Primera Parte
SemMéxico, Cd. de México, 16 septiembre 2019.- El año que concluye es significativo en la vida de las mexicanas, por primera vez en la historia dos mujeres, al mismo tiempo, presiden las mesas directivas de la Cámara de Diputados y la de Senadores. En el mismo tiempo se aprobaron reformas desde la perspectiva feminista para favorecer los derechos humanos de las mujeres y enmendar deudas en materia legislativa.
Un momento fundamental de 2019 ocurrió en Oaxaca, en septiembre, cuando el congreso local aprobó la interrupción del embarazo antes de la 12 semana, convirtiéndose esta entidad en la segunda en un periodo de 12 años en todo el país, que otorga a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Condición que se negaron a emprender las diputaciones de entidades como Hidalgo y Puebla. Así quedaron pendientes las iniciativas en otros estados del país y una de las banderas de la administración pública federal sufre reveces, incluso de los legisladores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador: Morena.
Tanto en la cámara baja como en la cámara alta, dos panistas presiden la Mesa Directiva, se trata de Laura Angélica Rojas Hernández y Mónica Fernández, respectivamente. Pero los hombres han mantenido la junta de coordinación política. En el resto del país, en estos momentos 20 hombres presiden las juntas de gobierno y ocho mujeres; 19 hombres y 12 mujeres están al frente de las mesas directivas; una entidad no cuenta con mesa directiva y en cuatro no se tiene información si tienen junta de gobierno o junta de coordinación política.
El Senado
Este diciembre ratificó la minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Diputados por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 2020 como “Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”. Se reconoce así a la independentista, una de las pocas mujeres con ese honor.
Este año que termina el Senado de la República ha elegido a mujeres para ocupar cargos en órganos autónomos. El caso más conocido fue la elección y toma de protesta de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra Piedra, el 7 de noviembre.
Previamente, en abril, Rosy Laura Castellanos Mariano y Mariclare Acosta Urquidi, tomaron protesta como consejeras honorarias del Consejo Consultivo de la CNDH.
También fueron electas Mara Gómez Pérez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; a Margarita Ríos-Farjat y a Yasmín Esquivel Mossa como Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a Loretta Ortiz Ahlf y a Eva Verónica de Gyves Zárate como consejeras de la Judicatura Federal. De igual forma fue ratificada como embajadora ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas; como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fue electa Josefina Román Vergara, antes había tomado protesta Marcela Trujillo Zepeda, como consejera honorífica del Consejo Consultivo de ese organismo.
Otra consejera honoraria, pero en el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que tomó protesta fue Jacaranda Velázquez Correa.
En su responsabilidad también está la elección de Sanjuana Martínez Montemayor como directora general de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a propuesta del Ejecutivo. En tanto ratificó a Maribel Méndez de Lara como magistrada del Tribunal Superior Agrario.
También el Senado y “para brindar mayor pluralidad a la Mesa Directiva, aprobó la designación de las senadoras Martha Guerrero Sánchez, de Morena; María Guadalupe Saldaña Cisneros, del PAN; Verónica Noemí Camino Farjat, del PVEM; y Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del PES; como secretarias del mismo.
Otra de las tareas realizadas fue la ratificación de personas que ocuparon cargos en la diplomacia, por ejemplo, en abril fueron 17 como titulares en las embajadas, solo cinco mujeres: María Teresa Mercado Pérez en Bolivia; Patricia Galeana y Herrera, ante Colombia; Raquel Serur Smeke, ante Ecuador; Roselia Margarita Barajas y Olea, ante Costa Rica, y Melba María Pría Olavarrieta, ante Japón.
En marzo legisladores respaldaron la designación de ocho responsables de consulados mexicanos en Estados Unidos, cuatro mujeres tomaron protesta como tales: Marcela Celorio Mancera, en Los Ángeles; María de los Remedios Gómez Arnau, en San Francisco; Claudia Velasco Osorio, en Raleigh, y a Alicia Guadalupe Kerber Palma, en Houston.
De igual forma de cinco personas electas en magistraturas de
Salas Regionales del Tribunal Electoral Federal, dos son mujeres: Eva Barrientos Zepeda y Marcela Elena Fernández Domínguez, en la Sala Regional de Xalapa, Veracruz, Tercera Circunscripción y Sala Regional en Toluca, Estado de México, Quinta Circunscripción, respectivamente.
Género e igualdad
Legislar con perspectiva de género ha sido tarea a cuestas de las diputadas y senadoras. Actualmente, la cámara alta como la de diputados analizan una iniciativa de reforma aprobada en la Colegisladora para adicionar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de alcanzar una efectiva equidad salarial, tanto en el ámbito público como el privado, para eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres, cuando estos realicen un mismo trabajo o un trabajo de igual valor.
