El juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, resolverá el 2 de octubre si revoca o no la suspensión definitiva que concedió al colectivo #NoMásDerroches, la cual tiene paralizada la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
“Visto el estado procesal (…) incidente de modificación o revocación de la suspensión definitiva (…). En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, procede diferir de oficio la audiencia incidental y en su lugar se fijan las 10:02 horas del 2 de octubre de 2019”, notificó este lunes el juez.
Es la segunda vez que se difiere la audiencia, originalmente citada para el 24 de septiembre. En aquella ocasión, se recorrió la audiencia para el 27 de septiembre, y aquel día, se modificó para el miércoles.
En su notificación publicada en los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación,Guzmán Rosas informó de la recepción del un oficio signado por el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Dicho documento se relaciona con el escrito presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que pidió revocar la suspensión definitiva concedida a #NoMásDerroches, para lo cual invocó el “interés nacional”.
Reveló al juez que, desde el 29 de agosto, todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana son Instalaciones Estratégicas.
La dependencia federal alegó que la suspensión definitiva otorgada al colectivo #NoMásDerroches “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.
Agregó que también se pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.
El colectivo #NoMásDerroches, integrado por diversas organizaciones civiles y empresariales, apuntó que la solicitud de revocación promovido por la Sedena “es la crónica de una maniobra anunciada”.
Recordó que el 23 de agosto pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró ante la opinión pública que se acudiría a la facultad del Estado para poner a salvo el interés nacional.
Asimismo, explicó que la suspensión definitiva que le concedieron “no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social ni el orden público” ya que se habla de un proyecto de construcción que no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica.
Advirtió que si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía “es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente”.
