La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunció en contra de la reforma a la Constitución del Estado de Baja California, con la que el Congreso local amplió el periodo del próximo gobierno estatal de dos a cinco años.
Poco antes de que finalizara la sesión de este miércoles, la Mesa Directiva dio lectura a un pronunciamiento formulado a partir de diversas propuestas de los grupos parlamentarios en relación con la reforma aprobada el pasado 8 de julio por el Congreso de Baja California.
Legisladores de distintos grupos parlamentarios presentaron este miércoles nueve proposiciones con puntos de acuerdo sobre el tema. Una presentada por el PRD pedía al Senado la desaparición de poderes en Baja California y una del PAN solicitaba la renuncia del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, por haber declarado que “en la boleta electoral no se señala la vigencia del gobierno, sólo a los candidatos y los partidos”.
Finalmente, la Mesa Directiva, en su reunión de este miércoles, acordó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión formulara un pronunciamiento sobre la base de aquellos aspectos que son de consenso en las diversas propuestas. El resultado fue un pronunciamiento en el que la Comisión “se manifiesta en contra de la aprobación” de la reforma y ” exhorta al Congreso y a los ayuntamientos del estado de Baja California a dejar sin efecto el decreto”.
Durante la discusión en la que únicamente se registraron oradores a favor del pronunciamiento, la diputada priista Dulce María Sauri declaró: “Pasiones y compromisos políticos han desatado demonios que suponíamos conjurados por el desarrollo de la democracia. El triunfador de las elecciones del pasado 2 de junio, quien fue electo por el plazo de dos años, simple y llanamente decidió ampliar el plazo de su gobierno a cinco años, logrando respaldo en el Congreso estatal”.
La diputada panista Lizbeth Mata Lozano advirtió que lo ocurrido en el Congreso de Baja California podría repetirse en otro cuerpo legislativo. “Tanto en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados se puede presentar una iniciativa similar y se puede ampliar o se puede acortar el término del propio Presidente de la República, si fue electo por seis años se puede elegir por 15 o por tres, no les quiero dar ideas, pero eso puede suceder y por supuesto que es un antecedente antidemocrático”, dijo.
Por su parte, el diputado de Morena Raúl Bonifaz Moedano aclaró: “no nos confundamos, en este tema nadie metió las manos más que las autoridades locales; no enviemos falsos mensajes”. Añadió que la reforma podría echarse para atrás aún sin necesidad de una acción de inconstitucionalidad, si el propio Congreso local deja sin efecto el decreto.
Una vez que fue aprobado por unanimidad el pronunciamiento de rechazo a la reforma, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, permitió una intervención más sobre otro tema y dio por concluida la sesión. Batres recordó que los puntos de acuerdo con propuestas que no fueron incluidas en el pronunciamiento, como la propuesta del PAN para que renuncie Peralta Saucedo, podrán ser turnadas a las comisiones respectivas.
Este es el pronunciamiento aprobado por la Comisión:
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, como garante del federalismo y la representación de las entidades federativas en defensa del orden constitucional, se manifiesta en contra de la aprobación del decreto número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado el 8 de julio de 2019, mediante el cual se pretende ampliar el período del ejercicio del Ejecutivo Estatal a partir del 1 de noviembre de 2019, hasta el 31 de octubre de 2024.
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso y a los ayuntamientos del estado de Baja California a dejar sin efecto el decreto número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado libre y soberano de Baja California, aprobado el 8 de julio de 2019 y, en consecuencia, realice las acciones correspondientes, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del estado libre y soberano de Baja California, para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal.