Destaca, sin duda, entre los trabajos legislativos la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en este diciembre, sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Adoptado en Ginebra Suiza, el 16 de junio de 2011.
Por otra parte, se presentó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género al interior del Senado y se promueven reformas para prevenir la violencia digital, con sanciones de prisión y multas, así como acciones de prevención desde la escuela.
En materia de salud, se hicieron recomendaciones a la secretaría respectiva para que publique la Norma Oficial Mexicana de Cáncer de la Mujer, en los términos en que fue discutida y aprobada en el Senado de la República y, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, vigilen y garanticen la aplicación de la misma, especialmente en los lugares más apartados.
En octubre, el pleno aprobó cambios a las leyes generales para la Igualdad entre mujeres y hombres; para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con ello, se reconoce, garantiza, promueve, protege y respetan los derechos humanos de las mujeres con discapacidad.
Estas reformas planean que el INEGI considere la perspectiva de género en la recopilación de información y estadística y la inclusión de una representante del INMUJERES en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y se establece que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, contará con un representante del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En septiembre se presentó una iniciativa que busca se destinen más recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, a los albergues para que las mujeres y sus hijas puedan permanecer ahí hasta tres meses, transformando la condición de víctimas a sobrevivientes. Esto luego de que la Secretaría de Salud suspendió en febrero pasado los recursos destinados a los estos espacios, con lo que de acuerdo con la CNDH se pone en riesgo a todas las mujeres víctimas de violencia.
En junio, también se dio a conocer la “Campaña #LiberarlasEsJusticia que pretende la liberación de más de tres mil mujeres en cárceles del país, acusadas de delitos menores en la transportación, comercialización y consumo de drogas.
En mayo la Comisión para la Igualdad de Género aprobó modificaciones al artículo 70 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de ampliar las semanas por licencia de maternidad, a fin de que las madres trabajadoras puedan tener derecho a siete semanas antes y después del parto y se amplió también en otra iniciativa la licencia de maternidad para las mujeres del Ejército mexicano.
En abril se aprobó, por unanimidad, el dictamen que reforma las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con el objetivo de regular el trabajo doméstico remunerado, así como tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, salario mínimo y cobertura de seguridad social, incluyendo la protección de maternidad. Prohíbe la contratación de menores de 15 años de edad.
De acuerdo a INEGI, se dijo entonces en México hay más de 2.2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, de la cuales 90 por ciento son mujeres.
Combatir la brecha salarial fue uno de los temas más recurrente este año en el Senado, por lo que se propusieron diversas reformas, ya que México ocupa –según la OCDE- el lugar 20 de 41 países clasificados, al tener una brecha salarial de género del 11.10 por ciento, mientras que el promedio de la OCDE es de 13.80 por ciento.
En marzo se presentó una iniciativa para prevenir hostigamiento y acoso sexual. Se dijo que en espacios laborales se minimizan y toleran en grave detrimento para los derechos y las oportunidades de permanencia y desarrollo en el trabajo de las mujeres.
Infancia
Una de las más destacadas acciones legislativas a favor de la infancia fue sin duda la aprobación de reforma para prohibir el matrimonio infantil, lo que ocurrió en marzo, pues se trata de una práctica que viola los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, lo que ocurrió en marzo de este año. Dictamen que fue enviado a la Cámara de Diputados.
De igual forma se aprobaron penas hasta de 80 años de prisión a quienes abusen sexualmente de un menor y que delitos como hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, incesto y violación no prescriban, y la inhabilitación definitiva a profesionales que abusen sexualmente de niñas, niños y adolescentes fueron otras de las preocupaciones planteadas.
Durante los primeros meses, en el Senado también se hicieron propuestas para salvaguardar el derecho de las mujeres a guarderías y se propuso, entre otras acciones, que se elevara a rango constitucional la obligación del Estado a proporcionar -directamente y en colaboración con los sectores privado y social- el servicio de guardería y estancias infantiles.
En otra iniciativa se propuso elevar las penas por el delito de violación hasta por 25 años de prisión. Y se aseguró que este delito se incrementó y que es la razón principal de embarazo de niñas.
Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres, como la trata y el feminicidio fueron temas recurrentes, por lo que se presentaron diversas iniciativas de reformas, incluyendo aquellas a fin de que los jueces de control deben garanticen la seguridad de las víctimas y que todos los casos de homicidio, donde la víctima sea una mujer, sean investigados como feminicidios. México está dentro de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios en todo el mundo, se dijo.
Así, la Comisión para la Igualdad de Género aprobó diversos dictámenes, para reformar y adicionar artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de medidas de protección.
