El martes 10 de diciembre fue el mejor día del joven sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se firmaron los protocolos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que facilitaría la ratificación en el Capitolio en Washington y el Parlamento en Ottawa, y se detuvo en Dallas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Día feliz para el Presidente. Inyectaría algo de certidumbre a las inversiones y tenía el argumento perfecto para disfrazar su desastre en materia de seguridad pública echando la culpa de todo al pasado y, de paso, buscar el aniquilamiento político de su principal enemigo, el expresidente Felipe Calderón, con quien García Luna trabajó estrechamente. Todo lucía perfecto hasta que comenzó a salir información de que aquella jornada, más bien, podrá ser una más de ignominia.

De la secuela de ese día se recoge la conferencia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, responsable de la negociación, quien después de la ceremonia en Palacio Nacional donde los tres países firmaron los protocolos con el Presidente de testigo, dijo que se “acababa de enterar” que Estados Unidos nombraría cinco agregados laborales en su embajada en México para supervisar la implementación del acuerdo en ese capítulo, que no había sido consultado con México. Seade mintió o sencillamente nunca supo qué estaba firmando. Pero no es un novato en negociaciones comerciales, y extrañamente excluyó a todos, embajada y sector privado, del tramo final de la negociación de la concesión.

El mismo martes 10 de diciembre, horas antes de que se firmaran los protocolos en Palacio Nacional, el Comité de Procedimientos y Arbitrios de la Cámara de Diputados, por donde pasan las legislaciones para implementar el acuerdo en Estados Unidos, dio a conocer públicamente un resumen ejecutivo de lo que se había negociado, en cuyo primer capítulo, referido a la vigilancia sobre México, decía textualmente: “Los attachés (agregados) laborales tendrán como base México y proveerán información in situ sobre las prácticas laborales en México”. Nada para decirse engañado. Si Seade no entendió ni explicó, por lo que ahora el gobierno se dice sorprendido, también hay responsabilidad del Presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y todos aquellos que, por omisión, comisión o ignorancia, aceptaron las exigencias demócratas anunciadas en Washington.

La mañana del mismo día, la captura de García Luna provocó reacciones a lo largo de la intensa jornada. El mensaje que se daba era que venían acompañando la investigación, reforzada por informaciones de funcionarios federales que empezaron a señalar que el gobierno de López Obrador había sido informado con anterioridad de la captura. Como en el caso de Seade, no es cierto, pero a diferencia del tema comercial, en el caso de García Luna sí fue mantenido el gobierno mexicano totalmente al margen de la investigación.

Tras una reconstrucción de lo que sucedió aquel día en Palacio Nacional, se puede afirmar que el gobierno mexicano no tenía absolutamente ninguna idea de lo que se cocinaba en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La embajada de México nunca fue informada de lo que venía hasta minutos antes de que se diera la detención en Dallas. No es un procedimiento usual que informen de ello, por lo que esto no debe extrañar –la embajadora Martha Bárcena, incluso, iba volando a la Ciudad de México cuando se realizó la detención–, pero recibir una comunicación del Departamento de Estado minutos antes de que se concretara la acción en Dallas, no puede ser tomado como una consideración. La captura sacudió al gobierno, que apenas ese día, por el comunicado de prensa de la Fiscalía de Brooklyn, en Nueva York, supo que la orden de aprehensión se había girado desde el 4 de diciembre.

La Cancillería mexicana se puso en contacto con el área de vinculación del gobierno de Estados Unidos para pedirles información, pero les respondieron que, al ser un asunto de política interna, no podían compartir las investigaciones. El secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo con funcionarios federales, le informó al Presidente por teléfono, y López Obrador convocó al día siguiente a una reunión a Ebrard, Gertz Manero, Nieto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico, Julio Scherer.

En esa reunión, dijeron los funcionarios, el Presidente expresó que no podrían mantenerse al margen, e instruyó al fiscal y al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera qué acciones podrían tomar para informar a la prensa. Nieto dio a conocer que se habían congelado sus cuentas “esta semana” y esperaban la respuesta de los bancos para conocer el monto, mientras el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, había anticipado que tenía abierta una investigación en su contra, por lo que se pediría la extradición. Para reforzarlo, se sugirió a tomar contacto con periodistas que habían mostrado animadversión con García Luna para hacer “un frente común”.

Ebrard y Sánchez Cordero fueron instruidos para que buscaran que el gobierno de Estados Unidos colaborara con México en la integración de una carpeta de investigación por temas relacionados con corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y narcotráfico, aunque ya habían tenido información desde el mismo 10 de la forma como estaba siendo visto en Washington. Incluso, un mensaje que dijeron funcionarios le hicieron llegar a Ebrard desde Washington, decía cáusticamente: “Quieren información los que no quieren colaboración”. El gobierno quedó desubicado. García Luna rechazó el ofrecimiento de ayuda consular, y lo más cerca que está el gobierno del caso es como observador en la corte en Dallas.

Aquél 10 de diciembre glorioso y espectacular para el gobierno, se ha venido desmantelando ante las evidencias que al reloj que marca el tiempo a la vida en México, se le da cuerda en Washington.

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