Evelyn Hernández, al ser absuelta del delito de homicidio tras haber abortado en El Salvador. REUTERS

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha pedido al Estado de El Salvador, cuyo Gobierno lidera el polémico presidente Nayib Bukele, que ponga en libertad de inmediato a tres mujeres que fueron encarceladas por sufrir durante el embarazo emergencias obstétricas que concluyeron en abortos involuntarios. El organismo las considera como “detenciones arbitrarias” y reclama a las autoridades salvadoreñas que las indemnice por los daños ocasionados y que ordene una investigación exhaustiva e independiente de las detenciones para castigar a los responsables.

Se trata de una resolución inédita para El Salvador del denominado Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, un mecanismo de la ONU encargado de analizar casos en los que las detenciones violentan los principios establecidos en las normas internacionales y los derechos humanos. “Esta resolución sienta un precedente. Es la primera vez que de una manera explícita y en tres casos concretos el grupo de trabajo de la ONU se pronuncia con claridad sobre las condiciones en las que fueron detenidas estas mujeres y la forma en que se les violaron sus derechos, como la presunción de inocencia, la necesidad del respeto al debido proceso y el acceso a la justicia”, ha explicado a EL PAÍS vía telefónica desde San Salvador Morena Herrera, líder feminista y representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Los expertos de la ONU se han pronunciado en el caso de Sara Rogel García, detenida en 2012 a los 22 años, que sufrió una caída que le causó un aborto, pero las autoridades sanitarias consideraron que lo había provocado, lo que es penado en El Salvador, país donde desde 1998 la interrupción del embarazo está penalizada en todos los casos. Además de Rogel García los expertos también reclaman la liberación de Berta Arana, quien fue detenida a los 20 años en septiembre de 2013 tras sufrir un parto extrahospitalario. Y el tercer caso es el de Evelyn Hernández, de 21 años, condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado también tras sufrir un parto extrahospitalario en el que murió el feto. El embarazo de Hernández fue fruto de una violación continuada que nunca denunció, ya que estaba amenazada por el agresor. Ella fue absuelta en agosto del año pasado, pero se mantiene en un limbo legal a la espera de que las autoridades judiciales se pronuncien sobre una apelación interpuesta por la fiscalía salvadoreña.

El Salvador es uno de los seis países latinoamericanos donde el aborto está penado en todas sus circunstancias. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto estima que desde 1998 y hasta 2019 han sido detenidas arbitrariamente 181 mujeres por razones asociadas al aborto y emergencias durante el embarazo. Las denuncias son hechas por los funcionarios de los hospitales públicos, temerosos de ser acusados por atenderlas cuando llegan con complicaciones obstétricas. Un sistema que Herrera ha catalogado de “fundamentalista”. Se trata principalmente de mujeres jóvenes, víctimas de violencia de género, sumidas en la pobreza y algunas, como Berta Arana, iletradas.

“Estas recomendaciones [de los expertos de la ONU] ponen en evidencia que la penalización absoluta del aborto en El Salvador tiene implicaciones graves para los derechos humanos de las mujeres”, ha afirmado Herrera. ¿Cumplirá el Estado salvadoreño con la resolución de estos expertos? La feminista afirma que está obligado, porque El Salvador es firmante de normas internacionales relacionadas con la protección de los derechos humanos. “Esperamos que el Gobierno del presidente Nayib Bukele y que el Estado en su conjunto aseguren la libertad de Sara y Berta, y que se termine con el círculo vicioso de criminalización contra Evelyn, que todavía está en una situación de inseguridad jurídica porque no está claro si el tribunal va a aceptar la apelación de la Fiscalía al fallo absolutorio de agosto de 2019”.

En cuanto a las reparaciones a estas tres mujeres, Herrera ha afirmado que deben ser en proporción al daño causado contra ellas, con el tiempo que han pasado encarceladas y las pérdidas de oportunidades de formación y trabajo. La feminista ha agregado otro tipo de reparación, importante para que no se repitan en El Salvador historias como las de estas tres chicas: “La prevención de que estos hechos no ocurran. Es importante que haya una norma en los hospitales públicos para evitar la persecución, criminalización a mujeres sin haber tenido una investigación. No puede ser que por ser mujeres jóvenes y pobres que tienen problemas en el embarazo sigan yendo de manera directa del hospital a la cárcel”.

A partir de la recomendación, varias organizaciones locales e internacionales, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han exigido al Gobierno de Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador y a la Corte Suprema de este país centroamericano, que acepten y cumplan el pedido de los expertos de la ONU.

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