Se propuso tratamiento farmacológico para inhibir la libido a violadores seriales ante el incremento de este delito del que–de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad- este año se han cometido 38 mil 357 delitos sexuales, y 12 mil 905 violaciones entre simple y equiparada.
En relación con los refugios, albergues y casas de medio camino se propuso crear un Registro Nacional. Y, por otro lado, se plantearon reformas a fin de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres adultas mayores, que sufren una de cada tres personas de ese grupo etario.
Al igual que en otros ámbitos, se cuestionó la eficacia de las alertas de violencia de género contra mujeres, mecanismo que no ha garantizado la integridad, vida y libertad de las mujeres, e incluso se planteó fincar responsabilidades por omisiones a los gobiernos, y también se solicitó la erradicar la negligencia en la aplicación de la alerta Amber.
Otra propuesta fue la iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que los tres órdenes de gobierno tengan como tarea primordial salvaguardar la dignidad, la libertad, la integridad y la vida de las niñas y mujeres, ante el preocupante número de mujeres desaparecidas.
La paridad y la violencia política
En octubre pasado, al conmemorar el 66 aniversario del Voto Universal, en el Senado se develó en letras doradas, el texto: “Derecho al voto de las mujeres, 1953”.
En esta materia se presentaron diversas modificaciones a lo largo de 2019, como la de garantizar el derecho de las mujeres a formar parte de los órganos de representación política y lograr equidad en su integración, mediante modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género.
En octubre pasado, se propuso de armonizar la normatividad secundaria con la Constitución –publicada en junio-, establecer el principio de paridad de género en la incorporación de secretarías de Estado, tribunales, juntas de gobierno, consejos técnicos, comités consultivos y todos los órganos de toma de decisiones de los Tres Poderes de la Unión, en los tres órganos de Gobierno y Organismos Públicos Autónomos.
Con esta reforma el Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes para cumplir con dicho principio en los términos del artículo 41 y se planteó la necesidad de crear políticas para erradicar la violencia política de género y castigar con prisión a quienes la ejerzan.
Se aprobó que en la designación de las y los integrantes de la Junta de Gobierno del INEGI, se atienda el principio de paridad de género.
En ese sentido se propusieron modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto que la integración de las juntas locales ejecutivas, así como las 300 juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE) se realice bajo el principio constitucional de la igualdad de género.
Ante el Senado, juezas y magistradas solicitan se haga realidad este principio en su ámbito laboral. En ese sentido se informó que para logar que la reforma constitucional se materialice en los diferentes poderes y organismos autónomos serna modificadas más de 30 leyes federales y en los congresos locales del país se deberán hacer ajustes a más de 500 leyes.
En marzo se propuso adicionar el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos para aumentar la participación de las mujeres en las instancias de decisión política y, por otro lado, presentó una iniciativa para incluir dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el término de violencia política, como otra modalidad de agresión contra la mujer.
Una más, igualmente importante fue incluir la violencia política, en razón de género al catálogo de infracciones cometidas por partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; ciudadanos, funcionarios, órganos de Gobierno, autoridades electorales y ministros de culto, entre otros, en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Reconocimiento a mujeres
Además de la tarea legislativa, el Senado realizó diversos actos para reconocer el trabajo y trayectoria de mujeres como Rosario Ibarra de Piedra, quien recibió en octubre la Medalla Belisario Domínguez, por su búsqueda incansable de las y los desaparecidos y su lucha por la libertad de las y los presos políticos y la defensa de los derechos humanos.
En mayo, se hizo un homenaje póstumo a María de los Ángeles Moreno Uriegas, la primera mujer en ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva y de la Gran Comisión de este órgano legislativo.
En abril, fueron homenajeadas Yalitza Aparicio y Nancy García durante la clausura de la Semana Cultural de las Lenguas y los Pueblos Indígenas, esto por su destacada participación en la película “Roma”, ganadora del Oscar a la mejor cinta extranjera que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Ese mismo mes recibieron el reconocimiento “Siempre por Ellas”, María del Carmen Volante; Silvia Vargas Velasco y Magdalena Velarde Tepos, madres de víctimas de feminicidio.
De igual forma, en ese mes, se recordó a María Lavalle Urbina, en el 22 aniversario luctuoso de quien en 1964 fue electa como la primera senadora en la historia de México por su estado Campeche.
En marzo, en sesión Solemne, se otorgó el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2019, a María Consuelo Mejía Piñeros, como homenaje a su labor en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género.
También ese mes se impuso el nombre de Ifigenia Martínez Hernández a la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado, por su destacada trayectoria como legisladora, académica, diplomática y funcionaria pública, y su labor para impulsar la responsabilidad del Estado en la construcción de una sociedad socialmente justa.
