La ausencia de mayores reformas a los sistemas de pensiones de los estados incrementará el gasto y presionará las finanzas de las entidades en los próximos cinco años, fecha en la que se prevé que se agotarán por completo los fondos de reserva, advirtió este jueves Moody’s Investors Service.
La agencia destacó que, si bien casi todos los estados en México han implementado reformas paramétricas durante la última década a sus sistemas de pensiones, sus impactos se materializarán en los próximos 5 a 10 años.
“A pesar de estas reformas, los sistemas públicos de pensiones, que se encuentran principalmente bajo un sistema de beneficios definidos, se verán presionados en los próximos 5 años, ya que los fondos de reserva de pensiones actuales se agotarán por completo”, indicó.
Por eso, advirtió que en ausencia de reformas adicionales, las insuficientes prácticas de financiación de pensiones conducirán a aumentos significativos del gasto en los próximos cinco años para algunas entidades, especialmente el Estado de México, Baja California, Tabasco, Chihuahua y Jalisco.
Moody’s señaló que las pensiones no financiadas de los estados son un desafío crediticio creciente, ya que si bien el perfil de riesgo y la asequibilidad de los planes de pensiones estatales varían ampliamente entre los estados, los pasivos de pensiones no financiados están ejerciendo una presión financiera creciente para diez estados.
“Las contribuciones insuficientes de los empleadores y empleados, junto con los beneficios relativamente generosos, han llevado a los pasivos no financiados. Los pasivos de pensiones no financiados representan una mediana del 106 por ciento de los ingresos totales”, dijo.
Explicó que algunos estados cubren actualmente los déficits de pensiones a través de transferencias directas, y aunque por el momento no son una carga presupuestaria importante, Moody’s estimó que los estados que realizan transferencias dedicarán en promedio el 2 por ciento de su presupuesto en 2019.
Sin embargo, si no se abordan más reformas, continuarán aumentando las transferencias directas a una tasa del 23 por ciento anual durante los próximos seis años, ejerciendo presión sobre los presupuestos estatales.
