El magistrado supremo César Hinostroza. DANTE PIAGGIO

La Audiencia Nacional española ha accedido este lunes a extraditar a Perú a César José Hinostroza, ex juez supremo de la Corte Suprema de ese país y supuesto líder de una red de altos cargos judiciales, llamada Los Cuellos Blancos del Puerto, una red corrupta que se infiltró en el sistema de nombramientos judiciales y en la que, entre otros, participan empresarios y políticos del partido fujimorista Fuerza Popular. Hinostroza, de 62 años, fue detenido en el aeropuerto de Madrid el 9 de octubre, cinco días después de que el Congreso del país andino diera luz verde a la apertura de una investigación judicial contra él por delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal, y apenas seis semanas después de que la Corte Suprema hubiera decretado la prohibición de salida del país.

Hinostroza está acusado de haber realizado gestiones ilícitas para conseguir la ratificación del magistrado Ricardo Chang como juez constitucional de Lima. También se le imputa haberse prevalido de su cargo en la cúpula judicial para la contratación de una tercera persona en la Corte Superior de Justicia de Callao y para lograr la mejora laboral de una familiar lejana de otro miembro de Los Cuellos Blancos en el mismo tribunal. Finalmente se le atribuye la contratación ilícita del abogado William Alan Franco como personal al servicio de la Corte Supremo de Justicia de Perú.

Los hechos por los que se investiga a Hinostroza en Perú cumplen, según la Justicia española, con el requisito de doble incriminación, es decir, que los actos puedan ser considerados delito en los dos países-. La Audiencia Nacional considera que las acusaciones pueden encajar –de manera abstracta- en los tipos penales de tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios del Código Penal español, y accede a la extradición para que Hinostroza sea juzgado por los delitos equivalentes de las leyes penales peruanas.

Sin embargo, los magistrados españoles rechazan la entrega para el delito de organización criminal. Los jueces de la Audiencia Nacional subrayan que el resto de supuestos integrantes de Los Cuellos Blancos –antiguos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura- no están siendo investigados por ese delito en Perú. “Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”, se sorprenden los jueces españoles.

Decisión final del Gobierno
La decisión final sobre la entrega corresponde ahora, según las leyes españolas, al Gobierno de Pedro Sánchez, que ya dio su visto bueno el pasado diciembre al inicio del procedimiento de extradición contra Hinostroza.

El tribunal ha desechado las alegaciones de la defensa del exmagistrado peruano, entre ellas que la causa abierta en el país sudamericano forma parte de una “persecución política” contra él y que algunos jueces que intervienen en el caso son sus enemigos. Según la Audiencia, lo primero son meras “sospechas” que “no son suficientes ni eficientes” para frenar la extradición. Respecto a la supuesta animadversión de los jueces peruanos contra él, la Audiencia afirma que es una circunstancia que deberá ser objetada ante los tribunales del país andino.

Los abogados de Hinostroza en España denunciaron que las prisiones peruanas, por su mal estado, no garantizan que el exjuez pueda esperar el juicio y cumplir la pena que le pueda ser impuesta en condiciones de “seguridad y dignidad”. Po ello, afirman, su extradición puede suponer una vulneración de los derechos humanos del acusado, de los que España, como Estado al que se demanda la entrega, es garante. Los jueces españoles reconocen que las prisiones peruanas, como las de otros lugares, “deberían mejorar” pero que este mal estado “afecta a todos los presos” de aquel país, y que este hecho tampoco supone un obstáculo para la extradición.

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