La Justicia española ha dado este lunes luz verde definitiva a la extradición a Perú de César José Hinostroza, exjuez supremo de la Corte Suprema del país andino, para que sea juzgado por delitos de tráfico de influencias y negociaciones en relación con la red de corrupción conocida como Los Cuellos Blancos, un entramado en el que participaban empresarios y políticos del partido fujimorista, Fuerza Popular, que supuestamente manipulaba nombramientos judiciales.
La decisión final sobre la entrega del exmagistrado Hinostroza corresponde ahora, según las leyes españolas, al Gobierno de Pedro Sánchez, que el pasado mes de octubre autorizó a la Audiencia Nacional a que iniciara el procedimiento de extradición después de que el exmagistrado peruano fuera detenido en el aeropuerto de Madrid tras escapar de su país, donde estaba siendo investigado. Ahora, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado íntegramente la decisión adoptada por su Sección Primera, que el pasado mayo autorizó la extradición de César Hinostroza para que pudiera responder ante las autoridades de su país por delitos de corrupción judicial. No obstante, ha rechazado su entrega por el delito de pertenencia a organización criminal, un punto que reclamaban tanto las autoridades peruanas como la propia Fiscalía española.
El exmagistrado está acusado de haber realizado gestiones ilícitas para conseguir la ratificación del magistrado Ricardo Chang como juez constitucional de Lima. También se le imputa haberse prevalido de su cargo en la cúpula judicial para la contratación de una tercera persona en la Corte Superior de Justicia de Callao y también para lograr la mejora laboral de una familiar lejana —incluida en la trama de Los Cuellos Blancos— en el mismo tribunal. Finalmente, se le atribuye la contratación ilícita del abogado William Alan Franco como personal al servicio de la Corte Suprema de Justicia de Perú.
Estos hechos, según los jueces españoles, pueden integrarse en los delitos que el Código Penal español tipifica como tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, y que las leyes peruanas denominan patrocinio ilegal o negociación incompatible. La defensa del exjuez Hinostroza consideraba que la diferente denominación penal de los hechos incumplía el requisito de doble incriminación, es decir, que los hechos investigados sean delito tanto en el país que reclama la entrega como el Estado requerido para la extradición.
Los jueces españoles rechazan esta tesis y recuerdan que el tratado de extradición entre España y Perú solo exige que los hechos revistan carácter de delito en los dos países “independientemente de la denominación” en cada país. Los magistrados españoles también rechazan que se hayan vulnerado las garantías procesales y la presunción de inocencia de Hinostroza durante el procedimiento de extradición. Igualmente, desestiman las alegaciones de que el exjuez supremo sea objeto de persecución política en su país. La Audiencia Nacional afirma que los hechos que se le imputan constituyen delitos “ordinarios” y que la formación de la causa contra él “fue de acuerdo” con lo que contempla la Constitución peruana. La reclamación se inició en octubre de 2018 después de que Hinostroza huyera de Perú pese a que sobre él pesaba una prohibición judicial de abandonar el país dictada cuatro meses antes.
Sin riesgo
Al igual que en mayo, los jueces españoles desechan el argumento de la defensa de Hinostroza de que el estado de las prisiones en Perú suponen un riesgo para el exmagistrado. La Audiencia recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, que exige que este tipo de alegaciones deben recoger riesgos concretos y no, como en este caso, “alusiones o alegaciones genéricas”. Respecto a la supuesta animadversión de los jueces peruanos en su contra, la Audiencia insiste en que es una circunstancia que deberá plantear ante los tribunales del país andino. La trama de los llamados Cuellos Blancos salió a la luz en julio de 2018, y desde entonces ha motivado tanto masivas protestas ciudadanas como una propuesta del presidente, Martín Vizcarra para realizar una ambiciosa reforma de la justicia peruana.
