith Alonso guarda lo que le enviaba su hijo Daniel en una cajita para utilizar en caso de emergencia. Hace unos meses, la abrió para ayudar con la compra de medicinas para su hermana, enferma de cáncer de mama. “Son momentos duros”, dice. Aunque no depende totalmente de la remesa para vivir, el confinamiento voluntario está haciendo mella en su otra fuente de ingresos. Las ventas de la panadería familiar, una casita sencilla pintada de blanco y desnuda de letreros, han caído un 25% en las últimas semanas.

La situación es aún más precaria en Michoacán y sus tierras montañosas, epicentro de la recepción de remesas. Hay cuatro millones de michoacanos en EE UU, casi la misma población que reside en la región. De estos, entre 600.000 y 800.000 son indocumentados, según cálculos de las autoridades estatales, y en consecuencia están excluidos de las ayudas lanzadas por el Gobierno de Donald Trump. En 2019, enviaron 3.584 millones de dólares, más que el total del presupuesto estatal. El secretario del Migrante del Estado, José Luis Gutiérrez, espera una reducción de hasta un 30% de los envíos. “Sería muy grave para Michoacán. Su economía está muy determinada por el comportamiento de EE UU”, sostiene.

A María Teresa Pérez, de 72 años, la remesa mensual de 1.000 pesos (alrededor de 40 dólares) le servía para pagar la luz y el agua. Hace un mes, la fábrica de Chicago donde trabajaba su hija Tania cerró y todavía no hay fecha para la reapertura. Ella sale adelante con la pensión de su marido, de 81 años, y el comercio de pollos, pero “se vende poquito”, asegura por teléfono desde Apatzingán. “Ahorita gracias a Dios no ha habido ningún enfermo. Con el temor vive uno, y viviendo al día”, explica.

La ONG Oxfam augura un aumento probable de más del 10% en los niveles de pobreza como resultado de la crisis y la caída de remesas. “Contribuyen a hogares rurales de manera importante para aliviar las condiciones de pobreza y mejorar el acceso a la salud”, explica Jorge Romero, especialista en migración en Oxfam. De los hogares que reciben remesas, un 28% las reporta como única fuente de ingresos y otro 32% como “muy importantes”, según un estudio publicado en 2019 por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Entre los usos más comunes figuran la manutención y la salud, citados por un 90% y un 51% de los encuestados, respectivamente.

Dependencia de los hogares receptores en las remesas.
Dependencia de los hogares receptores en las remesas. EL PAÍS
El Gobierno federal y los Estados han puesto en marcha planes de microcréditos para pequeños negocios y han ampliado algunos programas sociales ya existentes. Sin embargo, la mayoría de analistas duda de que esto sea suficiente. La pensión para adultos mayores, la mayor partida social del Gobierno, tiene un presupuesto de unos 5.500 millones de dólares, siete veces menor que el volumen de envíos en 2019. “Las remesas son el seguro de desempleo, el dinero de subsistencia más que cualquier otro programa de Gobierno. Son montos demasiado grandes; no tienen sustituto”, dice el especialista en migración Carlos Heredia, del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE).

Tras la recesión de 2008, las remesas tardaron ocho años en volver a sus niveles previos. Esta vez, el BBVA estima que la crisis sea de más corta duración, pero aun así sitúa la horquilla de recuperación entre 2023 y 2028. A la espera de que reabra el restaurante donde trabaja su hijo en Los Ángeles, María Sánchez, vecina de 60 años de Apatzingán, se prepara para un periodo difícil: “Vamos juntando, ahorrando poquito a poquito y medio comemos, aunque sea frijolitos con una tortilla”.

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