No hay peor forma de enfrentar una crisis que hacerlo en forma desunida. Y no hay peor desunión para abordarla, que cuando la principal crisis es al interior del equipo que tiene la principal responsabilidad para afrontarla. Esto es precisamente lo que está sucediendo con las crisis del coronavirus y económica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a la vez que sigue rompiendo el acuerdo nacional –y ahora internacional en el caso del plan petrolero mundial–, sigue pudriéndose por dentro con su falta de control interno en política y mensaje.

Es como si el gobierno viviera inmerso en el caos, donde el Presidente contradice a sus funcionarios, y estos se contradicen entre ellos, donde la mayor parte del gabinete luce fantasmal, y es inexistente un mensaje oficial unificado.

Las crisis generan incertidumbre, pero se vuelven más difíciles de controlar cuando quien lleva la iniciativa para enfrentarla produce más incertidumbre. Esta sensación reduce capacidad de liderazgo y desconfianza entre sus gobernados, que cuando se le añade el factor de las redes sociales, que exacerba las pasiones y polariza, provoca que la búsqueda de consenso para gobernar, unidad necesaria para poder enfrentarlas de la mejor manera posible, quede destruida. No ayuda, por supuesto, que el propio presidente sea el primer causante de la desunión y la incertidumbre.

Olvidémonos de su agenda económicamente ultraconservadora e ideológicamente divisiva. Centrémonos en cómo quiere tomar el control de las cosas. La semana pasada dijo que un grupo de empresas debían 50 mil millones de pesos al SAT, y que le daría una lista de las 15 principales deudoras al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, para que le ayudara a cobrar. Al enviar esa carta violó la ley, y si Salazar abrió el sobre con los nombres, sería cómplice de un delito. El SAT puede enviar la información al jefe del Ejecutivo porque es la máxima autoridad tributaria, pero el artículo 69 del Código Fiscal obliga a las autoridades tributarias a guardar “absoluta reserva” en lo concerniente a las declaraciones y los datos suministrados por los contribuyentes.

La acción del Presidente, que le funcionó muy bien entre sus incondicionales, es políticamente destructiva. El liderazgo no se construye a través de la coerción, que ha sido utilizada por López Obrador sistemáticamente en la Presidencia, sino del apoyo voluntario. Al alienar el Presidente a un sector de la población, lo que ejerce es la violencia, pero no el poder. Su acción ha servido de ejemplo para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que amenazó a las empresas que hayan despedido personas durante la crisis sanitaria con impedirles que operen en la capital, o el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien prohibió que una compañía que fabrica mascarillas reanudara su actividad esencial al no venderle sus insumos, porque tenía vendida la producción a Estados Unidos.

Las crisis, que también son impredecibles, no sólo se atacan en su momento, sino en la fase de la postcrisis. Acciones como las que están haciendo López Obrador y su camarilla, no ayudan a resolver la crisis actual y están dinamitando puentes para enfrentar las consecuencias inmediatas y posteriores a estas crisis. Piensan de otra manera y su diagnóstico es contrario, pero esta es una realidad que se ve afuera de Palacio Nacional. El Presidente no va a poder lograr la unidad que dice querer cuando pide una tregua, si él mismo es quien incumple su palabra y lanza cruzadas morales contra todo lo que no le gusta en el horizonte. La descomposición de su entorno sociopolítico se acelera aún más, cuando traslucen las contradicciones y luchas que esta doble crisis ha provocado dentro de su gobierno.

El viernes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, enmendó una decisión de la Secretaría de Agricultura, que llamó “error”, de restablecer la producción y distribución a la industria cervecera. Con un presidente como López Obrador, donde nada se mueve sin su autorización, la autorización de la Secretaría de Agricultura a las cerveceras no pudo haber sido hecha sin su aprobación. Se puede conjeturar que lo consultaron en Palacio, donde se aprobó la iniciativa, pero que no se pidió la opinión de la Secretaría de Salud, que reaccionó con virulencia.

Esto manda señales contradictorias a la sociedad. ¿Qué no se hablan entre dependencias? ¿Qué no hay un comité de emergencia que revise y procese todas las acciones de gobierno? Roberto Rock publicó este domingo en su columna habitual en El Universal que el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos –muy cercano al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer–, no pudo hablar con López-Gatell durante más de 24 horas, porque no le tomaba la llamada, para hablar del tema de las cerveceras. A esas horas, agregó Rock, su equipo en Salud celebraba que su jefe iba a aparecer en varias revistas del corazón.

En una crisis, la gestión, administración y el control de la información es fundamental. La narrativa del régimen no puede mantenerse inalterable, como si nada de lo que sucede afectara su rumbo original. La propaganda, como estaba diseñada, no funciona en estas condiciones, como es lo que intenta su oficina de mentiras y odio. La información debe estar respaldada en hechos, no en dichos y falsedades, características de este gobierno. Mantener el mismo discurso, que cruje con la realidad, lleva al desgaste, reflejado en las encuestas de aprobación presidencial, que muestran que la mayoría le perdió la confianza al Presidente para manejar esta crisis.

La acción de gobierno debería ser homogénea y en la misma dirección, no salpicada de frivolidades y lastimada por los conflictos internos. Hasta ahora, ante la incertidumbre de las crisis, lo que tenemos es un presidente y un gobierno, impredecibles. No son señales optimistas.

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