La iniciativa buscará transformar el sistema de contrataciones públicas para atender uno de los problemas de México: la corrupción, explicó Mario Delgado.

Mario Delgado, diputado de Morena.Cuartoscuro

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objetivo de “renovar y modernizar las normas, procesos e instrumentos que rigen el sistema de contrataciones públicas”, informó este lunes el coordinador, Mario Delgado.

Explicó que esta iniciativa, enviada por el Gobierno federal al grupo, tiene como finalidad “convertir al sistema de contrataciones públicas en uno de los ejes que permitirán cumplir los objetivos trazados en este nuevo proyecto de gobierno, alcanzando la transparencia de los procedimientos de contratación y el abatimiento de la corrupción, los ‘moches’ y empresas ‘fantasma’, que históricamente los acompañaba”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que con esta propuesta se intentan eliminar definitivamente fenómenos nocivos en los procedimientos de contratación para obtener decisiones favorables, evitar las compras innecesarias, la adquisición de bienes o servicios que no se entregan o su calidad es inferior a la convenida, entre otros.

Otro objetivo de la reforma –dijo- es el cambio en la manera de realizar las contrataciones públicas a través de la implementación del modelo de compras consolidadas, que encabezará la Secretaría de Hacienda, a través de la Oficialía Mayor. Además, se crea el Comité de Contrataciones Consolidadas que dictaminará las excepciones a la licitación pública, en cumplimiento a la legalidad y con plena transparencia.

Delgado expuso que el modelo actual permitió que el 80 por ciento de las compras realizadas por la anterior administración se hicieran sin licitación pública y que existieran más de mil quinientas unidades compradoras sin contar con una coordinación entre éstas, desorden que permitió que las prácticas de corrupción se multiplicaran.

La reforma permitirá también el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), sociedades cooperativas y empresas con responsabilidad social, a través de criterios y mecanismos previamente definidos que incrementan su participación en los procedimientos de contratación.

En tanto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitirá la normatividad en control, prevención, vigilancia y fiscalización de las compras y contrataciones públicas; mientras que la Secretaría de Economía tendrá una participación consultiva permanente para que las decisiones favorezcan la promoción, fomento, orientación y estímulo de la industria nacional y el desarrollo de las MiPymes.

En un comunicado, expuso que la adquisición consolidada es una estrategia ampliamente utilizada en el ámbito internacional, ya que permite la reducción de precios de los bienes adquiridos así como de los costos transaccionales; ofrece mayor certeza a las dependencias y entidades en los aspectos legales, técnicos, económicos y contractuales, así como procedimientos de contratación más sencillos.

En materia normativa, se redistribuyen competencias entre las secretarías de Hacienda, Función Pública y Economía, en los ámbitos normativo y estratégico.

Delgado Carrillo afirmó que se trata de una gran reforma que atiende uno de los problemas más enquistados en el país que es la corrupción. Por ello, esta propuesta busca reconstruir la credibilidad del pueblo de México vinculado a las contrataciones públicas, las cuales, durante las pasadas administraciones fueron utilizadas como un instrumento que permitió a gobernantes en turno y grupos privilegiados enriquecerse a costa del dinero público.

Ante esto, dijo que se busca establecer un marco jurídico renovado que regule las contrataciones públicas a fin de garantizar que ningún servidor público o particular pueda beneficiarse con recursos económicos que son propiedad únicamente del pueblo de México.

“Resulta necesaria esta reforma en la Cuarta Transformación, para que las contrataciones públicas cumplan con su objetivo de satisfacer el interés público, constituyendo un factor relevante para el desarrollo de nuestro país, detonando la expansión y el crecimiento económico”, señaló

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