Durango, Dgo.- Las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, busca proteger a las víctimas del delito de violencia familiar cuando existan lesiones, además de fortalecer sus derechos humanos y la legalidad, informó la diputada Alicia Gamboa Martínez.

“Daremos un gran paso en la búsqueda de la erradicación de la revictimización, con la presente fomentaremos los elementos jurídicos que faciliten la atención especializada de las víctimas, particularmente las de violencia familiar”, explicó la representante popular.

Al razonar su voto a favor, explicó que las adecuaciones buscan otorgar la facultad a la Dirección de Servicios Periciales de celebrar convenios con instituciones de salud públicas y privadas, para que en casos de violencia familiar puedan realizarse certificados y dictámenes médicos de lesiones.

“Los integrantes de nuestro grupo parlamentario consideramos que es importante reconocer que dichos esquemas de colaboración con instituciones médicas públicas y privadas, podrán contribuir a un mejor desarrollo de la labor de la Fiscalía, fortaleciendo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto de los derechos humanos y demás que deben guiar su desempeño”, resaltó.

De esta manera, Gamboa Martínez comentó que también se busca evitar la revictimización de quienes se han visto vulnerados en su integridad, como es el caso de muchas mujeres víctimas de violencia.

“La revictimización a grandes rasgos es el hecho de que una persona haya sido víctima de un delito y que posteriormente sea maltratada por alguna institución de manera que se le niegue información, no se le escuche con el debido respeto, no se le brinde atención inmediata, se les investigue, se les señale; en estos casos se evidencian nuevos episodios de violación de derechos humanos y por lo tanto de revictimización”, explicó.

Al respecto, reiteró que con la aprobación se busca proteger a las víctimas del delito de violencia familiar cuando existan lesiones, para que se les pueda brindar atención inmediata si no es posible en la Dirección de Servicios periciales, sea a través de instituciones públicas o privadas, para atenderlas con mayor celeridad, y con ello evitar exponerlas y revictimizarlas.

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